Editorial – Compensaciones eléctricas

(El Mercurio. 20/08/2009)

El Gobierno ha informado que su proyecto de compensaciones eléctricas, anunciado en enero pasado, no podría ser aprobado en lo que queda de este período presidencial, pero se dejaría preparado para el próximo gobierno. Esto es lamentable: dicho proyecto establece que las comunas que reciban inversiones de generación eléctrica serán compensadas por vía de las contribuciones y mediante un cargo por la electricidad generada que iría a proyectos comunales. Este monto se descontaría de los impuestos de las generadoras para no afectar el precio a los usuarios.
Con esto se busca reducir el conflicto que se suscita cuando se instala una central en determinada localidad, acarreando costos ambientales a la respectiva comuna, a cambio de beneficios que recibe el resto del país. Eso crea oposición local, lo que se ha transformado en uno de los mayores riesgos para los proyectos de generación: las inversiones enfrentan recursos judiciales y medidas alcaldicias que los retrasan y les impiden operar, aumentando sus costos.
La teoría económica sostiene que en estos casos es posible llegar a acuerdos en que la empresa compense a las comunas afectadas, con lo que se obtiene un resultado eficiente, pero eso requiere derechos de propiedad medioambiental bien establecidos, y que tales compensaciones operen con fluidez.
En la práctica nacional, esos supuestos no se dan. La Ley de Bases del Medio Ambiente establece que se puede recurrir a compensaciones para reducir los efectos negativos de la instalación de inversiones, pero ellas son vagas, y abundan los ejemplos en que no se corresponden con los daños al medio ambiente.
Este proyecto de ley es imperfecto a varios respectos: no es-tán claramente asignados los recursos provenientes de la generación, ni hay criterios eficientes para determinar la magnitud del monto anual por megawatt en función de los efectos en el medio ambiente. En esa medida, la normativa propuesta no corrige en forma precisa la externalidad medioambiental.
Con todo, ella sí puede diluir la oposición a los proyectos, normalmente centrada en el alcalde, al que, hasta ahora, la instalación de un proyecto le causa costos políticos y pocos beneficios. Los recursos adicionales que recibiría por esta vía serían siempre bien recibidos por los alcaldes en ejercicio, y los votantes decidirían luego si fueron o no bien utilizados. Esta ventaja de reducir la oposición local debería facilitar que los proyectos aprobados comiencen a operar a tiempo. Los ambientalistas olvidan que su parálisis la pagan todos los chilenos en términos de desarrollo, y que eso, a su vez, empeora el cuidado del ambiente.