¿Revive Costanera Center?- Columna Patricio Herman

(La Nacion, 21/05/2009)

Quisiéramos que se reinicien las obras del proyecto, pero con un permiso legal y sin que el Estado le entregue prebendas especiales a su titular.

En La Tercera del domingo 17 se informó sobre la posible reanudación de las obras de Costanera Center, paralizadas por diferentes razones, pero los periodistas omitieron informar a sus lectores que este megaproyecto inmobiliario adolece de varias irregularidades que impiden su construcción en los términos expresados en el mal otorgado permiso de edificación del 30 de marzo de 2007. Preferiríamos que ese “olvido” fuera por ausencia de conocimiento.

La Municipalidad de Providencia, un año después de iniciadas las faenas del proyecto, aprobó un permiso objetado fundadamente por nuestro colectivo, corroborado con un lenguaje suave por el seremi de Vivienda, que hace poco envió todos los antecedentes a la Contraloría, solicitando un sumario administrativo en contra del director de Obras de Providencia por no ceñirse a sus instrucciones destinadas a regularizar la situación. Aunque el lector no lo crea, ese funcionario municipal, apoyado por el alcalde Cristián Labbé, desobedeció el mandato del artículo 4 de la ley sectorial que les da atribuciones interpretativas a los seremis.

En síntesis, el domingo se informó que en el último tiempo Horst Paulmann ha estado negociando personalmente con los ministros de Hacienda y Obras Públicas para que el Estado asuma una parte de los costos de las mitigaciones viales. Nosotros aclaramos que esas nuevas infraestructuras están nítidamente contempladas en el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), siendo de cargo exclusivo del titular del proyecto, dos de las cuales son el túnel bajo la avenida Andrés Bello y un puente sobre el río Mapocho, ambas indispensables para que los futuros clientes de Costanera Center puedan tener un buen acceso al mismo y por lo tanto se garantice el éxito de su explotación.

Todos los que creemos en el Estado de Derecho somos partidarios que se reinicien las obras de ese gigante mercantil, pero para ello la municipalidad tendrá que emitir un nuevo permiso de edificación adscrito ahora a las reglas urbanísticas, de tal forma que no haya tratos de privilegio a favor de Cencosud. Pero no sabemos cómo se resolverá el intríngulis derivado del hecho que la avenida Andrés Bello no es una vía expresa, pre requisito para que ese proyecto, definido como equipamiento mayor, se emplace en la localización elegida. Esa vía es sólo troncal, según las características de las vialidades contenidas en el artículo 2.3.2. de la ordenanza respectiva, lo que se refrenda en el artículo 7.1.1.1. del Sistema Vial Metropolitano, número de código M70 del instrumento regulador intercomunal.

Hay que considerar que el helipuerto del ex Hospital Militar, adyacente al proyecto en cuestión, edificio antiguo que inicialmente se pensaba demoler porque el hospital se trasladaba a La Reina, continúa operando como Hospital Metropolitano, por lo cual el Ministerio de Salud deberá seguir usando el helipuerto para atender las demandas de urgencia. Las alturas máximas de las torres de Costanera Center que enfrentan Vitacura deberán respetar el cono de aproximación del hospital de acuerdo con la normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Entre otras cosas, el seremi de Vivienda le enrostra al funcionario de Providencia que éste, irregularmente, para mantener vigente un permiso de 1991 (sic) otorgó seis permisos posteriores, incluso anteproyectos, que involucraron incrementos de superficie a los nuevos permisos sin utilizar los procedimientos legales y, aún más, los predios que conforman la superficie de las 4,6 hectáreas no se habían fusionado en la fecha del equivocado permiso; eso ocurrió recién el 27 de marzo de 2009. Quedó claro que los estacionamientos aprobados son insuficientes para el volumen de la edificación total.

Y para que la torre “más alta de Sudamérica” tuviera la altura de 300 metros, al imaginativo funcionario municipal se le ocurrió calcular la rasante por el norte desde un punto bastante más lejos del eje de la avenida Andrés Bello, lo que fue rechazado de plano por la autoridad de superior jerarquía. Por tanto, quisiéramos que se reinicien las obras del proyecto, pero con un permiso legal y sin que el Estado le entregue prebendas especiales a su titular.