La lucha contra la contaminación
(La Nacion. 18/05/09)
EDITORIAL
No parece comprensible la renuencia empresarial si se toma en cuenta que el gas que llegará desde Quintero resultará más barato y limpio que las energías que se han usado como sustitutos en el último tiempo.
La llegada del invierno y su efecto en el aumento de enfermedades respiratorias, a lo que se ha sumado ahora la irrupción en Chile de la severa influenza humana -cuyo impacto es objetivamente impredecible-, hizo que la semana pasada la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, recordara a los industriales su responsabilidad en la lucha contra la contaminación.
La secretaria de Estado advirtió a todas las empresas sometidas a Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y que están por razones legales obligadas a funcionar con gas natural que deben retornar a ese sistema. Esto significa el término de la situación de excepcionalidad vivida desde que en 2004 comenzaron los cortes del abastecimiento argentino de gas. A partir de ese año empezó a manifestarse la incapacidad material del Gobierno trasandino de cumplir los convenios bilaterales de suministro, debido tanto a razones políticas internas como a un nuevo enfoque de su autonomía productiva.
Ese cuadro -que arranca de la crisis de 2001 en el vecino país- condujo a las autoridades nacionales a buscar una alternativa más segura y predecible, la que se materializó en la construcción de una planta de GNL en Quintero. La inminente entrada en operaciones de ésta, prevista para fines de julio o principios de agosto, modifica el escenario a las industrias, que en los últimos años han podido utilizar energías menos limpias, como el petróleo, el fuel oil e incluso el carbón. La ventaja ecológica del gas natural salta a la vista en estadísticas de Conama conocidas en días recientes: los años de plena ejecución de los contratos con Argentina coinciden con la menor ocurrencia de episodios críticos de calidad del aire en la Región Metropolitana. A la inversa, la caída en los envíos trasandinos ha vuelto a hacer subir los índices de contaminación.
El anuncio de la titular de Medio Ambiente ha sido, sin embargo, recibido con cierto recelo por los gremios industriales. Su reclamo apunta a exigir del Gobierno garantías de abastecimiento de largo plazo del insumo, así como a negociar un período de adaptabilidad mayor al que los responsables técnicos del Ejecutivo evalúan como prudente e incluso a la mantención de diversidad de fuentes de energía. Esto último podría desde luego convertir casi en letra muerta la obligatoriedad de reconversión. No parece tampoco comprensible la renuencia empresarial si se toma en cuenta que el gas que llegará desde Quintero resultará más barato y limpio que las energías que se han usado como sustitutos en el último tiempo.
En su exposición, la ministra Uriarte también postuló que en este debate hay un imperativo jurídico y otro ético. Esta segunda dimensión es un aspecto débilmente considerado en los negocios, pero en el caso de las regulaciones medioambientales es clave de incorporar en el análisis. No está en juego sólo la libertad económica, sino la salud de millones de personas. El impacto ambiental de sus procesos productivos es un costo que debe ser asumido por los empresarios.
