Una policía integrada a la comunidad y una mayor inversión urbana ayudan a bajar la criminalidad

(El Mercurio. 24/09/2009)

POR ERIKA LÜTERS GAMBOA

Una mayor integración entre la policía y la comunidad y una fuerte inversión en infraestructura urbana han sido los puntales de programas para aumentar la seguridad ciudadana que han tenido éxito en algunas ciudades latinoamericanas.

En Sao Paulo, las autoridades con la ayuda de la policía militar lanzaron en diciembre de 1997 un plan que básicamente consiste en aumentar el patrullaje en las calles para quitárselas a los delincuentes. Para su elaboración se partió de la premisa de que quienes mejor pueden identificar un problema y sugerir su posible solución son los propios afectados.

Y las cifras son alentadoras. En junio pasado, hubo 9,45 homicidios por 100 mil habitantes, el más bajo índice de los últimos nueve meses y el tercero mejor desde 1999.

Integración en Río

En Río de Janeiro funciona desde 2001 un sistema inspirado en una experiencia realizada en Boston. En él participa el grupo de elite policial BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales), encargado de ingresar a las favelas y despejar el camino para el segundo paso.

“Su objetivo no es el factor sorpresa, sino ingresar con una fuerza tal que intimide a los narcos y evitar la confrontación”, dice a “El Mercurio” el director ejecutivo de la ONG Viva Río, Rubem Cesar Fernandes.

Unos dos meses después es el turno de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP). “Su misión es buscar la cercanía con la población, actúa como un ente facilitador de proyectos sociales”, indica Fernandes.

El programa tiene éxito, y en algunas partes los homicidios han bajado a cero, pero su efectividad aún no se refleja en las estadísticas. Esto, según Fernandes, porque “se aplica en decenas de pequeñas comunidades, cuya población no supera las 100 mil personas. Tome en cuenta que sólo en la región metropolitana de Río la población llega casi a 12 millones de personas”.

El desafío ahora es la continuidad del plan y evitar la corrupción. “Se puede controlar el poder de grupos armados, pero no la venta de drogas, que es un comercio ‘hormiga’ y que da el dinero para corromper”, dice.

Para evitar lo anterior se recluta a policías jóvenes, que no estén viciados con el ambiente, y se mantiene una rotación permanente de personal.

“La gente aprecia y quiere el cambio. Lo que falta ahora es modernizar las instituciones del Estado, como la propia policía y la justicia”, concluye Fernandes.

Mejoramiento del entorno como incentivo

En Colombia, especialmente en Bogotá y Medellín, el método empleado para disminuir la violencia se basa en la mejora de la infraestructura urbana y, al igual que en Río de Janeiro, en la integración de la comunidad.

Durante la primera alcaldía de Antanas Mockus (1995-1998) y luego en la de Enrique Peñaloza (1998-2001) en Bogotá, hubo un fuerte incremento de los fondos para la policía y para las obras urbanas.

Se erradicaron barrios peligrosos, con mucha venta de drogas, se inició el sistema del Transmilenio, que le cambió el rostro al transporte público, y se repararon, iluminaron y ensancharon avenidas.

Pero, además, se inició un programa de transformación de la cultura ciudadana para una mejor convivencia social.

“Hubo una serie de medidas simbólicas para que la gente empezara a cumplir con las normas establecidas. Por ejemplo, se redujeron los horarios de atención en la venta de alcohol, especialmente los fines de semana”, señala Hugo Frühling, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, de la Universidad de Chile.

La tasa de homicidios bajó de 80 por 100 mil habitantes en 1994 a 19,2 por 100 mil en la actualidad, según la alcaldía de Bogotá.

En Medellín, ocurrió algo similar. “Allí se invirtió en barrios extremadamente violentos, con más construcciones, entrega de servicios sociales, aumento de la dotación policial y, en general, con nuevas tácticas de acercamiento a la comunidad, con especial énfasis en planes para alejar a jóvenes y niños de las drogas. A falta de Transmilenio, se construyó un funicular que unió a barrios que estaban prácticamente aislados”, indica Frühling.

Tolerancia Cero

Bajo la premisa de que el delincuente chico atrae al grande, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani (1994-2001) impuso la “Tolerancia Cero”, que implicó barrer con cualquier atisbo de criminalidad, por pequeña que fuera. Giuliani puso en acción a 36 mil efectivos de la policía, con los que aumentó la presencia de uniformados en las calles, sacó de las calles a los homeless y a los vendedores ambulantes, ahuyentó a las prostitutas y distanció los sex shops de los colegios.

Durante su administración la delincuencia cayó a niveles récord. Sólo los asesinatos disminuyeron en 70%. Pero las críticas a esta política vinieron porque casi en la misma proporción que caían los crímenes, aumentaron las denuncias por uso excesivo de la fuerza policial, 62%, y en 135% las por registros ilegales.

Según Hugo Frühling, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, de la Universidad de Chile, aún no está probado que sólo esas acciones hayan sido la causa de la reducción de la criminalidad. “En Estados Unidos, en general, la delincuencia violenta ha disminuido. Y ha ocurrido tanto en Nueva York, como en otras ciudades donde no se aplica la Tolerancia Cero”.

¿Sirve esa experiencia como ejemplo para otras ciudades? “Uno puede aprender de ellas, pero no son replicables. Son otras legislaciones, otros medios, otros recursos, otra mentalidad. Basta decir que para entrar a la policía de Nueva York hay que tener dos años de universidad”, manifiesta Frühling.

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2.262

homicidios hubo en Nueva York en 1990.

500

asesinatos se registraron en 2007.