Financiamientos anómalos al Transantiago
(El Mercurio .12/06/2009)
La Contraloría General ha objetado el financiamiento de alrededor de 10 mil millones de pesos otorgado al Transantiago a través de Enap y de su filial Ersa. Esa operación fue ordenada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, e informada a Enap por ese mismo ministro y el de Hacienda. Para eso se recurrió a un artificioso procedimiento, mediante pagarés a los operadores del Transantiago, emitidos sin responsabilidad por el Administrador Financiero del mismo, seguidamente endosados, también sin responsabilidad, a dos distribuidoras privadas de combustibles, que así pagaron compras de combustibles del transporte público metropolitano. Esos títulos de crédito fueron posteriormente reembolsados con recursos del préstamo del BID -impugnado por el Tribunal Constitucional- por 400 millones de dólares.
El dictamen del organismo contralor prohíbe repetir una operación semejante y reprocha la transgresión a la autonomía de Enap. Adicionalmente, objeta la concesión de condiciones espe-ciales de pago, violatorias de la norma constitucional que impide la discriminación en el trato del Estado y sus organismos en materia económica.
Este episodio se añade a la secuela de despropósitos causados por el Transantiago. La operación observada por la Contraloría evidencia las fallas y la precariedad financiera del proyecto, que originalmente no contemplaba gasto público, y que ya ha tenido costos para el erario nacional por encima de los mil 400 millones de dólares, que aumentan mensual e indefinidamente a un promedio por sobre 60 millones de dólares, debido en gran parte a la insuficiencia o no pago de las tarifas vigentes.
Mecanismos forzados han sido y siguen siendo empleados para financiar las pérdidas del Transantiago. Actualmente se utilizan decretos de emergencia concebidos para catástrofes. Antes, se instrumentalizó al Metro, al BancoEstado, a Corfo y Enap en cuestionadas operaciones que evidencian el reiterado uso político y la falta de autonomía de las empresas del Estado, con inobservancia de leyes sobre administración financiera de éste y de sus empresas. A raíz de tales créditos, altos y respetables ejecutivos de esas empresas, que se resistieron a fórmulas anómalas, abandonaron sus cargos.
Lo más inquietante de estos acontecimientos es la ausencia de medidas de fondo para evitar su repetición. Conocido el dictamen, el fiscal de Enap mantuvo su posición sobre la corrección y conveniencia del procedimiento empleado. Asimismo, a pesar de las pérdidas, también cercanas a los mil millones de dólares, experimentadas por Enap en su último ejercicio; de las críticas a su anacrónico estatuto orgánico y de la falta de independencia de sus directivos, no se advierte voluntad de las autoridades para modernizar la empresa y dotarla de la indispensable independencia.
No obstante la impugnación del crédito del BID, que además ha significado la suspensión de préstamos de ese organismo a Chile, nada se ha hecho para normalizar tal situación. Tampoco se progresa en el acuerdo político para garantizar un financiamiento de mediano plazo al Transantiago. En fin, debido a razones políticas, poco se avanza en la reajustabilidad de las hoy artificiales tarifas de los pasajes, cuya adecuación a los costos permitiría reducir significativamente las pérdidas.
Ante estas anomalías, es destacable la intervención de la Contraloría. Igualmente positivo es el reciente fallo de la Corte Suprema que ha respaldado la intervención de aquélla en la fiscalización de empresas públicas, a raíz de un juicio de certeza planteado por el BancoEstado.
