Editorial – Cuentas públicas de Carabineros
(El Mercurio. 02/10/2009)
Un valioso paso ha dado Carabineros de Chile al entregar una nueva cuenta pública de la labor de 174 comisarías del país, en la que desde ellas se informó sobre sus dotaciones policiales, uso de recursos y cifras de denuncias y comisión de delitos, entre otros aspectos. Este proceso permite una mayor integración con los habitantes de las comunidades en que esas unidades policiales desarrollan su labor, y sienta bases más permanentes para un diálogo que contribuya a un combate más eficaz de la delincuencia. Lo dicho tiene gran importancia, porque, en general, por el carácter centralizado de esa institución, su interacción con la comunidad es limitada, lo que, a la luz de la experiencia mundial, resulta un obstáculo para el diseño de una estrategia policial local, factor clave para la eficacia de la misma.
Cabe recordar que la delincuencia es la principal preocupación de la ciudadanía, lo que no extraña, pues la estabilización en las cifras de victimización en los últimos años ha ocurrido a un nivel bastante alto: el año pasado, en el 35 por ciento de los hogares, uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito, lo cual explica los elevados niveles de temor.
La acción de Carabineros es clave en la disminución de la delincuencia y del temor, particularmente mediante la prevención. Por eso, estos ejercicios de información deben ser el primer paso en una estrategia más ambiciosa de rendición de cuentas de la policía uniformada. Para ello debería ayudarla el hecho de que goza de alta credibilidad en la ciudadanía, a lo que contribuyen, entre otros factores, el bajo nivel de corrupción entre sus filas y el profesionalismo con que actúan sus integrantes.
Los elementos que deben acompañar a una estrategia de esta naturaleza incluyen diagnósticos más acabados de la realidad delictiva en cada área geográfica servida por una comisaría, así como la fijación de metas muy concretas, que se deriven específicamente de esos diagnósticos. Por cierto, tales metas deben guardar relación realista con los recursos disponibles y aspirar a establecer reducciones precisas en los niveles de victimización de cada zona. Y una sana competencia entre los responsables de las distintas unidades policiales supone informar adecuadamente sobre el cumplimiento de las metas fijadas y de las razones de incumplimiento, si así sucediese.
Una policía centralizada tiene ventajas y desventajas. Entre estas últimas, es dañina la falta de rendición de cuentas a la comunidad que se sirve, precisamente en el ámbito que a ésta más interesa, cual es la reducción de los delitos en su entorno: como es obvio, el robo de animales interesará quizá a una localidad rural, en tanto que ciertas modalidades de asaltos domiciliarios serán prioritarios para determinadas comunas o barrios urbanos, y las respectivas estrategias policiales deberían ser diferentes en cada caso. Avanzar en esta dirección contribuiría a establecer más vínculos y a no olvidar esta responsabilidad, que es parte de la función de las policías más exitosas del mundo.
Una estrategia efectiva de combate a la delincuencia requiere establecer responsabilidades bien definidas y propósitos específicos, cuyo cumplimiento pueda ser evaluado sobre la base de indicadores objetivos. El país ha elevado el gasto fiscal en orden público y seguridad desde 0,9 por ciento del PIB, en 1995, a 1,5 por ciento en 2008, y el 45 por ciento de ese gasto se realiza en policías. Es indispensable asegurar que él se utilice del mejor modo posible. Carabineros tiene un muy alto nivel de desempeño, pero su labor podría ser aún más eficaz si sus distintas unidades estuviesen sometidas a un escrutinio público más exigente y participativo. Ésta es una tendencia hacia la que deben moverse todos los servicios públicos, y las policías no pueden ser una excepción.