¿Quo vadis Santiago?
(La Tercera. 14/06/09)
Por Marcial Echenique.
Nuestra capital no puede seguir desarrollándose en forma improvisada, como lo ha hecho hasta ahora, ya que esto genera costos económicos, ambientales y sociales que se agravarán en el futuro.
La historia nos demuestra que las ciudades bien planificadas las han hecho técnicos bajo la autoridad del poder político. Piénsese en Roma del siglo XVI, en la cual el arquitecto-urbanista Doménico Fontana, bajo las órdenes del Papa Sixto V, reestructuró la ciudad medieval en la notable ciudad barroca que tanto se admira hoy. Piénsese, también, en el París del siglo XIX, donde el prefecto-urbanista Barón Hausmann, bajo las órdenes de Napoleón III, transformó la ciudad medieval en la espléndida urbe moderna que maravilla al mundo.
Santiago debe tomar un camino similar. No puede seguir desarrollándose en forma improvisada, como lo ha hecho hasta ahora, ya que esto genera costos económicos, ambientales y sociales que se agravarán en el futuro.
Este problema se explica porque Chile no cuenta con una institucionalidad que planifique en forma integrada en el territorio las viviendas, las concesiones viales, el transporte o los parques. En los hechos, cada ministerio hace lo que quiere, lo que retrasa la solución de problemas o genera grandes desastres como el Transantiago, que fue diseñado bajo un enfoque parcial, sin una visión de conjunto que entendiera cómo funciona la ciudad. Todas las grandes regiones metropolitanas del mundo cuentan con esa autoridad, excepto Chile.
No se trata de crear nuevas instituciones que se sobrepongan y que generen más burocracia, como es el caso de la autoridad metropolitana de transportes pensada para administrar el Transantiago y que operará en paralelo con las secretarías regionales ministeriales. La solución va por otro lado: hay que reforzar la institucionalidad vigente y asignar correctamente las responsabilidades. Los ministerios sectoriales, como Obras Públicas, Vivienda y Transportes, deben preocuparse de las políticas nacionales y del desarrollo interregional, y no interferir en la planificación territorial al interior de las regiones y las ciudades.
La labor de la planificación estratégica territorial, es decir, sin separación de urbano y rural como ocurre ahora, debe ser a través de los gobiernos regionales liderados por un intendente de perfil técnico con poder ejecutivo real y con un órgano democráticamente representativo que apruebe y fiscalice los planes y la implementación de éstos. Este órgano debiera ser un Consejo Regional constituido por los alcaldes de las comunas de la región y no por consejeros escogidos a dedo, como pasa actualmente. Para que este esquema funcione, todo el personal y presupuesto que manejan las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) deberían pasar a la Intendencia, dejando bajo la tuición de los municipios el diseño de planes comunales que respeten los principios de la estrategia regional.
La Región Metropolitana tiene actualmente, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 6,8 millones de habitantes y ocupa un área urbanizada de 103.000 hectáreas. En 20 años más, el INE estima que la población llegará a ocho millones. Más importante aun, si la economía crece al 3,5% anual, el ingreso medio al menos se duplicará y con ello el área urbana se multiplicará por tres, llegando a casi 300.000 hectáreas, incrementando en nueve veces la distancia promedio que recorren los santiaguinos en auto.
En este escenario, si no se cuenta con una institucionalidad acorde, que pueda planificar e implementar soluciones integradas, la región experimentará serios trastornos que agravarán la calidad de vida de la población y perjudicarán seriamente la competitividad económica de Santiago.
