Por el derecho a ser quien soy
(La Nación. 15/06/2009)
Por Álvaro Ramis
Mientras el planeta conmemoraba el Día Internacional del Medio Ambiente, la Amazonia peruana estallaba en llamas.
Un conflicto local, que empezó como una demanda pacífica de reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, escaló rápidamente a un nivel de violencia y represión de insospechadas consecuencias, dejando una cifra indeterminada de muertos.
Luego de las escaramuzas late una larga historia de racismo, discriminación y, sobre todo, usurpación flagrante de los territorios y recursos de los habitantes de estas latitudes.
El pecado de los awajún y los aguaruna es resistir las promesas de progreso que los inversionistas les han traído desde hace años, y que requiere del desplazamiento de quienes no poseen capital ni tecnología para “modernizar” estos parajes.
Desear ser los que son y permanecer siéndolo en el futuro. Pecado de lesa barbarie y salvajismo para quien no imagina otra forma de vivir que no sea la que se asemeje a sus criterios, o que se aleje de su “visión de mundo”.
Son los mismos argumentos de quienes se oponen en Chile a la aplicación y reglamentación del Convenio 169 de la OIT. Si este convenio se hubiera aprobado antes y aplicado con el rigor y la coherencia que reclama, nunca hubiéramos visto la desgraciada masacre del Amazonas peruano.
Tampoco hubiéramos escuchado las tristes lamentaciones por Ralco, las quejas de Tirúa, los gritos de furia en Lumaco o las balas en Temucuicui.
La clave que permite prevenir estos conflictos radica en la exigencia a los inversionistas en territorios indígenas de establecer procedimientos basados en el reconocimiento de esos pueblos a ser consultados sobre las inversiones y a participar en las utilidades que generen los proyectos en sus tierras y territorios, independientemente de las compensaciones que se adeuden o las medidas de mitigación que correspondan con motivo de eventuales efectos adversos del proyecto.
Por esto, quienes han puesto el grito en el cielo han sido las principales asociaciones empresariales, que denuncian que la aplicación de este tratado internacional “podría detener las inversiones”, sin recordar que no es una declaración de buenas intenciones, sino un cuerpo legal y vinculante para nuestro Estado.
Tratan de hacer aparecer esta exigencia como si fuera “una suerte de royalty adicional a la inversión realizada”, que profundizaría las disputas territoriales, como si hoy estas inversiones no estuvieran exentas de conflictividad y polémica.
Argumentan que las inversiones elevarían el nivel de renta de los habitantes de estos lugares.
Olvidan que la pobreza no es una cuestión de escaso bienestar, sino de la incapacidad de conseguir ese bienestar en forma autónoma y permanente.
Lo que se debe medir no es el nivel de renta, sino el nivel de libertad que las personas tienen para llevar la forma de vida que valoran o que desean llevar, porque el ser humano no es mero consumidor, sino creador de su destino y responsable ético de su entorno local y global.
Se sostiene que “sin riqueza creada no hay posibilidad de redistribuir”. Pero sabemos muy bien que es posible crecer con equidad, en forma simultánea y no secuencial, siempre que se aplique un enfoque integrado, en que se incorporen en las políticas públicas tanto el impulso al crecimiento como el objetivo de la disminución de la inequidad, los mecanismos de permanente reproducción y ampliación de las desigualdades sociales y la exclusión.
Crecer con equidad al mismo tiempo, y no esperando un chorreo que nunca llega o que sólo es una lejana e incumplida ilusión.
El Convenio 169 de la OIT es un aporte fundamental en el objetivo de proponer modos de vida sostenible, que permitan a las diferentes culturas encontrar sus propias formas de desarrollo, no condicionados por patrones ya establecidos desde una mirada predeterminada.
Este concepto del desarrollo incorpora variables mucho más complejas que la simple redistribución económica.
Obliga a valorar a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad, a ancianos y jóvenes, a las personas homosexuales, a las comunidades afrodescendientes y, en general, a todos los grupos que a lo largo de la historia han sido objeto de discriminación y vulneración de sus derechos humanos básicos y a los que se ha excluido de los procesos políticos.
Y lo más importante, les han negado el derecho y el orgullo de ser quienes son.
*Presidente de la Asociación Chilena de ONGs Acción
