Corte Suprema frena proyecto de Gener y activa alerta de empresarios

(La Tercera. 23/06/2009)

Por Jessica Marticorena y César Valenzuela

El máximo tribunal, en un inédito fallo, determinó que el permiso ambiental otorgado por la Corema de la Región de Valparaíso a la central Campiche es ilegal. El sector privado se mostró preocupado, porque a través de la judicialización del proceso comunidades locales lograron detener la construcción de la planta, que involucra una inversión de US$500 millones.

Nuevamente el sector empresarial está en alerta por incertidumbres sobre los proyectos de inversión. Si hace unas semanas fue el código indígena el que encendió las alarmas en los privados, hoy es la judicialización de los proyectos lo que les inquieta. Esto, luego de que ayer la Corte Suprema en fallo unánime e inédito para el sector, y acogiendo la solicitud de las comunidades de Puchuncaví, anuló la aprobación ambiental de la central termoeléctrica Campiche de AES Gener, la segunda mayor empresa de generación de Chile. El proyecto a carbón aportaría 270 MW de potencia, con una inversión de US$500 millones. Esta central representa casi el 10% de la capacidad de generación en construcción y equivale al 3% de la capacidad instalada del sistema eléctrico. La empresa deberá paralizar las obras.

El máximo tribunal afirma que la Corema incurrió en un acto ilegal al autorizar la construcción de la central, ya que concedió el permiso sin que el organismo respectivo realizara el cambio de uso de suelo. “La eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, sostiene la sentencia.

Gener informó que estudiará en profundidad el dictamen para resolver los pasos a seguir y que el efecto en los resultados de la compañía se podrá cuantificar sólo dentro de un año. “En mayo de 2008 obtuvimos la aprobación por parte del Estado. En base a ello, firmamos contratos e iniciamos el proceso de construcción para responder a la necesidad que tiene el país de contar en breve plazo con suministro eléctrico eficiente y seguro”, afirmó Felipe Cerón, gerente general de Gener. Agregó que “Gener mantiene su confianza en que institucionalmente se encontrará una solución que le permita mantener su plan de inversiones”.

Otras fuentes ligadas a la firma indicaron que entendían que el tema del cambio de uso de suelo estaba resuelto, porque ese cambio había sido aceptado en un proyecto anterior de la compañía. Pero la Corte Suprema sostiene que la modificación era válida sólo para el proyecto anterior y no para Campiche.

Para el sector empresarial, el pronunciamiento de la Suprema constituye una mala señal, porque las empresas -sean eléctricas o no podrían retrasar el inicio de la construcción de sus proyectos, mientras no se resuelvan todos los procesos judiciales. Esto, más allá de contar con los permisos ambientales aprobados.

En el sector eléctrico agregan que la seguridad jurídica alcanzada con el cambio legal de la Ley Corta II se vulnera. “La judicialización genera incertidumbre en la inversión, retrasando y encareciendo los proyectos”, dice un alto ejecutivo de otra eléctrica.

Para Sebastián Bernstein, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, la resolución “preocupa desde el punto de vista de la condición en que queda este proyecto que es relevante para el sector eléctrico y para cubrir las necesidades futuras del país”. Además, dice, “pone en tela de juicio la solidez de la Corema, en el sentido del fondo y la forma con la cual dio su autorización y después fue revocada”.

Para Francisco Aguirre, de Electroconsultores, el mayor problema es que las compañías quedan con una enorme dificultad, porque no van a poder ofrecer el suministro eléctrico de sus proyectos mientras no estén aprobados. Además, se extenderán los plazos de los desarrollos.

Foto de Pablo Ovalle.