Editorial – La institucionalidad ambiental que nos merecemos
(El Mercurio. 10/11/2009)
Ana Lya Uriarte
Ministra de Medio Ambiente
No son pocas las veces en que la desinformación logra imponerse por sobre la realidad de los hechos. En el caso del proyecto de nueva institucionalidad ambiental han trascendido opiniones que dan cuenta de un profundo desconocimiento de lo que contiene esta reforma que viene siendo tramitada en el Congreso desde junio de 2008.
Revisemos algunas aristas del proyecto. Nadie podría negar que hoy en Chile la fiscalización sea débil y dispersa. Por ello, el proyecto de nueva institucionalidad concentra esta tarea en un servicio poderoso, como es una superintendencia, con fiscalizadores que son ministros de fe y elevando las multas. La más alta hasta ahora en materia ambiental alcanza un millón y medio de pesos. Se está elevando a cuatro mil millones de pesos de acuerdo a la gravedad de los hechos, es decir, introduciendo elementos disuasivos para que las empresas cumplan las normas. Por otra parte, el Tribunal Ambiental permitirá que todos los ciudadanos, no sólo los titulares de proyectos, puedan recurrir para hacer valer sus derechos ambientales.
Respecto de la participación ciudadana, son varios los instrumentos considerados, aunque por espacio sólo me referiré a algunos. Hoy los ciudadanos sólo pueden participar al inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental y si el proyecto se modifica en el transcurso de la evaluación no tienen posibilidades de volver a opinar. La nueva institucionalidad establece que si el proyecto se altera tendrá necesariamente que haber otra etapa de participación ciudadana. Hoy también, el 94% de los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son evaluados mediante Declaraciones de Impacto Ambiental y el número más significativo de proyectos son los que imponen gravámenes a las comunidades, es decir, proyectos de saneamiento ambientales tales como rellenos sanitarios, plantas de tratamientos de aguas servidas, así como proyectos energéticos, de infraestructura, etc. El cambio que se propone es que estos proyectos mayoritarios, que imponen cargas ambientales a las comunas donde se localizan, tengan un espacio de participación ciudadana garantizada. ¿Por qué sólo algunas pocas comunas tienen que soportar el peso de los beneficios de toda una región?
Por otra parte, se aborda la falta de información, ya que es asimismo una carencia de la actual normativa y atenta contra la participación. El nuevo Ministerio de Medio Ambiente garantiza que una vez al año se entregue a nivel nacional y regional un estado de la calidad del Medio Ambiente, y cada cuatro ese informe sea de carácter comunal.
Por último, creo necesario relevar que la nueva institucionalidad contempla evaluación ambiental estratégica; ello quiere decir que todas las políticas, programas o instrumentos de planificación territorial, como los planes reguladores, seccionales o intercomunales, serán sometidos a este análisis, donde la variable ambiental y la participación ciudadana están incorporadas.
Creemos que con ello y con el conjunto de nuevos instrumentos de gestión que considera este proyecto de reforma, podremos subir de categoría la variable medioambiental, que hoy es decisiva en los países desarrollados y clave para la competitividad de Chile en el concierto de naciones. Así, pasaremos de una sola institución (Conama) a cuatro: Ministerio, Superintendencia del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y Tribunal Ambiental, existiendo además un acuerdo transversal para la presentación del proyecto que regulará el contenido del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
La nueva institucionalidad ambiental que se propone permitirá por sobre todo que pensemos y proyectemos el Chile que queremos en términos de su medio ambiente y la calidad de vida a que aspiramos para esta generación como para las generaciones futuras.
