Editorial – Las ventajas de la nueva institucionalidad medioambiental
(La Tercera. 16/11/2009)
Una política pública consistente en materia medioambiental, como en cualquier otro ámbito, requiere de leyes y normas que establezcan un marco regulatorio claro, pero también, al mismo tiempo, de una autoridad responsable, con atribuciones y límites conocidos. Esta condición no estaba siendo cumplida en Chile, lo que debilitaba seriamente los esfuerzos realizados en el último tiempo para mejorar los estándares ambientales del país.
Por ello, es un avance significativo que la semana pasada el Congreso terminara de aprobar la creación de una nueva institucionalidad ambiental. Se espera que el próximo año se establezca el Ministerio de Medio Ambiente, la superintendencia del ramo y un Servicio de Evaluación Ambiental. Entretanto, queda pendiente la aprobación del proyecto de ley que instaura un Tribunal Ambiental.
Estas iniciativas, fruto de un acuerdo político entre el gobierno y la oposición, apuntan a fortalecer una institucionalidad que, en el pasado, ha demostrado serias falencias a la hora de enfrentar los múltiples desafíos que han surgido en materia medioambiental en el país.
Una de las principales críticas que se le hacen a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) -el actual organismo rector en esta materia- es la excesiva influencia que tendrían las consideraciones diferentes a las técnicas -políticas o de otro orden- en la toma de decisiones. Basta recordar que tanto en 2007 como en 2008, la autoridad ambiental no implementó la ampliación de la restricción vehicular a automóviles con el sello verde durante episodios críticos de contaminación ambiental. Esto, a instancias del Ministerio de Transportes, que estimó excesivos los efectos de esa medida en la locomoción pública de la capital, cuando el Transantiago era una crisis para el gobierno: las autoridades no estuvieron dispuestas a asumir los eventuales costos políticos, pese al perjuicio a la salud de la población.
Estas falencias se pretenden subsanar con la creación de la superintendencia -que fiscalizará el cumplimiento de la normativa ambiental- y del Servicio de Evaluación Ambiental, para evitar, mediante un nuevo procedimiento, el tratamiento fraccionado de los proyectos sometidos a evaluación (sólo un organismo estaría a cargo de su tramitación). También, al establecer una relación vinculante entre los pronunciamientos técnicos y la aprobación de los proyectos.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta normativa -como otras- corre el riesgo de ser letra muerta si no existe la suficiente voluntad política para hacer efectiva su aplicación, como ocurrió con el sistema de ventanilla única.
Otra de las frecuentes críticas hacia la Conama tiene relación con la escasa celeridad a la que se tramitan los proyectos de evaluación ambiental. En el caso de HidroAysén, por ejemplo, a la empresa le tomó más de un año responder las cerca de 2.700 observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental, que presentó en agosto de 2008, emanadas de 32 organismos públicos. Ahora debe esperar la resolución de los servicios públicos con competencia en materia ambiental de la Región de Aysén. Con la nueva institucionalidad se espera que los plazos se reduzcan al aclararse las competencias de los organismos, lo que también debería reducir las reclamaciones judiciales.
A esto último debería contribuir, asimismo, el Tribunal Ambiental, que tendría una composición mixta de tres abogados y dos profesionales del área de las ciencias o la economía. Aquí cabe llamar la atención sobre la proliferación de tribunales especializados. Si bien pueden representar un avance en materias bajo su jurisdicción, como familia o libre competencia, se deben tomar resguardos para que no sean “capturados” por grupos que frecuentemente recurren a ellos.
En una materia tan sensible como el medioambiente, son positivas las reformas que perfeccionan la institucionalidad encargada de velar por él. Ahora resta por ver si muestran los resultados que se esperan de ellas.
