Editorial – Estándares ambientales
(El Mercurio. 21/11/2009)
Actualmente se discute la necesidad y el tipo de norma que regulará la contaminación con material particulado fino (MP 2.5). Estas partículas son más peligrosas que el particulado grueso, que hasta ahora era el objeto de la regulación.
Los estudios internacionales son convincentes en mostrar que las partículas finas elevan las tasas de problemas respiratorios, cardiovasculares y de cáncer en la población. Según la Organización Mundial de la Salud, sólo cuando se baja a niveles de 10 microgramos por metro cúbico se dejan de observar esos efectos adversos, por lo que recomienda ese estándar. Siendo evidente que se requiere una norma que avance hacia ese objetivo, la discusión radica en cuánto es el tiempo prudente para alcanzarlo, ya que eso tiene un importante costo para los procesos industriales. Una reducción demasiado rápida podría afectar a la actividad y al empleo.
El Gobierno ha planteado un esquema de reducciones en el tiempo que en su primera etapa, planeada para 2012, reduciría la concentración a 25 microgramos por metro cúbico como promedio anual. Posteriormente, el indicador se reduciría a 20 microgramos en el año 2022 y al valor de objetivo de 10 microgramos en 2032. Cabe notar que el actual estándar en Estados Unidos es de 15 microgramos, y el europeo exige 25 microgramos al año 2015, para luego reducir a 20 el año 2020.
Para entender las dificultades de alcanzar estos estándares, debe considerarse que aunque EE.UU. tiene exigencias más estrictas, ellas no se cumplen en California, el estado más parecido a Chile central desde el punto de vista climatológico y orográfico. Esto indica las dificultades que tendríamos en nuestro país para adoptar niveles semejantes. Dados el largo horizonte y la inflexibilidad del plan del Gobierno, la Sofofa ha solicitado modificar el plan de manera que la norma se revise cada cinco años. De este modo se podría reevaluar si los costos observados y la eficacia de la medida hacen socialmente rentable modificar el estándar o su trayectoria de cumplimiento, tal como lo planteó la directiva de la Unión Europea en 2008.
Por eso, la sugerencia de la Sofofa no sólo es prudente, sino que está en línea con los procedimientos europeos. Esta norma será costosa de implementar, y aunque flexibilizarla puede resultar menos deseable para la salud pública, se deben considerar también los costos económicos.
Sin perjuicio de lo anterior, existe el riesgo de que si se flexibilizan demasiado los objetivos, los actores industriales no se preparen para las normas, esperando llegar a un avenimiento futuro con la autoridad. Por cierto, eso no sería deseable.
