Editorial – Necesidad de mejores políticas urbanas
(El Mercurio. 06/11/2009)
Las ciudades de Chile han experimentado un importante crecimiento en las últimas décadas por la expansión demográfica, la migración del campo a la ciudad y el desarrollo económico. Actualmente, nueve de cada 10 chilenos viven en ciudades y, de acuerdo con las proyecciones, hacia 2030 existirán cerca de cuatro millones de nuevos habitantes urbanos.
Pero el desarrollo de la ciudad ha ido poniendo en evidencia la falta de políticas urbanas claras, el déficit institucional y la poca prioridad que han asignado las autoridades a los temas urbanísticos. Durante décadas, la gran mayoría de las transformaciones de las ciudades chilenas ha mostrado la falta de una mirada pública amplia. Muchas veces se han construido o destruido espacios públicos sin una planificación adecuada en aspectos viales, en áreas verdes o en infraestructura pública. Por otra parte, los planes reguladores de las comunas —sujetos, además, a cambios constantes— no se han hecho cargo de la totalidad de externalidades negativas que surgen con cada nuevo proyecto.
Además, existen áreas poco claras en temas centrales de la ciudad, como, por ejemplo, en la responsabilidad de la pavimentación de las calles, que en algunos casos corresponde al MOP, en otras al Serviu y en otras a las municipalidades. Esto causa múltiples descoordinaciones de los entes responsables y la ciudad se ve afectada en su calidad de vida, infraestructura y costo económico a resultas de la deficiente institucionalidad.
Chile ha arrastrado a lo largo de su historia un déficit de claridad respecto de hacia dónde deben ir la gestión y la planificación de la ciudad. Las dos leyes urbanas que ha tenido nuestro país —el DFL N° 345, “Ley General de Construcciones y Urbanización”, de 1931, y el DFL N° 458, “Ley General de Urbanismo y Construcciones”, de 1976— dan cuenta de esa precariedad.
Por ejemplo, una de las políticas principales de planificación urbana que ha seguido Chile es la de ir estableciendo límites de altura o de crecimiento de la ciudad. Sin embargo, ellos se han ido rediseñando constantemente, en forma improvisada o con el riesgo implícito de corruptelas, ya que decisiones discrecionales de ciertas autoridades han significado importantes rentabilidades económicas para algunos grupos. Y, en todo caso, las ciudades son dinámicas, y los hechos demuestran la inconveniencia e imposibilidad de detener el crecimiento por decreto. El desafío real es cómo guiar ese crecimiento de manera responsable, sustentable y armónica, como muchas ciudades desarrolladas lo han logrado.
Hoy se pretende solucionar parte de esos problemas mediante un proyecto de “Ley sobre Planificación Urbana” que se discute actualmente en el Congreso y que, aparentemente, debería aprobarse en poco tiempo más. Sus objetivos principales buscan mejorar la participación ciudadana, aportar flexibilidad a los planes reguladores y acoger la diversidad de las ciudades. Él incluye aspectos valorables, como la realización de “consultas tempranas” a la ciudadanía, en las que se expongan los objetivos de una modificación a los planes reguladores. Esto es conveniente, ya que abre un canal de participación probablemente apropiado al creciente interés colectivo en los temas urbanísticos, pero tiene el peligro de que esa participación —o determinados grupos de interés— “capture” el desarrollo de la ciudad si no se aplica adecuadamente.
Más allá de las leyes específicas, se requiere que las autoridades asuman la importancia que hoy tiene lo urbanístico —algo que ha estado ausente en la gestión pública e, incluso, en el actual debate electoral—. La ministra de Vivienda y Urbanismo ha tenido una gestión correcta y ha desarrollado una política en general positiva, pero en esta materia no ha podido saldar el déficit que arrastra su ministerio hace ya décadas.
