La rentabilidad de los inmuebles públicos: la lucha que viene en las organizaciones comunitarias

Uno de los slogan de Bachelet al asumir el poder fue el que encarnaba la idea del “gobierno ciudadano”; con distintos matices pero principalmente con el ojo puesto en la protección social, este fue uno de las principales razones, seguramente, que hizo que Bachelet alcanzara los porcentajes de aprobación con que deja el gobierno. Sin embargo, el tema de la construcción de una institucionalidad que dé espacio a una Sociedad Civil activa es posiblemente una de las deudas que quedan pendientes. Sobre este tema en particular es mucho lo que se puede decir, pero lo cierto es que mi intención no es ahondar en esto ahora, sino más bien dar cuenta de un conflicto particular al que posiblemente nos enfrentaremos.

Durante los últimos años cientos de organizaciones sociales y comunitarias han funcionado de manera  gratuita en edificios, oficinas o casas públicas, ya sea a través de transferencias (unas 217, según un reportaje de El Mercurio el 24 de enero), o por concesiones (718 según la misma fuente). Si bien partimos de la base de que las herramientas e institucionalidad para la consolidación de una sociedad civil activa son escasas y deficientes aún, habría que acordar que la posibilidad de que éstas tengan un espacio físico en la ciudad para poder funcionar, es un aspecto importante. Es el caso de organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual –MOVILH-, que funciona en un inmueble que es propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, así como la Unión Nacional de Trabajadores, cuyas dependencias están en un edificio que pertenece al INP. Lo mismo ocurre con organizaciones como la CUT, y cientos de pequeñas instituciones vecinales, colectivas, comunitarias, que realizan sus labores en edificios públicos.

La mayoría de estos edificios “cedidos” a organizaciones comunitarias pueden ser revisados por la nueva administración del ejecutivo, debido a que los plazos de las concesiones vencen en los próximos meses en muchos de los casos. Ahora, ¿por qué podría creer uno que esto va a ser así? Simplemente por declaraciones de personas vinculadas al gobierno electo en que se asegura que estos inmuebles, podrían tener un uso más rentable para los chilenos.

En cualquier caso, un estudio de la dirección de presupuesto del gobierno saliente (DIPRES) asegura que “Existen pocos incentivos para la utilización eficiente de estas edificaciones (…) ignorado que a estos activos se les debe exigir rentabilidad del mejor proyecto de inversión desechado”. Esto, sumado a que el Ministerio de Bienes Nacionales debe destinar el ingreso por sus inmuebles al desarrollo de gobiernos regionales, hace que el tema de la rentabilidad que se está obteniendo de estos inmuebles, sea un factor que seguramente estará en la agenda del gobierno entrante a la hora de decidir el futuro de estas concesiones.

Según Tomás Duval, del Instituto Libertad, entrevistado para el mismo reportaje de El Mercurio al que se hacía mención, la cosa es bastante más clara y explícita, al darle de lleno una connotación negativa a la política de transferencia que se ha venido desarrollando en los últimos años en los gobiernos de la Concertación.

Según Duval, “Esta política de transferencia de inmuebles hizo que muchas organizaciones perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado”.

El mismo Duval estima que el Estado aporta más del 46% del presupuesto corriente de las ONG del país; ahora, ¿es esto una “pérdida” para el Estado? ¿Cómo medir la rentabilidad social de la existencia de una sociedad civil organizada, y el costo que puede tener poner en términos netamente financieros el aporte que el Estado realiza para el fortalecimiento de éstas?

A una escala menor, las últimas semanas se ha desatado en Renca un conflicto entre vecinos y municipalidad, ya que estos interpusieron un recurso de protección contra la alcaldesa por el desalojo de una junta vecinal; el costo para la comunidad de un acto como ese, ¿es comparable con la rentabilidad que el municipio está perdiendo? Posiblemente nos enfrentaremos a este tipo de conflictos en un futuro cercano, y es bueno tener claro cuales son los costos de este proceso de revisión de concesiones (reales, no sólo financieros) con una perspectiva sustentable del desarrollo de la sociedad civil.