Dos asuntos tratados por la Contraloría
(La Nación. 25/06/2009)
Por Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad
Caso uno: la prensa ha informado erróneamente que un dictamen reciente de la Contraloría estableció la no inclusión de la polémica píldora del día después en los servicios de salud pública para su libre distribución a todas aquellas mujeres que la demanden. Recordemos que la comunidad científica no ha demostrado hasta ahora que sea abortiva y, es más, destacados expertos, con sólidos fundamentos, han asegurado que las píldoras, por sus características específicas, deberían tener una distribución generalizada, porque son necesarias para prevenir embarazos no deseados.
Pero el asunto es distinto, porque la Contraloría, en su informe 31.356 del 16 de junio, no se pronunció sobre esta materia llevada a su conocimiento por la Asociación Chilena de Municipalidades y algunos abogados, porque la controversia ya había sido zanjada antes por el Tribunal Constitucional debido al requerimiento de 36 diputados de derecha: en fallo de abril de 2008 se declaró la inconstitucionalidad de la píldora anticonceptiva de emergencia.
En su informe la Contraloría señaló que la sentencia del TC tiene fuerza obligatoria para todos los organismos, instituciones y funcionarios que integran la red asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Pese a ello esperamos que, de una u otra manera, este delicado asunto se resuelva pronto legal y constitucionalmente (aunque no sabemos cómo) para que exista igualdad de opciones en nuestro país. Esta píldora sí tiene venta libre en las farmacias, con lo cual se observa que en Chile existe un trato discriminatorio: las mujeres con recursos económicos pueden tomar decisiones, pero las pobres no pueden planificar los nacimientos de sus hijos. Es de esperar que a raíz de lo que observamos, tanto el gobierno como la oposición se pongan de acuerdo para legislar al respecto, porque los derechos reproductivos son una realidad que no se puede seguir soslayando. En tal sentido no sólo los tres candidatos presidenciales prime tienen que adoptar con claridad sus posiciones, también Arrate, Navarro y Zaldívar, generándose así un debate público de emergencia.
Ya que la Contraloría manifestó que debía abstenerse de emitir pronunciamiento, porque el asunto excedía su ámbito de competencia, está más que clara la urgencia que deberán tener los políticos para modificar la Constitución, no sólo en materia de salud pública, sino en otros temas pendientes que impiden el ejercicio pleno de la democracia.
Caso dos: el 11 de junio la Contraloría emitió su dictamen 30.408, acerca de la aplicación de la Ley de Bases del Medio Ambiente para los proyectos de construcción que se deben someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La Contraloría aclaró que antes de la iniciación de faenas, cada titular de proyecto debía contar con la Resolución de Calificación Ambiental favorable de la Corema.
¿Qué estaba sucediendo?
La División de Desarrollo Urbano del Minvu había emitido una circular a todas las instituciones públicas y privadas que tienen relación directa con este ministerio en el que sostenía que el artículo 24º de la Ley Orgánica Municipal facultaría a los directores de Obras Municipales a paralizar las faenas iniciadas de proyectos que no han sido evaluados ambientalmente. A raíz de ello, la mayoría de esos funcionarios, amparados en la indefinición del modo condicional del verbo “facultar”, simplemente toleraban la ejecución de esos proyectos no evaluados, vulnerándose así la letra y el espíritu de la ley.
Todos aquellos que conocen los marcos normativos sectoriales sabían que lo anterior era irregular y abusivo, porque el artículo 8 de la Ley 19.300, de Bases del Medio Ambiente, ordena que los proyectos o actividades que se someten al SEIA sólo pueden ejecutarse previa evaluación de su impacto ambiental con resultado favorable, pero como esa trampa favorecía los negocios, simplemente los interesados se hacían los distraídos. Como no todos leen los dictámenes de la Contraloría, estamos seguros de que el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu emitirá muy pronto una circular dirigida a todas las municipalidades para que así todos por parejo se enmarquen en la legislación medioambiental.
