Organismos pro transparencia abren debate por protección de datos personales
(El Mercurio. 14/09/2009)
Por Sebastián Rivas
“No sabemos cuántas bases de datos están en el sector público y qué hacen con ellas”. Así de tajante es el presidente de la fundación Pro Acceso, Federico Allendes, luego de conocer que instituciones como Dicom, bancos, inmobiliarias y universidades han comprado la base de datos del Servicio Electoral (Servel), información que fue revelada ayer por “El Mercurio”.
Y es que, según afirma, hoy es prácticamente imposible saber cuál es el uso que se le da a la información que tienen en su poder las reparticiones del Estado, pese a que el artículo 22 de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada obliga a los organismos públicos a informar al Registro Civil de las bases de datos que poseen.
Allendes fundamenta su posición señalando que la semana pasada su entidad solicitó la lista de bases registradas. El resultado: sólo 21 reparticiones han cumplido con lo exigido por la ley, con 69 bases de datos consignadas en el índice.
“Lo que nos corresponde por ley es actuar como si fuéramos un gran depósito. Los organismos públicos deben ir subiendo la información sobre sus bases de datos”, explica Christian Behm, director del Registro Civil, quien llama a que cada repartición haga su tarea y suba “en línea” estos datos.
“Hay un incumplimiento de la ley de muchos ministerios y muchos servicios públicos”, agrega Allendes, cuya fundación ya solicitó información a varias reparticiones al respecto.
El conocer las bases de datos que existen, sería el primer paso para que los ciudadanos pudieran tener un rol más activo a la hora de decidir cómo se usan sus antecedentes.
Allendes explica que en países como Alemania y España existe la “autodeterminación informativa”, es decir que “una persona tiene derecho a acceder a una base de datos donde haya información suya; a rectificar esos datos si se requiere, y a pedir que se cancelen los datos y se borren del registro en los casos en que corresponda. En Chile existe, pero no hay sanciones en caso de que no se realice”.
En el caso chileno, la entidad encargada de velar por la protección de los datos es el Consejo para la Transparencia.
En el organismo dicen que una de sus principales preocupaciones ha sido analizar la experiencia internacional, por lo que el director general del Consejo, Raúl Ferrada, y la abogada jefe del área de normativa, Andrea Ruiz, viajaron en junio a España e Inglaterra para conocer el funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos hispana y la Information Comission Office británica.
Además, el presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, destaca que está en trámite en la Cámara un proyecto que modifica la Ley de Protección de Datos Personales, y que ratifica a la entidad como la encargada de resolver temas sobre datos personales. “El Consejo ha manifestado su interés de participar y colaborar en la tramitación de este proyecto, para lo cual hará llegar sus observaciones en su oportunidad”, plantea.
Consejo de Transparencia solicita informes
El presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, dijo que la entidad está recolectando información sobre las bases de datos que existen en la administración pública y el uso que se da a ellas.
“El Consejo se encuentra recabando información respecto del estado actual de tratamiento de las bases de datos en poder de la administración, para efectos de evaluar la pertinencia de éstas”, dijo Olmedo.
En este ámbito, el rol del Consejo para la Transparencia cobra especial importancia, ya que -según explican en la entidad- éste podría usar sus facultades legales para emitir recomendaciones o instructivos que ayuden a clarificar la materia.
