Vivienda audita todos los subsidios para casas sociales usadas vendidas a un familiar directo
(El Mercurio. 10/07/2009)
Por Uziel Gómez.
Ministerio prohibirá la venta a los parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad (primos hermano).
La ministra de Vivienda, Patricia Poblete, anunció a “El Mercurio” el inicio de una completa auditoría a todos los subsidios habitacionales entregados para las casas sociales usadas.
La decisión se basa en las reiteradas denuncias de mal uso del beneficio, ya que un número aún no determinado de personas empleó las 580 UF (12 millones 130 mil pesos) del subsidio para teóricamente adquirir una casa usada, que no era otra que la de sus padres, hermanos o familiar cercano -en la que ya vivían-, quedándose con el dinero otorgado por el Estado.
Fiscalización
“Estamos investigando para saber cuántas casas se han vendido entre parientes y cuántos viven en la misma casa. Vamos a terminar con todas las malas prácticas. No vamos a permitir que se malgaste el dinero destinado a las familias más necesitadas”, dijo la ministra.
El presidente de la Asociación Nacional de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (Anegis), Alejandro Araneda, estimó que el 20 por ciento -1.000 subsidios- de los 5.000 entregados durante 2008 para viviendas sociales usadas se utilizaron para comprar la casa a un pariente.
“Hemos contabilizado que el 20 por ciento del total de subsidios se utilizó para hacer negocios con los parientes. Algo que rechazamos, y se debe investigar”, afirmó Araneda.
Pero la ministra dijo que no tiene una cifra preliminar, y que sólo se sabrá cuando termine la investigación.
La transacción entre familiares no es irregular, porque está permitida en el Decreto 174 del Ministerio de Vivienda. Pero para terminar de raíz el problema, la ministra Poblete anunció, además, que enviará a la Contraloría en los próximos días una modificación a dicho decreto para prohibir la comercialización de casas sociales entre parientes hasta de cuarto grado de consanguinidad (primos hermano). La prohibición incluirá también a los subsidios para adquirir casas nuevas o usadas hasta 1.000 UF.
Posibles delitos
“Todas las anomalías las vamos a corregir, y vamos a ser más restrictivos con el programa de subsidios. Estamos disponibles para terminar los convenios con las EGIS que no cumplan la legislación y engañen a las familias”, añadió la titular de Vivienda.
Incluso advirtió que se podría terminar con la alianza público-privada con las EGIS si se mantienen las anomalías.
Poblete reveló que investigan actos constitutivos de delito en empresas que le cobraban 400 mil pesos por “reservarle” una casa; tasan las viviendas en 8 millones de pesos y las venden en 12, o usan el subsidio como pie para comprar otro inmueble más caro.
“Son prácticas inescrupulosas que no pueden ser. Tenemos 130 procesos de sanción, y la investigación continuará hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
La asociación también detectó fichas de protección adulteradas con familias que tienen 8 mil puntos, y aparecen con 2 mil, por lo que el subsidio no llega al quintil más pobre.
“Hemos contabilizado que el 20% de los 5.000 subsidios entregados el año pasado se usaron para comprar casas a un familiar”.
ALEJANDRO ARANEDA
PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE EGIS
“Esta alianza público-privada, en vez de ser un aporte, está siendo una anomalía, que puede terminar con devolverle esa función al Estado”.
PATRICIA POBLETE
MINISTRA DE VIVIENDA
580 UF
es el subsidio para comprar una vivienda social usada que entrega el Ministerio de Vivienda a los postulantes.
380 UF
es el monto de subsidio que propone la Asociación Nacional de Egis para evitar la especulación en los precios.
Siete
empresas Egis en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y los Ríos sancionó el Ministerio de Vivienda por anomalías.
20%
de los 5.000 subsidios entregados en 2008 se usaron para comprar casas usadas entre parientes, según la asociación de Egis.
Proponen reducir 200 UF a subsidio
El presidente de la Asociación Nacional de EGIS, Alejandro Araneda, propone reducir los subsidios para casas sociales usadas de 580 UF a 380 UF para terminar con el mal uso entre las familias.
Su propuesta es que se eliminen los 200 UF que se entregan por la ubicación del inmueble, monto que varía según la región en que se encuentra.
El beneficio sería terminar con el mercado de casas con precios inflados, porque son inmuebles que no valen $12 millones, sino alrededor de $7 millones.
La iniciativa tendría el beneficio adicional de ampliar la cobertura para las familias, porque habría más recursos disponibles.
El dirigente le propuso la idea a la comisión conjunta con el Ministerio de Vivienda, que sesionó ayer en la tarde.
La ministra Patricia Poblete dijo que se evaluará la eventual restricción del subsidio de localización.
“Vamos a estudiar cada uno de esos temas para evitar los abusos”, dijo la autoridad.
