Editorial – Instituto del Patrimonio
(El Mercurio. 13/07/2009)
Tras varios años de estudio, parece estar pronto a iniciar su tramitación legislativa el proyecto que modifica la institucionalidad cultural de Chile. Existiría consenso en que la situación actual es inapropiada, y aunque dicha idea se ha venido repitiendo sin grandes cambios hace ya varios años, no se han logrado mejoramientos en algunas áreas cruciales, como la conservación del patrimonio. Durante el gobierno anterior se estudió largamente esta materia y se examinó la posibilidad de crear un Ministerio de Cultura, lo que finalmente se desechó, al formarse el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). No obstante, durante el actual Gobierno han continuado los estudios en busca de una nueva institucionalidad, aunque llama la atención que en tal proceso no tenga un rol protagónico el CNCA, pues el proyecto referido habría sido preparado en otros ministerios.
En el programa de gobierno se anunciaba como una de las grandes innovaciones en este ámbito la creación de un Instituto del Patrimonio, reuniendo en una sola entidad las funciones hoy repartidas en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el MOP y el propio CNCA. Se anunciaba entonces que el nuevo organismo contaría con un fondo estatal para adquisiciones, que permitiría a los museos completar colecciones y, por cierto, se abocaría al tema patrimonial. Pero ya cercano a terminar el presente período presidencial, ese proyecto aún no comienza su trámite legislativo y es muy probable que deba enfrentar un largo proceso en el Congreso, donde podría sufrir transformaciones importantes.
El patrimonio cultural de Chile no recibe la protección que corresponde, según la opinión generalizada de los entendidos. Muchos estiman que las normas actuales serían incluso contraproducentes. Pero el avance ha sido muy lento y las propuestas de cambio se estudian por largo tiempo, mientras se deteriora rápidamente nuestra riqueza patrimonial. El objetivo del proyecto gubernamental -aún en estudio en el Ministerio de Hacienda- es preservar el patrimonio, pero la sola reorganización de las entidades actuales no bastará para ello. En cambio, una reforma de las normas tributarias que gravan a las obras arquitectónicas que forman parte del patrimonio nacional sí podría llevar a cambios con resultados tangibles. La incorporación de capitales e inversiones de particulares gracias a incentivos como los de la Ley Valdés ha demostrado tener un impacto notable en todos los países que la han aplicado.
Si este proyecto se limita a reorganizar el funcionamiento de las entidades existentes, aunque quizás podría llevar a una mejor gestión en el ámbito cultural -lo que diversas voces autorizadas han rebatido con energía-, difícilmente se logrará un real mejoramiento en la preservación del patrimonio cultural chileno.
