Áreas protegidas e intereses extraños

(La Nación. 02/08/2009)

Por Sara Larraín

Estas “discrecionalidades” no sólo desacreditan la institucionalidad ambiental, sino que ponen a Chile en una situación riesgosa por el incumplimiento de la ley y el déficit de probidad en el desempeño administrativo.

Con la esperanza de que la autoridad reconsiderara su actuar irregular, en esta misma sección denunciamos a fines de 2008 el otorgamiento de permisos para ejecutar proyectos empresariales en territorios del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe). Sin embargo, lejos de corregir la conducta, la autoridad ha configurado un modus operandi.El caso que hoy nos convoca es el de la directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Catalina Bau (PS), quien ha modificado irregularmente al menos 3 pronunciamientos técnico/administrativos de los profesionales de dicha entidad forestal, para que se ignorara el Snaspe y la nueva Ley de Bosque Nativo (fruto de más de una década de lucha ciudadana), promulgada por la Presidenta Bachelet en julio del año pasado.

En contra del veredicto técnico y legal de la Conaf de la Región de O’Higgins, la funcionaria intervino para autorizar faenas al interior de la Reserva Nacional Río de Los Cipreses, con el objetivo -según dijo- de “buscar soluciones” para otorgar permisos sectoriales a la empresa Pacific Hydro, que logró de este modo la luz verde para talar especies protegidas y trasvasijar aguas a través de 3 kilómetros desde el río de Los Cipreses hasta el río Cachapoal.

En la Región de los Lagos, Catalina Bau desechó la resolución técnica y legal de la dirección regional de Conaf y autorizó la instalación de centrales hidroeléctricas de pasada al interior del Parque Nacional Puyehue (sin desafectar el área mediante una ley, hecho inédito en la historia del país). Así, la empresa HidroAustral puede talar allí bosque nativo. En este caso participó el presidente del Metro, Clemente Pérez (DC), quien representó a la empresa en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para defender la inversión ante el recurso de protección interpuesto por diputados de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Recientemente, la funcionaria presionó a su directora en la Región Metropolitana (RM) -según consta en emails publicados en la prensa- para autorizar, en la evaluación ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, de AES Gener, un plan de manejo para cortar 3 mil olivillos y 500 guayacanes protegidos por la Ley de Bosque Nativo e impactar especies acompañantes y otros bosques resguardados por el decreto 82. Ello, en el área de los Sitios Prioritarios 4 y 5 de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad de la RM, y en contra del Plan de Acción Santiago Andino, diseñado por el gobierno para acreditar cumplimiento de la Convención de Biodiversidad. Este proyecto intervendrá las formaciones geológicas e hidrogeológicas del Monumento Nacional El Morado y el glaciar y la laguna San Francisco, protegidos por el Decreto 531/67, el Snaspe y la Convención de Washington.

Estas “discrecionalidades” no sólo desacreditan la institucionalidad ambiental, sino que ponen a Chile en una situación riesgosa por el incumplimiento de la ley y el déficit de probidad en el desempeño administrativo, lo cual constituye una presentación negativa del país ante la comunidad internacional.

*Directora del Programa Chile Sustentable