Editorial – Necesidad de voluntad política para avanzar hacia la energía nuclear
(La Tercera.27/09/2009)
Hace algunos días, los principales candidatos a La Moneda -en el seminario Matriz Energética 2010/2030- hablaron de la posibilidad de que Chile se abra a la energía nuclear. Más allá de sus distintas posturas en esta materia, parece positivo que quienes aspiran a dirigir el país incorporen dentro de su análisis en materia de política energética la generación nuclear, fundamentalmente por dos razones: primero, porque esta fuente de energía presenta características y ventajas que no se deben ignorar; segundo, porque la voluntad y el respaldo políticos son clave para impulsar una discusión productiva y, eventualmente, un desarrollo eficiente y seguro.
Aunque el alcance de un tema como éste supera con creces la duración del mandato del próximo Presidente, abordarlo en el contexto de una campaña presidencial es una señal de que se aprecia su importancia. Esto, porque de continuar los actuales patrones de crecimiento de la oferta y la demanda de electricidad, el país se encamina a un escenario de “cuello de botella” energético en el mediano plazo, lo que hace de la ampliación y diversificación de la matriz una prioridad nacional estratégica de primer orden.
Según una investigación reciente de la Universidad de Chile, solicitada por el Ejecutivo, el consumo de energía eléctrica crecerá 3,2 veces en los próximos 20 años. Así, la demanda máxima del Sistema Interconectado Central, que abarca desde Taltal a Chiloé, aumentará desde 7.500 MW a casi 22.000 MW. Además, este estudio proyectó que Chile aumentará su dependencia del petróleo y sus derivados, los que actualmente representan un 55% de la matriz energética, aporte que será de 67% para 2030.
Pese a que el actual gobierno ha encargado diversos estudios en materia de energía nuclear, no ha destacado por su firme voluntad política de impulsar su desarrollo (de hecho, hubo un compromiso explícito de no hacerlo con los grupos ecologistas, quienes se oponían incluso a las evaluaciones de factibilidad). Por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía dio a conocer el mes pasado un estudio encargado por el Ejecutivo a la Universidad Adolfo Ibáñez, que recogió la experiencia internacional sobre los roles que el Estado y el sector privado tienen en la generación nucleoeléctrica. Según este análisis, el país estaría en condiciones de contar con cinco centrales atómicas para 2035, cada una de ellas con reactores de 1.100 megawatts (el proyecto HidroAysén contempla generar 2.750 MW), pero no se han tomado medidas concretas para poner en marcha ese proceso.
Las objeciones a la energía nuclear -en esencia dos: la seguridad de los reactores y el manejo de los desechos radiactivos- son atendibles, pero suelen pasar por alto tanto el historial de una industria excepcionalmente segura (el accidente de Chernobyl, pese a su gravedad, fue la excepción dentro de la regla, y sus causas fueron sobre todo errores humanos), como los avances tecnológicos que la han hecho aun más confiable. La desconfianza en la capacidad humana de operar una industria compleja y potencialmente riesgosa no puede ser la razón que impida desarrollarla, como no lo es en otras industrias con peor récord de accidentes.
Por otra parte, las centrales nucleares generan un 16% de la electricidad que se consume en el planeta, sin emitir gases de efecto invernadero, muy significativo en un escenario de calentamiento global. Países como Francia o Bélgica generaron el año pasado 76% y 54% de su electricidad, respectivamente, con reactores nucleares. La canciller de Alemania, incluso, ha transformado en un eje de su campaña de reelección la propuesta de extender la vida útil de las centrales nucleares que debían dejar de operar en 2020. China tiene 11 reactores y otros 14 en construcción; en América Latina, Argentina y Brasil cuentan con dos centrales cada uno.
Suficientes estudios avalan las razones para sumar esta fuente a la matriz chilena. La decisión política, en cambio -a favor o en contra- ha sido esquiva.
