Gremio de la construcción prepara "código interno" para definir pagos por costos viales
(El Mercurio. 20/06/2009)
Por Claudia Ramírez Friderichsen
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) cree que, en todo caso, la autoridad les está pasando la cuenta por deficiencias “históricas” de infraestructura.
Si bien son partidarios de hacerse cargo de las externalidades viales y de infraestructura generadas por sus proyectos, los inmobiliarios están preocupados porque, según comentan, en algunos casos el Estado los pretende obligar a pagar por las deficiencias “históricas” de la ciudad.
En la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ponen como ejemplo la rotonda Pérez Zujovic, en Vitacura. “Todavía no han entrado en funcionamiento ni Titanium ni Costanera Center y la rotonda está colapsada hace mucho tiempo, porque no se han hecho las inversiones necesarias. Sin embargo, a los nuevos desarrolladores se les quiere obligar a pagar por el déficit de la infraestructura existente”, comenta Fernando Herrera, presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara.
Lorenzo Constans, presidente del gremio, está consciente de que “es un tema difícil porque compete a muchas entidades”. Por eso, están trabajando en lo que denominan “principios básicos” de cara a lo que podría convertirse en una normativa para medir las externalidades de los proyectos y la repartición de los costos. De hecho, esta semana hicieron un seminario del tema.
“Proponemos bases para una futura normativa que permita a los inmobiliarios hacerse cargo de los costos generados por ellos en forma equitativa (a todos por igual), proporcional (acorde con el costo generado por la empresa), predecible (que cuando se aborde un proyecto se conozca el costo de las externalidades, que en definitiva lo paga el comprador), y que no haya duplicidad en los cobros”, dice Herrera.
Hay metodologías objetivas para medir los impactos y sobre las cuales se podría avanzar en un consenso con la autoridad, aseguran en la CChC. Un ejemplo son las áreas verdes sobre las que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece estándares por habitante. “El desarrollador es responsable de entregar el estándar a los habitantes que incorpora, pero no de pagar por la diferencia de lo que no se construyó anteriormente”, dice Herrera.
Normativa
Si bien existen normativas que permiten medir las mitigaciones viales como el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) requerido para desarrollos comerciales que contemplen desde 150 estacionamientos y proyectos habitacionales desde 250 estacionamientos, en la Cámara de la Construcción la consideran insuficiente. “El EISTU resuelve sólo los problemas inmediatos a los desarrollos, pero no los que se generan a distancias medias”, explica Fernando Herrera. Otro tema es lo que ocurre con proyectos de menos de 149 estacionamientos. “Aquí, las negociaciones son caso a caso”, asegura Lorenzo Constans.
