Primer mes de la Ley de Transparencia

(La Nación, 28/05/2009)

Por Ricardo Ahumada

Esta semana se empiezan a cumplir los primeros plazos para dar respuesta a los requerimientos ciudadanos de entrega de información. Según el Consejo para la Transparencia, el 87% de los organismos públicos ha cumplido su gestión.
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Como una entrada en vigencia “tranquila” y “positiva” han sido percibidas las primeras cuatro semanas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que debutó el 20 de abril pasado.

Así lo informan los expertos en el tema, quienes coinciden, eso sí, que desde la próxima semana aumentará el número de consultas o reclamos, tras cumplirse los primeros plazos para responder a las solicitudes.
“Es una puesta en marcha que nos tiene razonablemente satisfechos y advertimos que paulatinamente los usuarios se están acercando al Consejo para la Transparencia para hacer consultas, pedir orientaciones y también hacer denuncias, ya sea por transparencia activa o por no entrega de información”, dice Raúl Ferrada, director del consejo.
La normativa obliga a los servicios públicos a transparentar su gestión, dar a conocer las remuneraciones de los funcionarios, sus licitaciones, auditorías y participación en otras empresas. Además, se permite a los ciudadanos tener acceso a estos antecedentes,
En cuanto a transparencia activa, información que deben actualizar periódicamente en sus sitios web, el Consejo para la Transparencia envió oficios a 34 municipalidades que no tienen página web para conocer sobre las medidas que están tomando para cumplir con la ley, entre ellas Isla de Pascua, San Pedro de Atacama, Ovalle y otras.
Paralelamente, también se ha iniciado el despacho de oficios a instituciones públicas que no han cumplido con todas las obligaciones de transparencia activa que señala la ley. El primero de ellos fue enviado al Consejo Nacional de Televisión.
Además, hasta el Consejo han llegado seis reclamos por incumplimiento de implementación de transparencia activa y 17 amparos por negación de solicitud de acceso a la información (ver nota secundaria).

“Efectivamente no es un número abultado de casos, pero hay que tener en consideración que de acuerdo a los plazos que establece la misma ley para entregar la información, los eventuales reclamos debiesen gatillarse de forma más numerosa a fines de mayo y ya entrando en junio”, dice Ferrada.
NOTA MÁXIMA
Para Federico Allendes, presidente de la Fundación Pro Acceso, la evaluación del primer mes es “muy positiva”, aunque considera que es necesario que se desarrollen otros temas.
Dentro de ellos destaca la jurisprudencia que vaya a dictar el Consejo.
“En la revisión hecha a través de las páginas web existe información que permite decir que el proceso se está llevando a cabo con un estándar elevado, pero existen otros servicios que podrían estar con un cumplimiento bajo, como por ejemplo algunas municipalidades”, sostiene el jurista.
Allendes dice que si tuviera que evaluarlo con nota, ésta sería la máxima. “El Estado ha hecho una reforma de una envergadura considerable. Muchas cosas están madurando. Llevamos un mes y es temprano para saber si el sistema va a colapsar o no, pero yo pienso que no va a ser así. Habrá una cantidad interesante de solicitudes que permitirán que el Consejo para la Transparencia fije los primeros criterios”, afirmó.
En cuanto a los desafíos de la ley, el presidente de la fundación indicó que sería importante destinar recursos, que debieran salir de la Subdere, para los municipios con problemas, y capacitar permanentemente para asegurar la calidad.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación Participa, Andrea Sanhueza, señaló que la ley partió muy activa y el Consejo para la Transparencia ha cumplido la fiscalización.

Primeras semanas sin sanciones
Hasta la fecha el Consejo para la Transparencia ha recibido seis denuncias por infracciones a las normas de transparencia activa y 17 amparos al derecho de acceso a información. Durante los días de abril que alcanzó a operar la ley, sólo hubo cuatro denuncias que ingresaron al Consejo.
El primer reclamo fue a la Universidad de los Lagos, por insuficiencia de la información entregada sobre remuneraciones del personal, lo que sigue pendiente.
En tanto, el primer amparo por denegación de una solicitud de acceso a la información vinculada a inversión presupuestaria en la zona afectada por el volcán Chaitén fue dirigida al intendente de los Lagos, Sergio Galilea. Durante mayo la cifra de denuncias se elevó, pero aún no hay sentencias al respecto.
“No tenemos todavía dictada ninguna resolución sustantiva que atienda al fondo de la materia debatida. Lo que tenemos simplemente son procesos en tramitación, pero aún no hemos dictado una primera resolución que se pronuncie respecto del fondo de lo que se está pidiendo con la ley. El que sí está planteado y ya fue difundido fue una acusación que se hizo contra el intendente Galilea, pero no es un tema que esté resuelto”, dice Raúl Ferrada.
¿Qué sanciones arriesgan? Para los jefes superiores que nieguen el acceso a la información requerida sin fundamento, se podría aplicar una multa de entre 20 y 50 por ciento de la remuneración.
De igual forma la no entrega oportuna de la información en la forma decretada por algún instructivo del Consejo para la Transparencia será sancionada con una multa que variará en el mismo rango de la correspondiente remuneración. Si la falta persiste, se le aplicará el doble de esta sanción y será suspendido de su cargo por cinco días.
Además la ley especifica que el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa sea sancionado con una multa de 20 a 50 por ciento de las remuneraciones del infractor.
Estas sanciones deberán ser publicadas en sitios web del Consejo para la Transparencia y del respectivo órgano o servicio multado en cinco días.
Cambio histórico
Cuando el 20 de abril entró en vigencia la Ley Nº 20.285 de Transparencia de la Función Pública y el Derecho de Acceso a la Información de los Organos de Estado, un gran cambio comenzó a operar en los servicios del público del país. Era el comienzo de una nueva era, marcada por la transparencia de los organismos y el acceso a la información de los ciudadanos.

La nueva legislación fue definida como un “hito histórico”. Los ministerios, municipios y entidades están obligados a subir más información a sus páginas web y entregar a las personas los antecedentes requeridos.
Si no cumplen, se establecerán sanciones para los jefes de servicios. El organismo que las aplicará es el Consejo para la Transparencia. Estarán expuestos los jefes de servicios y los castigos irán desde el descuento del 20% de su remuneración hasta situaciones graves, que implicarán el 100% de su sueldo o suspensión por cinco días.
Al primer mes del debut de la normativa, el balance que se hace de ésta es positivo: el 87% de los organismos ha cumplido, transparentando su gestión.

Foto de Mario Ruiz