Telefónicas móviles contratan informes en derecho para enfrentar batalla por las antenas

(La Tercera. 29/08/2009)

Por Carla Alonso

Es la nueva batalla de la industria de las telecomunicaciones. Una indicación a un proyecto de ley, hoy en el Congreso, que busca obligar a las empresas de telefonía móvil a compartir su actual infraestructura para la instalación de antenas celulares, ha enardecido los ánimos. La denominada colocalización tiene en trincheras opuestas a los actuales operadores Movistar, Entel PCS y Claro y a los actores que buscan un espacio en ese negocio: VTR y Nextel. La gran mayoría prepara sus armas para la pelea -que será legal- y varios han encargado estudios en derecho para defender sus posiciones. “En conversaciones informales las empresas nos han dicho que podrían iniciar acciones en tribunales”, dice una fuente del Ejecutivo que admite que se abre un frente que el gobierno no quería.

Entel PCS contrató un informe en derecho del jurista Alejandro Silva Bascuñán, que fue presentado ante la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, y tiene otro -aún no divulgado- realizado por la abogada Olga Feliú. “Todos los operadores tienen informes en derecho”, comenta una alta fuente de gobierno.

Claro también pidió un informe en derecho al estudio Barros Errázuriz. El abogado de ese bufete, José Ignacio Ovalle cree que el proyecto debe ser analizado en temas como la retroactividad y la obligatoriedad de esta nueva modalidad. “Se está pretendiendo regular a las redes de telefonía móvil como si se tratara de una facilidad esencial -es decir, bienes que se estima necesario poner a disposición de todos los operadores en términos igualitarios-, lo que requiere de un análisis profundo desde el punto de vista de la libre competencia”, señala Ovalle.

En la otra vereda está VTR, que contrató un estudio del decano de la Universidad de Las Américas, Patricio Zapata, que concluye que la colocalización es constitucional, adelanta Jorge Carey, vicepresidente de Asuntos Legales y Regulación. “La Constitución dispone limitaciones y obligaciones en pos del interés general de la nación, de la utilidad pública y de la conservación del patrimonio ambiental”, dice Carey, quien sostiene que la colocalización es un medio eficaz para promover la expansión de las redes de telecomunicaciones y preservar el entorno urbano.

El abogado que asesora a Claro argumenta que la iniciativa podría afectar los derechos de los propietarios de los terrenos donde se emplazan hoy las antenas y constituir una discriminación entre actuales y nuevos actores.

Guillermo Pickering, presidente de la Asociación de Telefonía Móvil -que reúne a Movistar, Entel PCS y Claro-, cree que, en la discusión de la ley, “es probable que las compañías sigan acompañando informes en derecho”.

COSTOS O BIEN PÚBLICO
Hoy existen 6.000 torres en el país y el costo de instalarlas bordea los US$ 100 mil en terrenos privados o espacios públicos y hasta US$ 50 mil por una antena en edificios. Claro ha invertido más de US$ 500 millones en todos los elementos de la red y tiene más de 1.000 antenas, cuenta Ricardo Gebauer, gerente legal de Claro. Entel PCS ha gastado más de US$ 2.000 millones en redes, afirma Manuel Araya, gerente de regulación. La firma suma 2.200 emplazamientos.

Los actores actuales dicen que la obligatoriedad de usar las mismas torres beneficiará a los entrantes. “No van a tener que invertir en infraestructura y en obras civiles, se van a ahorrar costos en búsqueda y negociación de sitios. Además no van a tener que sufrir el desgate que significa instalar una antena”, dice Gebauer.

El proyecto del Ejecutivo establece que al usar esa infraestructura, los nuevos operadores harán un pago proporcional a la inversión realizada. “Si el nuevo operador va a usar la mitad de la torre, paga la mitad del valor económico hoy”, dice una autoridad. Pero la reforma que impulsan los parlamentarios establece un arriendo a costo marginal y que se distribuyan los costos operacionales.

Para VTR no se trata de inversiones, sino de preservar el bien público no aumentando innecesariamente el número de torres. “Nos referimos a compartir cemento y metal, no redes, lo que permite a todos los operadores destinar más recursos a más redes y conectividad, con menos torres”, indica Claudio Hidalgo, gerente del Proyecto Móvil de VTR.

“La colocalización no es un tema de principios, sino más bien de oportunidades. Si ella viene de la mano de una oportunidad de negocio, no tenemos problemas en que ocurra, sólo demandamos una relación simétrica entre las partes negociadoras y no negociaciones obligatorias”, dice Andrés Wallis, director de Asuntos Corporativos Movistar.