Editorial – Instituto del Patrimonio
(El Mercurio. 06/09/2009)
Han surgido nuevas críticas al proyecto de ley que busca reformar la actual institucionalidad del Consejo de Monumentos Nacionales, para lo cual se crearía un Instituto del Patrimonio que reuniría a todas las reparticiones vinculadas a esa tarea, y que supondría la fusión de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos con el Consejo de la Cultura. Asimismo, se formaría un nuevo Consejo del Patrimonio, que suprimiría a todos los miembros no pertenecientes al sistema público: la nueva figura contempla 12 integrantes nombrados por el gobierno central.
Variadas entidades, desde el Colegio de Arquitectos hasta organizaciones vecinales activas en la gestión del patrimonio, han manifestado su oposición a este proyecto, pues lo consideran un retroceso respecto de lo que actualmente existe. El Consejo de Monumentos Nacionales conserva al menos una mejor representación de la sociedad civil entre sus integrantes, la cual se ha ampliado a regiones con gran éxito de convocatoria. Tales objeciones, que se suman a otras ya planteadas en el último tiempo, hacen aconsejable revisar esta iniciativa presidencial.
Además, el financiamiento de la nueva entidad es incierto y, al parecer, la demora del proyecto de ley en el Ministerio de Hacienda se debe a las dudas que éste ha tenido siempre en cuanto a entregar un presupuesto autónomo a la gestión pública del patrimonio. De hecho, la actual ley que rige al Consejo de Monumentos Nacionales nació sin financiamiento, de- be ser asistido para sus proyectos por diversos ministerios, y nunca ha logrado cambiar su estatus.
Todo indica que la reforma que se propone para mejorar dicha gestión patrimonial no va en la dirección correcta: se pone el acento en la reformulación de las tareas burocráticas y en la fusión de otras, pero poco se innova allí donde realmente hace falta mejorar lo actual, cual es el establecimiento de fórmulas imaginativas de financiamiento, principalmente mediante el estímulo tributario, que hagan atractivo para las empresas y los particulares invertir en conservación y que signifiquen, además, un alivio para el fisco.
Es paradójico que no se logre definir claramente una política de autonomía presupuestaria para consolidar un sector que se valoriza cada día más, ni tampoco se libere a los particulares de las trabas tributarias existentes, para que puedan actuar mucho más sistemáticamente en la conservación del patrimonio nacional.
