MOP: Descubren a más implicados en la red que abultó contratos
(El Mercurio, 16/05/2009)
Tres funcionarios de Vialidad y un particular serán formalizados el lunes.
Por Jorge Molina A.
El fiscal de Rancagua Carlos Fuentes formalizará el lunes a tres funcionarios de Vialidad y a un ingeniero residente de la empresa contratista Cigda por cohecho y fraude al fisco, en el marco de la investigación contra una red de corrupción montada para abultar contratos de conservación de caminos en la zona.
Según la investigación de la fiscalía, dicha red era liderada por el ex jefe de conservación de caminos de O’Higgins, Miguel Vásquez, y el ex asesor del MOP Aldo Rossi, formalizados por asociación ilícita, fraude y cohecho.
Por los mismos delitos están imputados David Arroyo y el inspector fiscal Patricio Agurto. La esposa de Vásquez, Cindy Ducross, fue formalizada por lavado de dinero, en un monto estimado de US$ 1 millón.
El grupo operaba a través de la empresa de fachada “Pilén”, de Arica, que recibía a cambio el 3% de los contratos adjudicados. Los trabajos eran efectuados por la empresa Cigda, de Vásquez. Luego reclutaban a inspectores regionales de Vialidad para que no fiscalizaran las obras.
El fiscal Fuentes también formalizará a Patricia Ramírez, secretaria del departamento de contratos de Vialidad en O’Higgins, acusada de cuadrar y adulterar informes de recepción de obras de Cigda para ser pagados por el MOP, recibiendo 21 pagos mensuales de $30.000.
A ella se suma Raúl Maldonado, ingeniero residente de Cigda en uno de los contratos. Según la fiscalía, adulteraba reportes de maquinarias para cobrar horas de trabajo inexistentes.
Death Race dvd A Ramón Palma González, funcionario del laboratorio de Vialidad, se le imputa emitir informes aprobando obras sin visitarlas ni analizarlas, recibiendo cuatro pagos de $50.000. Al inspector fiscal Juan Carlos Giacomozzi se le imputa recibir bencina para su vehículo y el pago de una comida en un restaurante de Rancagua, a cambio de actuar con “mano blanda” al fiscalizar.
CONTRATOS
$5.500 millones suman los contratos cuestionados por la fiscalía.
