Tres funcionarios de Vialidad fueron imputados por cohecho
(El Mercurio. 19/05/2009)
Tres funcionarios de la Dirección de Vialidad del MOP-O’Higgins, más un ex ingeniero de la empresa Cigda, fueron formalizados por los delitos de cohecho y fraude al fisco.
La imputación de cargos se realizó en el marco de la investigación iniciada en noviembre de 2008 por fraude, malversación, asociación ilícita y lavado de dinero en contratos de conservación de caminos en las provincias de Cachapoal y Colchagua, en la Región de O’Higgins.
En esta causa ya hay cinco personas formalizadas. El empresario Miguel Vásquez, propietario de la empresa Cigda, que ejecutaba los trabajos en nombre de Pilén S.A.; el funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad de Santiago, Aldo Rossi; el inspector fiscal Patricio Agurto, y el ingeniero y ex profesional de Cigda David Arroyo, todos en libertad con medidas cautelares.
En la audiencia de ayer, el fiscal Carlos Fuentes formalizó al inspector fiscal Juan Carlos Giacomozzi Novoa; a la secretaria Patricia Eliana Ramírez Cortez y al laboratorista Ramón Francisco Palma González, todos empleados de la Dirección de Vialidad de O’Higgins, por el delito de cohecho, al incurrir en distintas prácticas que iban en directo beneficio de la empresa de Vásquez.
También el entonces ingeniero residente de la empresa Cigda para el contrato de conservación de caminos en Colchagua, Raúl Marcelo Maldonado Carrasco, fue formalizado por fraude al fisco, al adulterar los registros de horas del trabajo de maquinaria y aumentar de esa manera los costos a pagar por el MOP por trabajos nunca realizados.
Giacomozzi, según relató el fiscal Fuentes en la audiencia, siendo jefe de Conservación Global de Caminos, durante el 2008 solicitó aportes en dos oportunidades a Arroyo.
Estos aportes consistieron en combustible para su camioneta -cerca de $100 mil- y en el cambio del cubrepiso de su oficina, lo que no fue cuantificado.
Ramírez, como encargada del Departamento de Gestión y Administración de Contratos de Vialidad, recibió aportes de $30 mil por 21 meses entre el 2007 y el 2008, por confeccionar y acelerar documentos de pago para la empresa contratista, mientras que Palma, también en 2008, como laboratorista de Vialidad recibió 8 pagos de $50 mil por emitir documentos que permitieran a la misma empresa recibir pagos por obras que no se habían ejecutado.
Los imputados quedaron sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma cada 30 días, tanto en la fiscalía local de Rancagua como en las unidades de Carabineros más cercanas a sus domicilios.
