Editorial – Revés en concesión de hospitales
(El Mercurio. 05/10/2009)
En estos días ha sido motivo de discusión pública la modalidad en que serán construidos y operados cinco recintos hospitalarios. Por una parte, una carta enviada por el ministro de Salud al de Obras Públicas, a mediados de septiembre y publicada por este diario, hace explícita la intención del primero de concesionar tanto la construcción como la operación de los recintos. Sin embargo, el 29 de septiembre, el ministro de Obras Públicas desechó la idea de permitir la participación de privados en la operación clínica de los hospitales, declaraciones que fueron ratificadas también por Salud. Así, el apoyo expresado en un principio por la Asociación de Concesionarios y la Cámara Chilena de la Construcción a la ampliación del ámbito de acción de la empresa privada fue prontamente dejado atrás, al acogerse el planteamiento del Colegio Médico y otros entes gremiales que abogan por fortalecer la salud estatal.
Este caso es ilustrativo de cómo se formulan las políticas públicas en materias como éstas. Desde luego, no tiene sustento afirmar que los naturales objetivos redistributivos en políticas como educación o salud -que buscan permitir el acceso generalizado de la población de menos ingresos a estos servicios- signifiquen necesariamente que ellos deban ser proveídos por el Estado: por cierto, éste tiene la potestad exclusiva de recaudar los impuestos requeridos y de asignar los subsidios respectivos, pero los servicios en sí pueden ser entregados tanto por privados como por el Estado. Durante las últimas décadas, los avances teóricos y la información empírica acumulada permiten sostener que la provisión de bienes y servicios es, en general, realizada de forma más eficiente por organizaciones privadas, y eso beneficia más a los usuarios, que es lo que la sociedad desea.
En el caso de Chile, este conocimiento ha logrado, por ejemplo, influir significativa y positivamente las políticas en materia de infraestructura. De hecho, la construcción de los referidos recintos hospitalarios ya no fue ahora motivo de discusión. La provisión de servicios clínicos, en cambio, dio lugar a la exitosa oposición del gremio médico, grupo de interés que vería mermado su poder si prosperaran iniciativas como la que inicialmente se insinuó. Esto es lamentable, pues la experiencia en concesiones tanto de infraestructura como de cárceles debería utilizarse para perfeccionar también el diseño de los respectivos contratos en el área de salud, para asegurar que se logren los máximos beneficios sociales posibles. Sin embargo, en este caso, el provecho gremial de unos pocos implicará un costo en calidad de atención médica para muchos.
