Editorial – Trámites ambientales de HidroAysén
(El Mercurio. 30/10/2009)
La llegada a la Corema de Aisén de un camión cargado con las respuestas de HidroAysén a más de dos mil 500 observaciones ambientales causó impresión: casi cuatro mil páginas de respuestas, además de cajas con los antecedentes que las respaldan. Es posible que HidroAysén haya querido poner de relieve la burocracia ambiental en Chile, pero no hay duda de la ineficiencia de los procedimientos actuales. Peor aún, las autoridades regionales deberán revisar ese estudio y formular nuevas observaciones antes del 10 de noviembre. Es poco creíble que en Aisén, o aun en Santiago, exista la capacidad de análisis necesaria para evaluar semejante masa de antecedentes en tan corto plazo.
Las deficiencias en los procedimientos causan un costo social, por la cantidad de recursos que se destinan a plantear y a responder las observaciones, y también por la incertidumbre que para los actores significa la dependencia de un análisis que no puede ser sólidamente fundado en el escaso tiempo de que se dispone: parece poco creíble que la decisión final pueda basarse sólo en los antecedentes presentados, y queda la impresión de que, a la postre, hay influencia de motivos políticos.
El proyecto HidroAysén es una fuente de energía poco contaminante y renovable. Desde el punto de vista ambiental, un proyecto de esta especie tiene su mayor impacto en la ecología del río y sus riberas, pero no es en eso que se centran los cuestionamientos ambientales, sino en aspectos incidentales y de menor cuantía, como las características de las centrales auxiliares. La verdadera oposición al proyecto se debe a su efecto sobre la imagen de la Patagonia como un territorio no intervenido por el hombre —pese a los incendios de los colonos que destruyeron buena parte de los bosques originarios—, lo que tendría un costo para el turismo y para la imagen de Chile. Además, HidroAysén enfrenta el problema de transmitir la energía al centro del país. La oposición ambiental se centrará en el impacto visual y los territorios indígenas por los que podría pasar la línea en corriente continua.
Contra tales costos del proyecto se deben considerar sus beneficios. En ausencia de HidroAysén u otras iniciativas similares, la capacidad de generación se expandirá sobre la base de centrales de carbón, por ser más baratas y eficaces en el corto plazo que las energías no convencionales. Los precios actuales de la electricidad superan a los de otros países semejantes, por lo que la expansión del sistema mediante energías no convencionales es un lujo demasiado caro. El resultado es que la contribución del carbón a la producción de electricidad en Chile será la más alta de América Latina a mediados de la próxima década: tendremos la matriz energética que más contribuya (en relación con los tamaños del mercado) al calentamiento global. En consecuencia, es probable que en el futuro nuestras exportaciones enfrenten impuestos que reduzcan su competitividad.
En suma, tanto si se usan fuentes térmicas o no convencionales, la electricidad será aún más cara en el futuro. Esto evidencia la necesidad de desarrollar la hidroelectricidad, y acaso la energía nuclear.
Volver a desarrollar la hidroelectricidad requiere una reforma del sistema de evaluación ambiental. No se trata de hacerlo menos estricto, sino de crear un procedimiento expedito, de mayor capacidad resolutiva y menos impredecible. La reciente propuesta de un tribunal ambiental podría contribuir a reducir el problema si dicho tribunal estuviese estructurado en una forma que dé confianza en cuanto a su independencia y su capacidad de análisis, y que sus decisiones evalúen correctamente los costos y beneficios de los proyectos que se le sometan.
