Entre lo político y lo técnico, falta “know how” urbano ¿dónde lo producirá Chile?
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En las últimas semanas se ha vuelto a abordar un debate que nos ha acompañado a lo largo de las dos décadas pasadas. Se trata del equilibrio entre lo técnico y lo político. Más que abordar la discusión en sí, en el sentido de definir preferencias por lo uno o lo otro, comentaremos la situación de lo político-técnico en el ámbito de la producción de ciudad en Chile. Existe un grado de profundización, especialización y generación de mayor complejidad técnica en el campo profesional de lo urbano, que obedece a una mayor atención al territorio, y a las ciudades, en el contexto de la globalización. El ámbito de los “profesionales urbanos” y el conocimiento científico aplicado que respalda distintas dimensiones de proyecto – particularmente en el contexto de las áreas metropolitanas – está indisolublemente ligado a la discusión en torno a la definición del bien común, y el marco operativo para conseguirlo. Hay un equilibrio político que desde el mundo técnico protagonizan los “centros de pensamiento”, y que en Chile emerge como una situación bastante crítica.
¿De dónde proviene el know-how para innovar en políticas públicas urbanas?
El tema de los “think tanks”, si bien no era nuevo, se hizo más visible al comienzo del gobierno de Michelle Bachelet a propósito de los “jóvenes” tecnócratas de Expansiva. Liderados por el ministro de hacienda, Andrés Velasco, el grupo se transformó en un centro de influencia que entonces accedía a una importante cuota de poder. En ese tiempo, Carlos Peña, mucho antes de anexar a Expansiva a la Universidad Diego Portales, criticaba este fenómeno y lo describía como acompañando una cierta amenaza para la democracia. La crítica de Peña, antes de ponerle una oficina a Jorge Marshall (director de Expansiva) al lado de la rectoría de la UDP, se fijaba específicamente en estos personeros que accedían al poder sin siquiera tener contactos con la democracia deliberativa, sino sólo “a punta de papers”. La pregunta entonces era ¿existe alguna amenaza para la democracia, producto de estos grupos que concentran el poder al margen de las estructuras de representación?
En ese entonces la Revista Qué Pasa publicó un especial sobre los think tanks más poderosos. Ahí quedó consignada la fuerte influencia de Libertad y Desarrollo (LyD), el Centro de Estudios Públicos (CEP) y el mismo grupo Expansiva. Aparecía entonces la absoluta preponderancia de estos centros académicos neoliberales. Otras instituciones similares son el tradicional CIEPLAN, además de otros como Chile21, ProyectAmerica, el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) o el Instituto Libertad. Todos estos centros son los conformadores de los cuadros técnicos asociados a los distintos grupos del espectro del stablishment político chileno. Inciden directamente acesorando y estudiando leyes y políticas públicas. ¿Qué espacio tiene la discusión urbana en estas instituciones? La verdad es que escaso o nulo. El único gran hito es el libro editado por Alexander Galetovic para el CEP “Santiago: dónde estamos y hacia dónde vamos”.
Éste último fue el hito que retrató definitivamente la precariedad del conocimiento científico-aplicado sobre urbanismo en Chile, y ejemplificó la hegemonía de los centros de corte estrictamente neoliberal en el dominio técnico para administrar el Estado. Si en las universidades hubo reacciones a la visión rebatible expresada por Galetovic, éstas también expresaron la nula influencia de las instituciones universitarias en la generación efectiva de nuevas políticas públicas. Las instituciones tradicionales del rubro son el Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile (INVI), y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica (IEU+T / PUC). El primero ha sufrido los mismos problemas relacionados al deterioro de las universidades estatales chilenas, aunque ha sabido relacionarse directamente con políticas públicas como el Programa Quiero Mi Barrio. El segundo, a pesar de ser heredero del instituto de investigación y posgrados más antiguo de América Latina, se encuentra sumido en problemas administrativos internos y una atención al diagnóstico mucho más que a la búsqueda de soluciones operativas. En la misma PUC, el Programa de Políticas Públicas, al alero de Ignacio Irarrázabal y Claudio Seebach, ha comenzado a vincularse con mesas de trabajo a nivel ministerial y fuertemente con municipios. En otras universidades se abren espacios, entre servicios profesionales para consultorías del área, centros de investigación, o programas que buscan generar cooperaciones como la del Centro de Estudios Sociales de Un Techo Para Chile y la Universidad Alberto Hurtado.
El abandono de las poblaciones: ¿el costo, menos democracia?
Existe otro tipo de instituciones dedicadas a producir el “saber hacer” para un determinado proyecto político, con un enfoque mucho más centrado en la práctica y el trabajo directo con comunidades. Un caso ejemplar es el del diputado Carlos Montes en La Florida, junto con la ONG Cordillera. También asociada al Partido Socialista, la Corporación SUR ha sido quizá el único espacio de constante discusión de políticas urbanas y para la vinculación directa de profesionales y técnicos con el empoderamiento ciudadano. El problema de estos espacios ha sido la necesidad de financiamiento y la alternativa de transformarse en verdaderas consultoras prestadoras de servicios para distintos niveles del Estado. Ejemplos como Cordillera y SUR representan una voluntad política asociada al momento de recuperación de la democracia, conseguida desde una fuerza que vinculaba a la elite política con una vasta presencia en universidades, jóvenes profesionales, organizaciones sociales y el espacio de las poblaciones. Ese enfoque ya no existe. Hay quienes asocian el término de ese tipo de organización a una estrategia generada por Edgardo Boeninger , a comienzos de la “transición”, de alejamiento entre la representación política y las organizaciones de base, para generar mayores niveles de “gobernabilidad” en Chile.
En la “otra vereda política”, en cambio, se encuentra el vuelco dado en el gremialismo a través del proyecto de la “UDI Popular”. Desde diversos ámbitos existe una estrategia de penetración de los sectores populares que ha hecho que, en muchísimos sectores de Chile, lo popular se asocie mucho más a la derecha que a la antigua izquierda que pretende el monopolio de la representación de los excluidos. Ese paradigma se ha roto. Al mismo tiempo, la Fundación Jaime Guzmán se ha dedicado sistemáticamente a enviar jóvenes ideológicamente formados en el gremialismo, a trabajar en numerosos municipios a lo largo de todo el país. A través de este trabajo sistemático, sostenido y de gran calidad técnica, el resultado es que actualmente es la derecha, aquella que supuestamente reniega del Estado, la que posee los mejores cuadros para administrarlo en torno a su proyecto político.
La situación antes descrita muestra la conformación de un nuevo equilibrio en el ámbito técnico-político a escala territorial, y tendrá seguramente un impacto sobre la discusión futura respecto al modelo de desarrollo en Chile. El desalojo del Estado por parte de la concertación, implica además un gran capital humano de quienes antes influían desde espacios ministeriales y de otras reparticiones públicas, en el ámbito urbanístico. El diagnóstico, en el ámbito de las ciudades, sigue siendo el de una mucho mayor precariedad en la producción de conocimiento respecto a la gran demanda por saber hacer ciudad. Crecientes niveles de articulación ciudadana de demandas territoriales, plantean además la pregunta por qué tipo de conocimiento, producido por quiénes, se necesita para hacer ciudad. Estamos ante un panorama que se destapa cuando sectores políticos aletargados son superados y se ven obligados a volver a ser competitivos. Probablemente veamos una nueva atención colectiva, políticamente transversal, hacia los territorios. El resultado podría ser mejores ciudades.
