No quiero pobres al lado mío: paradojas de un desarrollo inclusivo

“¿Cómo es posible utilizar esos terrenos para construir viviendas sociales, Habiendo tanto terreno desocupado, porque echar a perder todo lo que han construido los vecinos del sector?”

Ésta es la pregunta que se plantea en un grupo de Facebook de quienes se oponen a la instalación de un conjunto de viviendas sociales en el sector Norte de Rancagua. Se trata vecinos de la Villa El Sol, quienes han creado un grupo que al 30 de septiembre cuenta con 2.345 miembros. ¿Inquietante? Da para mucho más que una conversación. Se trata del foco mismo de lo que hoy discutimos respecto a construir ciudades equitativas. A continuación intentaremos abordar algunos frentes de la discusión.

Segregación

Ya parece demasiado repetido explicar a qué nos referimos con segregación en Chile. Nuestro país, además de ser uno de aquellos con coeficiente de Gini más desfavorables (grandes desigualdades en el ingreso) en todo el mundo, posee ciudades donde esas desigualdades se manifiestan concretamente en el espacio. Fundamentalmente, existen sectores muy homogéneos donde se agrupan los pobres por un lado, y los ricos, por otro. En Santiago esto se ha descrito como el famoso “cono de alta renta”; un área muy clara en el plano donde hay algunas comunas  en donde viven las familias de altos ingresos (Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina), con muy contadas excepciones.

Sin embargo, más allá de la concentración de “los ricos”, lo más característico y el fenómeno más significativo en la conformación de las ciudades chilenas actuales es la concentración de pobres urbanos. Si bien históricamente los sectores de bajos ingresos han tendido a mantenerse en los márgenes de las áreas urbanas, hay otros factores que han acentuado esta situación. Existe una relación evidente (que no vale la pena discutir) entre el Poder y el ingreso; el poder adquisitivo (por algo se llama así) determina fuertemente la tenencia de la tierra en la ciudad. De no existir políticas públicas que fuerzan la instalación de pobres en sectores cuya tendencia es a la valorización, o acciones de fuerza de los mismos pobladores (en otros países están mucho más acostumbrados a ésto), simplemente los pobres se van a los extramuros o arrabales.

Pues bien, hasta principios de los 70s la situación en Chile era bastante parecido al de otros países latinoamericanos. Sin embargo una situación política primero determinó la erradicación de muchas de las “tomas” de entonces, y a partir de los 80s comenzaron a operar políticas públicas de subsidio al mercado de viviendas económicas como forma de reducir el déficit de vivienda. En los gobiernos de la Concertación se intensificaron estas políticas construyendo una enorme cantidad de unidades e incluso logrando reducir el déficit. El lado B de este “éxito” fue la localización y la segregación. Se han construido enormes trozos de la ciudad formal en donde sólo viven pobres. La razón de esto es fundamentalmente el factor del precio de suelo, puesto que el sistema de subsidio es un incentivo a la localización en sectores donde los valores son menores, es decir, alejados y donde se concentran sectores considerados “indeseables”.

Intentos por corregir el modelo

Ha sido acercándonos al Bicentenario cuando la agenda urbana se ha volcado fuertemente hacia una “Nueva Pobreza Urbana” chilena, caracterizada por nuevas condiciones materiales. Ya no tenemos tantos pobres  viviendo en las típicas “poblaciones callampa”, sino que ahora se concentran en conjuntos de vivienda que el Estado financió a través de sus políticas públicas. Un factor importante es que estos lugares fueron construidos, en general, con escasos equipamientos educacionales, de salud, bajos estándares de espacios públicos y, por sobre todo, absolutamente alejados del trabajo.

En este sentido han surgido, dentro del mismo marco de política pública subsidiaria, iniciativas para mitigar los incentivos perversos dentro del sistema que determina la localización de la nueva vivienda. Así apareció, por ejemplo, el subsidio a la localización, para mitigar el factor de la lejanía determinada por los precios del suelo disponible para construir.

Iniciativas de Vivienda Social Dinámica Sin Deuda, en conjunto con los subsidios e intentos por hacer de la localización un factor de integración de los sectores a las dinámicas positivas de la economía urbana (como es el caso de la calidad de vida en los entornos residenciales y el acceso al trabajo), intentan ahora perfeccionar el sistema para que la nueva vivienda genere menos situaciones de segregación y, lo que es peor, aumento de las diferencias de oportunidades.
Los conjuntos Punta del Sol I y II en Rancagua son parte de esta nueva generación de proyectos.

Diferencias de clase, y el caso de Rancagua

Sabatini y Salcedo explican cómo se ha reducido la escala de la segregación en los últimos años, al menos en Santiago. La razón no es una política pública sino el funcionamiento del mercado. Básicamente, ante el agotamiento de los ternos urbanos de expansión de la ciudad en baja densidad, las únicas alternativas para inversión inmobiliaria para grupos de ingreso medio han sido los terrenos contiguos a sectores de vivienda social en comunas como Puente Alto, San Bernardo o Quilicura. Hay ahí una nueva posibilidad de reducir las brechas socioespaciales, pero también un nuevo foco de conflicto.

Se ha comenzado a estudiar como la convivencia de distintos estratos socioeconómicos, muchas veces cercanos, generan intensos conflictos sociales. Principalmente éstos se dan por un rechazo de los grupos “de arriba” hacia quienes consideran bajo una línea divisoria, marcada en el mercado de viviendas por la disponibilidad de subsidios.

Comenta Rodrigo Salcedo: “Hay un nicho entre las 450 y las 700 UF, que no cubre el mercado, en que no hay oferta. Lo notable y terrible es que por fuera esas dos casas de distinto valor, no tienen ninguna diferencia. La economía de escala de las 450 UF te lo comió todo. Entonces, esa persona que no podría pagar una casa de 650 pero sí una de 500 UF, tiene dos alternativas: o se queda viviendo de allegado eternamente, hasta que mejore sus condiciones, o le miente a la FPS y se rebaja, cosa que hace mucha gente para obtener subsidio. Pero la gente que sí puede pagar las 650 UF, finalmente obtiene un producto que es igual a la Vivienda Social; esa persona tiene que establecer un criterio de distinción, que te lo da muchas veces la inmobiliaria poniéndole un nombre “Condominio Valle de los no sé qué”. Es interesante notar que la gran mayoría de las familias de Clase Media son, en alguna medida, especuladores inmobiliarios. Tu casa es tu único bien, y por eso todos quieren que su casa suba de precio, para que cuando en el ciclo vital la casa te quede grande, irte a un lugar más chico y vivir del resto. Esa es la aspiración de toda la Clase Media, y eso requiere que los barrios no se deterioren. Cuando uno habla de los “especuladores inmobiliarios” en genérico, tiene que ver en qué medida uno lo es; en otra escala, pero un especulador al fin y al cabo.” (Fuente: libro Agenda Pública, editado por Cientodiez)

La situación en regiones no es la misma que Santiago, principalmente por un problema de escala. Aunque puede ser mucho peor en términos de estigmatización y concentración. Si bien las diferencias en términos de, por ejemplo, el acceso al trabajo, pueden ser menores producto de las menores distancias, contamos hoy con auténticos guetos en varias ciudades de regiones. Alto Hospicio en Iquique, Las Compañías en La Serena, Alerce en Puerto Montt, y el sector Nor-Oriente en Rancagua. Se trata del gueto chilensis.

Este caso de Rancagua es un proyecto que se sale de esta dinámica. En lugar de ubicarse en uno de los sectores donde se ha ubicado la vivienda social en las últimas décadas, es decir, hacia el Nor-Oriente de Av. República de Chile y Av. La Compañía, el proyecto de los cojuntos Punta del Sol I y II se insertan en el límite Norte de un eje de desarrollo tradicionalmente orientado a la Clase Media, a lo largo de el eje Av. España – Kennedy. No se trata de “cuicos”, como dice en alguna parte del posteo de Facebook. Se trata de sectores de Clase Media que se instalaron allí en los 90s. El sector llegó a vislumbrar dinámicas de valorización tales que a principios de los 90s existió fuerte inversión privada en comercio, instalándose el emblemático Mall “Punta del Sol”, que hoy se encuentra abandonado y antes del Bypass era una referencia obligada de quienes viajaban hacia el Sur.

Se trata de un lugar que vive dinámicas de reconversión producto de grandes paños de actividad industrial y comercial fallida, como es el caso del antiguo mall y de ruinas de instalaciones industriales. Hoy en el sector, así como en muchos lugares de residencia de grupos medios que se consolidan en las ciudades chilenas, posee una creciente oferta educacional escolae e incluso una sede del Inacap, además de comercio y cercanía con diversos tipos de equipamiento, además de una accesibilidad privilegiada producto de la autopista (que hoy pasa a ser más parte de la infraestructura urbana que de la nacional, producto del Bypass) y del transporte público en Recreo y Av. Kennedy.
Se trata, entonces, de un lugar poco usual para instalar Viviendas Sociales. Si hablamos de integración, es un buen lugar. El tema es que, al pasar del discurso a la práctica, parece haber conflictos sociales que son parte de lo más importante que tiene que resolver el diálogo ciudadano en Chile.

La manzana de la discordia

Disculpando la extensión de este post (convendrán algunos que este tema tiene muchas aristas y da para mucho), me apresuro en cerrar con algún tipo de reflexión. Evidentemente aquí, más allá de lo políticamente correcto y los apelativos descalificadores como “los cuicos” o “los flaites”, creo que el foco está en un nuevo orden de conflictos urbanos a los que nos iremos acostumbrando, que es el conflicto entre intereses públicos, colectivos y privados, los impactos, las compensaciones y la resolución de las diferencias. Se trata, en suma, de un problema de Poder y Democracia.

Es verdad que una Vivienda Social, en términos del mercado de suelos, al simplemente mencionarla implica un nivel de desvalorización del patrimonio de algunas familias. Sin embargo, también es verdad que incluir a las familias beneficiadas en ese tipo de terrenos les abre un nivel de oportunidades que jamás tendrán al estar en cualquier otro terreno. Entonces ¿cómo decidimos?

Aquí se trata de un debate político que involucra desde los conflictos de intereses más cercanos hasta el sentido mismo de las acciones del Estado. Como bien dice Salcedo, al final cada uno de los protagonistas de este conflicto es un pequeño especulador inmobiliario. Lo que está en juego son las reglas del juego que permiten coexistir en una democracia liberal ¿o no? Lo que queda claro, para mí, es que no se puede tratar este conflicto como si fuese un conflicto barrial asociado al desarrollo urbano como los que hoy aparecen día a día en defensa de barrios emblemáticos. Es distinto verse afectado por un proyecto que capitalizará beneficios privados (un edificio inmobiliario) a uno que capitaliza beneficios sociales, en el que el beneficio privado de las familias que serán las nuevas propietarias será posiblemente uno de las pocas herramientas re-distributivas que SÍ funcionarán, concretamente, en el país. Se trata de redistribuir la riqueza (urbana), tal vez en menos de una generación.