La mano larga de Pinochet en Nueva Las Condes

(La Nación. 06/12/2009)

Por Luis Narvaez

El brazo mecánico de la retroexcavadora azotó la pared de concreto. El golpe produjo un gran estruendo en la Villa San Luis de Las Condes. Aunque el grueso block ya había sido desguazado por cientos de obreros, la muralla no quería caer. Un tanto sonrojado, el alcalde de ese entonces de la comuna, Joaquín Lavín, debió abortar la misión y dar paso a maquinaria mayor y explosivos. Así se apuraba la ceremonia que sepultó el proyecto de integración social del gobierno de Salvador Allende. Durante la Unidad Popular, en el mismo sector que hoy cobija a las majestuosas oficinas corporativas de Lan y Corpgroup, junto a la avenida Presidente Riesco, se construyeron más de mil departamentos para gente que no tenía vivienda. El experimento unificador duró poco.

El terreno, cercano a las 100 hectáreas, perteneció por largo tiempo a la desaparecida Corporación de Mejoramiento Urbano, entidad que fue sustituida por el Serviu. En 1989, en las postrimerías de la dictadura, Augusto Pinochet firmó un decreto que traspasó el estratégico paño a Bienes Nacionales y luego a Defensa. Tiempo después, ya con Patricio Aylwin en La Moneda, Pinochet, como comandante en jefe del Ejército, rubricó otras resoluciones que dejaron esta superficie de Las Condes en manos de Bienestar Social de la institución castrense, división que le daría un uso habitacional.

El amplio terreno no tuvo ese destino. Mediante una licitación privada, fue vendido a Inmobiliaria Parque San Luis, sociedad conformada por las familias Sarquis, Martínez y Cueto, que comparten vínculos con la familia Pinochet, miembros del Alto Mando y al actual candidato de la derecha, Sebastián Piñera. El precio de US$89 millones pactado inicialmente no se completó en la forma acordada.

Según testigos de la firma de la escritura de compra-venta entre el Ejército y Parque San Luis, quienes entregaron su testimonio a LND, Marco Antonio Pinochet, hijo menor del dictador, participó en las reuniones de directorio de la inmobiliaria. No quedó registro de su presencia en las actas. Fueron sesiones secretas.

Pablo Heilenkötter, abogado experto en derecho civil y comercial, trabajó para Guadalquivir, firma que gestó el negocio. Con sus colegas del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (CAAE) preparó las bases de la licitación privada y la adjudicación de los terrenos. También ocupó el cargo de secretario de acta en los directorios de la inmobiliaria. Consultado por LND respecto al objetivo de las reuniones, Heilenkötter dijo que “no se discutía ningún otro proyecto que no fuera Nueva Las Condes y de cómo se desarrollaría. Por lo tanto, las reuniones tenían como único fin definir cuánto dinero iban a colocar y cómo se realizaría la inversión”. Agregó que “participaban los representantes de los socios y dentro de éstos, en algunas reuniones en las que yo tuve que salir, apareció dos veces Marco Antonio Pinochet”.

-¿Y por qué participa el hijo del entonces comandante en jefe del Ejército?

-Era evidente que ya se estaba conversando, con el terreno adjudicado por el Ejército, sobre cómo proyectar el pago de la obligación y las inversiones que había que hacer. Hablamos de cerca de 500 millones de dólares. Eran reuniones de inversionistas.

El abogado no sabe si Marco Antonio Pinochet o su familia invirtió dinero en el negocio. La posibilidad de que el clan Pinochet pueda estar relacionado a esta transacción ha tomado por sorpresa al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, quien investiga el origen de la fortuna del dictador, en el denominado caso Riggs.

Informado sobre la publicación de este artículo, el magistrado dijo a LND que “no existen los antecedentes que usted me menciona en el expediente que tengo a mi cargo”. Sin embargo, el juez no descartó realizar una investigación. “Si los antecedentes hablan de una eventual participación (de Marco Antonio Pinochet), efectivamente puede ser susceptible de que se investigue, habida consideración que puede caer dentro del mandato que como juez instructor tengo para desarrollar este proceso”, expuso.

Un proyecto social

En la película “Dawson, Isla 10”, dirigida por Miguel Littin, un arquitecto, que forma parte del grupo de prisioneros, dibuja con un pedazo de lápiz las situaciones cotidianas de ese centro de detención. Es un soñador que expresa con un mínimo carboncillo el dolor del cautiverio y la pérdida de los compañeros que fueron masacrados. Es Miguel Lawner, ex director ejecutivo de la Cormu y responsable del proyecto de la Villa San Luis en el gobierno de Allende. Se construyeron 1.017 departamentos, repartidos en blocks, en el terreno que anteriormente había sido el fundo San Luis (ver infografía). El proyecto urbanístico incluía además, áreas verdes, un campo deportivo que fue traspasado a la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch) y un centro comercial. Más de cinco mil personas -entre ellas, habitantes que vivían en campamentos a la orilla del río Mapocho- fueron trasladadas para que habitaran ese lugar.

Tras el golpe de Estado, explica Lawner, “las familias fueron expulsadas y trajeron a militares con sus familias para vivir ahí”. El arquitecto fue detenido y enviado a Dawson. Posteriormente fue exiliado y regresó en 1984.

“Una de las primeras actividades que hice fue ir a ver lo que había sucedido con la Villa San Luis. Me dio una gran tristeza e impotencia ver el abandono en que se encontraban todos los edificios, con los vidrios rotos y las áreas verdes descuidadas. Con el tiempo entendí lo que allí estaba ocurriendo”.

Pinochet trasladó a centenares de familias de suboficiales a ocupar los departamentos, pero poco a poco los fue desocupando. Desde el punto de vista legal, dicha propiedad continuaba siendo fiscal, debido a que el golpe de Estado interrumpió el proceso de entrega de títulos a los habitantes del sector. Tras el triunfo del No en el plebiscito de 1988, Pinochet gestó las leyes de amarre y dictó varios decretos express. Uno de ellos permitió que, en diciembre de 1989, el Serviu traspasara a Bienes Nacionales los seis lotes de terreno que componían la Villa San Luis de Las Condes, cuya escritura está en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Según Lawner, “este paso intermedio era indispensable para poder blanquear el despojo, dado que el Serviu carece de atribuciones para transferir la población directamente al Ejército”.

El 21 de junio de 1991, ya en democracia, la subsecretaria (S) de Bienes Nacionales, Dushanka Ropert, firmó otro decreto (Nº 38), documento que resultó clave en la suerte que corrió la propiedad y que permitió la realización del millonario negocio. Dicho acto destinó la villa completa a Defensa, la Subsecretaría de Guerra y al CAAE del Ejército “para fines habitacionales de la institución destinataria”.

Sin embargo, en el último párrafo del decreto se estableció un factor determinante: “Si el servicio beneficiario no utilizare los inmuebles en los fines señalados o si lo cediere, a cualquier título, se pondrá término de inmediato a la presente destinación, bastando para ello sólo el informe de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, que acredite cualquiera de las circunstancias antes señaladas”. En total, la transferencia implicaba una superficie total de 112 mil 155 metros cuadrados.

El decreto 38 permitió que el Ejército traspasara la propiedad completa al Patrimonio de Afectación Social (PAF), pero si los fines habitacionales no se cumplían, bastaría la firma de Pinochet para que se desafectara y, por ende, se pudiera enajenar. Dos decretos sucesivos excluyeron de este traspaso al denominado “lote 18”, que fueron dos blocks, cuyas 96 familias pudieron demostrar que tenían títulos que acreditaban el dominio sobre sus viviendas.

El 22 de diciembre de 1994, Pinochet firmó la “resolución de comando” Nº 4180/120 con que aprobó la enajenación del terreno y la apertura de una licitación privada para vender al mejor postor.

Los socios

Jaime Ruiz Acosta era dueño de Inmobiliaria Guadalquivir. Las dos esposas que había tenido hasta ese momento (1996) eran primas del general Richard Quass, jefe del Estado Mayor General del Ejército y uno de los miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Propiedades y Predios.

Su firma aparece en el acta Nº 2 de ese año, donde se aprobó la adjudicación de la venta del terreno al Consorcio Macalto S.A., de propiedad del empresario Jorge Sarquis, socio de Pesquera Itata. La decisión se tomó, entre otros antecedentes, también por un informe favorable realizado por Ruiz Acosta a nombre de Guadalquivir.

Pablo Heilenkötter explicó a LND que, una vez adjudicada la venta, Sarquis recurrió a las familias Martínez y Cueto para completar el financiamiento de la compra, que implicaba US$89 millones. Jaime Ruiz Acosta recibió más de US$4 millones en honorarios por su gestión.

Ruiz Acosta ya tenía otros negocios con Sarquis: Constructora Vitacura Uno y Constructora Vitacura Dos. Además, figura ligado a la familia Martínez, dueña de los casinos y hoteles Enjoy, en Inmobiliaria Parque Labbé.

La vida social reunió en varias oportunidades a Marco Antonio Pinochet con Jaime Ruiz Acosta, Juan José Cueto y Antonio Martínez. Un testigo que prefiere mantener su identidad en reserva sostiene que “Marco Antonio (Pinochet) era amigo de Ruiz Acosta y que frecuentaba los círculos sociales de los Martínez”.

Tras asegurar el decreto que le otorgó los terrenos, Sarquis convocó a los demás para dar la buena nueva y concretar el ambicioso proyecto que le daría otra cara al sector de Las Condes a través de la flamante Inmobiliaria Parque San Luis. Las mismas familias asociadas con Sebastián Piñera en Valle Escondido. //LND