Carta – Concesiones II

(El Mercurio. 12 de Agosto de 2009 )

Señor Director:

En relación con la alusión a esta institución en cartas enviadas a usted por el Sr. subsecretario de OO.PP. Juan Eduardo Saldivia, los días 7 y 10 del presente mes, habiendo participado en la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley de Concesiones de OO.PP., en nuestra calidad de asesores legislativos, creemos necesario reiterar el valor del notable avance y diálogo técnico producidos a su respecto, agregando al mismo tiempo que la modernización del MOP y de su gestión fueron señalados como temas pendientes de la mayor relevancia, incluyendo la real institucionalización de la Coordinación General de Concesiones al interior de esa cartera. Ellas son precisamente herramientas que permitirán potenciar al ministerio, sus funcionarios, técnicos y profesionales, de manera tal de dar un gran salto cualitativo.
El tema es claro, pues el Congreso, según aparece justamente en la discusión del proyecto que modifica la Ley de Concesiones, espera desde el año pasado discutir sobre la modernización institucional tan comentada, proceso global que ha significado contratos y asesorías en los que se han gastado miles de millones de pesos (sólo el año 2007 fueron 3.349 millones). El destino de esos estudios, el reemplazo del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) por el Programa de Modernización (PM), entre otros, son temas que interesa conocer en profundidad y en los que resulta importante avanzar, incluyendo, desde luego, sus alcances legislativos.
A propósito del proyecto que incide en la Ley de Concesiones, consideramos que el texto discutido y acordado en el Senado ha permitido mejorar diversas deficiencias del proyecto original. Ahora bien, es evidente que la discusión ha tenido lugar en un poder del Estado que es independiente y que conoce los temas en su propio mérito. De hecho, así también parece haberlo entendido el propio Ejecutivo y su Ministerio de Obras Públicas, que con posterioridad a la aprobación del texto por el Senado envió indicaciones al proyecto. De este modo, no debiera extrañar que el texto aprobado por la Cámara Alta, manteniendo sus lineamientos e innovaciones esenciales, pueda ser perfectible.
Tampoco debiera sorprender que ello sea parte de los estudios y planteamientos de los distintos grupos programáticos presidenciales, que también en su propio mérito estimarán (o no) adecuado el envío de iniciativas legales para someterlas, a su vez, a la discusión democrática y soberana del Congreso Nacional.
Rodrigo Yáñez B.
Abogado
Instituto Libertad