Carta – Concesiones
(El Mercurio. 11/08/2009)
Señor Director:
El subsecretario de OO.PP., en su carta aparecida el domingo criticando una mía anterior, está creando una polémica ficticia, tal vez con fines electorales. Es cierto que afirmé en mi columna que el proyecto de ley que modifica el régimen de concesiones podría (condicional) encarecer las concesiones y espantar el interés de los inversionistas, como él señala, pero agregué que esto podría ocurrir en un contexto internacional en que dichos inversionistas están más interesados en los atractivos negocios que hoy llevan a cabo y evalúan en países con grandes proyectos en cartera, como el propio EE.UU. y naciones europeas. Es decir, el proyecto de ley deja a nuestro país en una posición menos atrayente, en términos relativos, de cara a esos inversionistas. Esto no contradice que el proyecto haya avanzado en el Congreso con la anuencia de la oposición. Lo que ocurre es que diputados y senadores de la Coalición por el Cambio, con el concurso de los institutos que apoyan su labor legislativa, han mejorado sustancialmente el proyecto que presentó el Gobierno, restándole discreción al Ejecutivo y balanceando mejor los riesgos entre Estado y privados. Podría todavía mejorarse más, pero el realismo prima en la oposición y eso obliga a despejar pronto la incertidumbre que implica un cambio en las reglas del juego como el contemplado en el proyecto y a dejar para más adelante un perfeccionamiento en la materia, cuestión que es totalmente legítima de plantear en un programa de gobierno.
Le recomendaría al subsecretario que le ponga más “tinca” a su trabajo. De lo contrario, no va a poder cumplir sus tareas antes que la Presidenta Bachelet deje el gobierno. El proyecto de ley que modifica el régimen de concesiones de OO.PP. es una de esas tareas, pero hay otras pendientes: el proyecto de ley de aguas lluvias, la superintendencia de obras públicas y la propia modernización del MOP, la que avanza lentamente -según se deduce de lo informado por el propio subsecretario-, y no sabemos si siguiendo las recomendaciones de estudios financiados con un crédito del BID, proceso en el que se han gastado varios miles de millones de pesos. Cabe agregar que sobre este último tema, el Congreso espera el envío de un proyecto de ley desde marzo del año pasado. Ello importa, pues los funcionarios del MOP merecen garantías para su desarrollo técnico y profesional, ajeno a los desórdenes y escándalos de corrupción que hemos conocido en el pasado y que salpican precisamente el prestigio del lugar donde se desempeñan, como ocurrió con el caso MOP-Gate.
Felipe Morandé L.