Columna – Qué ganamos y qué perdimos
(La Nación. 05/11/2009)
Por Paola Vasconi
En una jornada maratónica, la Comisión de Medio Ambiente del Senado dio luz verde al proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización, que ahora pasa a la Comisión de Hacienda y luego a la sala para finalizar su segundo trámite constitucional. Los hechos comenzaron el 26 de octubre con la firma de un acuerdo político entre el gobierno, los senadores Longueira (UDI), Allamand y Horvath (RN), por la Alianza, y Letelier (PS) y Alvear (DC), por la Concertación, que permitiría apurar el trámite de este proyecto, para que pueda promulgarse antes del fin del mandato de la Presidenta Bachelet.
El acuerdo informado como un pacto entre el gobierno y senadores de todas las bancadas, pese a que los representantes PRSD y PPD y los independientes no lo suscribieron, porque hubiese significado transgredir principios y reivindicaciones históricas, apoyadas por este grupo de parlamentarios en sus indicaciones al texto. Luego la jornada transcurrió entre las 21:45 del martes 27 y las 6:30 del miércoles 28 y su tónica fue que el Ejecutivo aprobó mayormente su proyecto con votos de la Alianza y que los senadores Navarro (independiente) y Girardi (PPD), representantes de las demandas ciudadanas, perdieran 3-2 sus indicaciones.
La reforma a la institucionalidad ambiental nace de una demanda ciudadana y de las organizaciones que trabajan estos temas, a propósito de los vacíos legales e institucionales de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (1994), que durante 15 años se han reflejado en conflictos emblemáticos, como La Farfana, Pascua Lama, Celco-Valdivia, entre muchos. Esta demanda fue acogida por la entonces candidata Michelle Bachelet e incorporada a su programa de gobierno. Es por tanto un punto relevante del Acuerdo Chagual suscrito con varias organizaciones ambientales.
Pero a diferencia de otras reformas impulsadas -previsional, educación- por el llamado gobierno ciudadano, la reforma a esta institucionalidad no generó mesa de diálogo, comisión de reforma u otro espacio de participación en que los sectores pudieran discutir la reforma y el cumplimiento de los compromisos de la Presidenta.
Este espacio sólo se abrió una vez que el proyecto ingresó al Congreso (junio de 2008), cuando el Ejecutivo ya había determinado su ruta. Sólo a partir de ese momento los distintos actores tomamos conocimiento de los términos de la reforma del Ejecutivo, que claramente no respondió a muchas de las demandas históricas -generadoras de conflictos- de la ciudadanía. Para beneficio nuestro, muchas fueron incorporadas durante la discusión en la Cámara, sobre todo en torno a la participación ciudadana. Pero el acuerdo político y la premura del gobierno por sacar el Ministerio de Medio Ambiente y demás instituciones cercenó muchas de nuestras aspiraciones.
La firma de este acuerdo significó la operación de una aplanadora ambiental, que impidió abordar en profundidad temas como la participación ciudadana, los conceptos y definiciones, el Servicio de Áreas Protegidas y Conservación de la Biodiversidad, entre muchos. La aprobación en sus actuales términos significará una pesada carga para el próximo gobierno, cualquiera sea, porque deberá asumir los costos de haber aprobado una deficiente institucionalidad ambiental, incapaz de resolver los problemas actuales y futuros.
