Ley obligará a remodelar 5 mil ascensores en Santiago en los próximos 12 meses

(El Mercurio. 19/10/2009)

POR NADIA CABELLO Y DAVID MUÑOZ

Largos tiempos de espera, paradas en pisos equivocados y peligro de quedar atascados en cualquier momento en los elevadores es lo que viven a diario los vecinos de las Torres Carlos Antúnez, en la comuna de Providencia. En este edificio, que data de 1970, sus instalaciones ya están obsoletas, en una situación que no sólo es molesta para los vecinos, sino también insegura.

Es una realidad que, según las principales empresas de ascensores del país, se repite en cerca de 5 mil elevadores sólo en la Región Metropolitana. La mayoría de ellos son antiguos y necesitan remodelarse con urgencia antes de que comience a operar la nueva Ley de Instalación, Mantención e Inspección de Ascensores, que regirá para edificios residenciales y públicos.

Es un tema de importancia si se considera que del total de viviendas que se construyen actualmente, el 70% son edificaciones en altura. Además, se calcula que en el país hay cerca de 100 mil inmuebles con ascensores.

Si bien la norma fue promulgada en octubre del año pasado, recién comenzará a operar en 2010. Desde esa fecha funcionarán empresas certificadoras que entregarán un sello a los edificios con la lectura “Instalación operativa” o “Instalación no operativa”, tal como ocurre con los sellos verdes, rojos y amarillos de las instalaciones de gas.

Los municipios deberán crear un registro con la situación de cada edificio de su comuna, y en los casos de aquellos que no pasen la prueba se notificará al Juzgado de Policía Local y se cobrarán multas que pueden llegar a las 150 unidades de fomento (más de $3,1 millones).

Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, explica: “La certificación se renovará cada dos años;, sin embargo, a los edificios construidos antes de la entrada en vigencia de la ley se les exigirá una certificación inicial antes de un año”.

La nueva ley viene a llenar un vacío legal, pues hasta el momento no hay fiscalización externa de la calidad de los ascensores, y realizar las mantenciones -que deben hacerse mensualmente– queda a criterio de los dueños de los edificios.

El presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, Juan Carlos Latorre, explicó: “Son los propietarios o copropietarios los responsables de la mantención y certificación de los ascensores, por lo que las multas irán dirigidas a ellos directamente”.

Qué dicen los afectados

PAOLA CARRASCO

Vive en la Torre 31 de Carlos Antúnez en Providencia y dice que subir a su ascensor es una odisea. “Puedes pasar fácilmente 15 minutos esperando el ascensor y cuando te subes nunca sabes dónde va a parar. Yo me bajo en cualquier piso y de ahí uso las escaleras. Tenemos miedo porque ya se han quedado atascados y podría ocurrir un accidente fatal”

PATRICIA ANDERSON

Es la administradora de una de las Torres de Carlos Antúnez y está consciente del problema de los elevadores. “Estos edificios van a cumplir 40 años y ya ni siquiera encontramos los repuestos para remodelarlos. Para cumplir con la nueva ley vamos a tener que invertir casi $ 95 millones para cubrir los cuatro ascensores que tenemos”.

SANDRA RIDD

Vive en las Torres San Borja, en la comuna de Santiago, y asegura que siempre tiene problemas con al menos uno de los dos ascensores disponibles en su edificio. “Hace poco vinieron a arreglar uno, pero no va a pasar mucho tiempo y el otro se va a echar a perder. Siempre pasa lo mismo. Ya ha pasado que gente se ha quedado atrapada en los ascensores y han tenido que rescatarla. Yo no sé si aquí se hacen las mantenciones, pero están incluidas en nuestros gastos comunes”.

El caso del accidente en el Palacio Riesco

En la Fiscalía Centro Norte se reactivó hace unos meses la indagatoria por la muerte de la estudiante Priscila Guzmán Valdés (24), quien quedó atrapada al interior de un montacargas en el Palacio Riesco. Esto ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2006, cuando la joven trabajaba como garzona durante un matrimonio que se celebraba en el lugar. Desde aquella fecha, la investigación penal no ha tenido resultados, pese a que un sumario sanitario estableció que la muerte se produjo por “grave inobservancia de las normas de seguridad”. La joven murió por asfixia, al quedar atrapada entre los fierros laterales. De hecho, fueron multadas la empresa dueña del palacio y la empresa banquetera que contrató a la estudiante de parvularia. Esto se debe a que el montacargas no tenía acrílicos laterales ni condiciones mínimas de seguridad, lo que no fue advertido por los responsables.

En julio pasado, el abogado de la familia Guzmán, José Luis Andrés, solicitó a la fiscalía que formalice la investigación por cuasidelito de homicidio, después de tres años. Esto, en contra de las dos personas encargadas del recinto. La decisión podría ser determinada en los próximos días por el fiscal Patricio Cooper.