Reforma ambiental: “Es un paso hacia la economía verde”
(La Nación, 13/1/2010)
Aprobada en noviembre por el Congreso, tras un acuerdo entre la derecha y el oficialismo, el próximo gobierno será el encargado de implementar la inédita institucionalidad que, además, incluye la implementación de un tribunal ambiental. Por Antonio Valencia
La permanente pugna entre sectores industriales y ciudadanos que periódicamente ponen a prueba la capacidad del Estado para resolver conflictos ambientales, tiene desde ayer un nuevo tablero sobre el cual mover sus piezas.
Tras año y medio de tramitación en el Congreso, la reforma ambiental se convirtió en ley al crear el ministerio, la superintendencia de fiscalización y el servicio de evaluación ambiental.
La nueva Ley N° 20.417 fue firmada ayer por la Presidenta Michelle Bachelet, quien destacó que con esta reforma el país da “un paso sustantivo hacia una economía verde y hacia una sociedad más respetuosa del medio ambiente”, dijo ayer la Mandataria en La Moneda.
El rediseño institucional tuvo un expedito trámite en el Congreso y su aprobación fue zanjada en un acuerdo entre oposición y oficialismo que se selló a fines de 2009 con el respaldo de los senadores Pablo Longueira (UDI) y Andrés Allamand (RN), que lograron incluir una cuarta institución, el Tribunal Ambiental, instancia propuesta tanto por un sector del ambientalismo -la ONG Fiscalía del Medio Ambiente-, como por el principal gremio industrial del país, la Sofofa.
Una de las principales innovaciones de la nueva arquitectura verde apunta a la mayor facultad fiscalizadora que poseerá la naciente superintendencia, y el drástico aumento de multas contra empresas por daño ambiental: de las actuales 500 UTM como multa máxima, la nueva ley eleva el castigo hasta las 10 mil UTM.
Todas las resoluciones de la superintendencia y otros organismos ambientales podrán, en todo caso, ser “apeladas” ante el tribunal ambiental por empresas y ambientalistas.
No obstante, aún queda camino por recorrer. La superintendencia no verá la luz sino hasta que el Congreso apruebe el tribunal, proyecto de ley enviado al Parlamento por el Ejecutivo en noviembre pasado.
IMPLEMENTACIÓN 2010
Por lo mismo, será tarea del próximo gobierno implementar y poner en marcha no sólo la superintendencia y el tribunal, sino también el ministerio y el servicio de evaluación ambiental.
Este último organismo, además de tecnificar más sus decisiones, tendrá mayores y más estrictas facultades para tramitar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que presentan las empresas.
La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, destacó además el aumento de la participación ciudadana a las Declaraciones de Impacto Ambiental de las inversiones en infraestructura, energía u obras sanitarias, por ejemplo, y en etapas más avanzadas de la tramitación.
Junto con enfatizar que la reforma busca reducir la “inequidad en la exposición a riesgos ambientales” de los sectores más pobres, Bachelet añadió que es el inicio de una política “que se encuadra en los requerimientos del ingreso a la OCDE”, señaló.
