Columna Patricio Herman-Por una Remodelación San Borja transparente
La ex Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar el sector donde estaba el Hospital San Borja concibió en 1968, bajo el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, el proyecto urbano Remodelación San Borja, regido por excelentes normas técnicas.
Sus proyectados jardines, amplios espacios abiertos, destinación de terrenos, equipamientos, respetuosas rasantes, conos de sombra, etcétera, eran un modelo de hacer bien las cosas, lo que se desnaturalizó a partir del cuarto año de la administración militar hasta ahora.
Revisando la documentación que nos facilitó el arquitecto Miguel Lawner, ex director ejecutivo de Cormu, los especialistas de la época decían que este programa habitacional era de primer nivel, sólo comparable a la remodelación del Barrio Nonoalco-Tlaxcoco en Ciudad de México.
Es digno de mención que el edificio construido posteriormente para la Tercera Conferencia de la Unctad, ex Diego Portales y próximo Centro Cultural Gabriela Mistral, respetó íntegramente la morfología del conjunto San Borja.
Los profesionales autores del proyecto, en un terreno de 20 hectáreas, consideraron la ejecución de 25 torres de 20 a 22 pisos cada una, con departamentos de 70 metros cuadrados dirigidos a la clase media y con una densidad habitacional de mil habitantes por hectárea, dejando 70% de la superficie del amplio terreno asignado a áreas verdes de esparcimiento y equipamientos que mejorarían la calidad de vida de sus residentes.
Sólo por esta circunstancia se aceptó una densidad tan alta y, en un principio, el diseño del proyecto sufrió variaciones debido a imprevistos y a las dificultades para comprar algunos predios.
Estábamos ante una solución habitacional óptima que, al liberar un buen espacio interior, cohesionaba el espíritu comunitario vecinal.
Con la intervención de las FFAA en la dirección del país se acabó la Cormu, siendo reemplazada por el Serviu y a partir de 1976 empezaron a disminuirse gradualmente las áreas verdes para dar paso a construcciones privadas no contempladas en el Plan Seccional.
Leyendo una demanda (Rol Nº 336-87) de diciembre de 1987, presentada en la Corte de Apelaciones de Santiago, nos percatamos que por arte de magia se había perdido (sic) entre el Minvu y la Municipalidad de Santiago el Plan Seccional Nº 4657, documento público que había sido reemplazado por uno nuevo, el Nº 5059 del Serviu.
También leemos en esa acción judicial que en 1975 el Serviu había aprobado el Plano 994, denominado Áreas Verdes y Plantaciones Torres 14 y 25, destinando los fondos respectivos para construir los jardines conforme a su diseño.
Pero una parte de esos terrenos fueron enajenados a un bajo precio a ciertos particulares bien relacionados con los que mandaban entonces.
Hasta ahora, ningún Gobierno democrático ha querido investigar lo acontecido con las pérdidas de la Remodelación San Borja, porque a partir de 1990 se ha mantenido la práctica, aunque no tan abusiva, de vender a privados áreas verdes a precios de liquidación. Recordemos que en Chile impera la teoría del empate, para que todos los involucrados queden contentos.
Ahora bien, hemos sabido del conflicto entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, situada en la esquina de calles Portugal y Marcoleta, y la Municipalidad de Santiago, que desea conectar esta última vía con la calle Barón Pierre de Coubertin en el sector sur del Parque San Francisco de Borja, conexión necesaria para dar el paso siguiente, que es construir en el subsuelo de la calle Portugal entre la Alameda y Diagonal Paraguay un estacionamiento concesionado para vehículos cuyo mercado objetivo serían los visitantes del Centro Cultural Gabriela Mistral y las diferentes dependencias de la Universidad Católica.
Por tal razón, no sólo los miles de residentes de la Remodelación San Borja, sino muchos comerciantes de la zona están alertas ante los cambios urbanísticos ad portas y para hacer valer sus puntos de vista se han organizado en el Comité Ciudadano San Borja Transparente, ente colectivo que está obteniendo personalidad jurídica para ser una sólida contraparte de la municipalidad.
Sus dirigentes han manifestado que a priori no se oponen a nada, pero como el estacionamiento subterráneo se ha manejado en secreto -lo que es sospechoso- exigirán al alcalde ser escuchados en sus demandas y que, en la evaluación socioeconómica de la obra, se consideren las compensaciones para quienes se verán afectados transitoriamente por esa construcción.