Desglose de la nueva política de Vivienda y Urbanismo de Piñera: conozca hoy las ciudad que construiremos los próximos 4 años
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A continuación se plantea una revisión completa del programa anunciado por los grupos Tantauco para el área de Vivienda y Urbanismo. Éste ya contaba con un gran nivel de desarrollo y especificación antes de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial. Por la extensión del artículo a continuación, el análisis de los efectos de las políticas aquí reseñadas deberá quedar para nuevos posts a publicarse en las próximas semanas.
Intentando resumir los derroteros planteados por Tantauco, los principales ejes de la nueva política serán dinamizar y consolidar el rol del sector privado, simplificar los sistemas de subsidios, realizar una reforma urbana para liberalizar los usos de suelo, además de abordar el problema de conjuntos de departamentos de bajo estándar construidos entre 1990 y 2004, y generar mecanismos de financiamiento privado de proyectos en espacios públicos a través de donaciones.
El mercado de viviendas como principal preocupación, por sobre pensar ciudades
Para generar los lineamientos, Tantauco se basó en las estadísticas generadas por las empresas constructoras, a través de la Cámara Chilena de la Construcción. Según estos datos, habría un déficit global de 817.135 viviendas, en las que el 60% más pobre corresponde a alrededor de 500 mil viviendas. Según la Actualización 2009 del Estudio de la CChC, se trataría de 219.301 familias en déficit cuantitativo (campamentos y allegados), y 283.776 en déficit cualitativo (viviendas de bajo estándar).
La forma de abordar este déficit es generando “mayor eficiencia en la oferta”. Ahí se a dicho que sobre todo se requiere “que la política urbana sea capaz de proveer de la cantidad de suelo urbano suficiente” y “agilizar los procedimientos de aprobaciones de permisos y recepciones”. Como problemas se enuncian: gran dispersión de sistemas de subsidio, complejidad de los reglamentos, desfocalización creciente a los más pobres, excesiva intervención del estado en la aprobación de proyectos, crítica generalizada al sistema Fondo Solidario, acusando descordinación entre EGIS y Constructoras.
En este sentido, se plantea la elaboración de un nuevo sistema simplificado de subsidio habitacional. Éste implicaría un “nuevo Reglamento, que unifique todos los sistemas vigentes y facilite su aplicación”. Lo anterior incluiría un registro único de postulantes para todo quien quiera obtener cualquier tipo de subsidio, a través de internet. Se pretende entregar 600.000 subsidios en los 4 años de gobierno, abordando “las soluciones a través de mecanismos 100% de mercado” y revisando “las restricciones normativas para aumentar la disponibilidad de suelo, para la construcción de viviendas”. Además, se eliminaría la prohibición de venta por 5 años de viviendas subsidiadas.
El nuevo subsidio unificado
Los mecanismos actuales de subsidio estatal corresponden fundamentalmente a 4 instrumentos. El primero es el DS 40, a partir del cual se entregan subsidios a la clase media. A través del Fondo Solidario (DS 174), en sus dos versiones, se financia la construcción de viviendas sociales nuevas y compra de usadas. Además, se agregó el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255, de 2006), que permite obtener recursos para mejoras en viviendas que ya han sido adquiridas. Finalmente, el Subsidio a la Localización constituyó un esfuerzo de entregar una cantidad de recursos por proyectos habitacionales asegurando características como la ubicación en la misma comuna de origen de los beneficiarios y garantizar el acceso a servicios básicos.
Lo que se plantea es un nuevo sistema único de subsidios en 2 modalidades. Éstas son:
Modalidad1 (60%): para la adquisición de viviendas nuevas o usadas, dentro de estándar mínimo, destinado a personas que no tienen vivienda y no hayan obtenido subsidios anteriormente.
Tramos:
• 1 Viviendas desde 660 hasta 700 UF (650 uf de subsidio sin deuda)
• 2 Viviendas desde 701 UF hasta 1.500UF
• 3 Viviendas desde 1.501 UF hasta 2.000UF
Modalidad 2 (40%):
100 UF para adquirir, reparar viviendas en mal estado o ampliar las que están bajo estándar mínimo, destinada a aquellos que tienen una vivienda o han obtenido subsidios anteriormente.
Para la modalidad 1, al superar las 700 UF de costo de viviendas sociales, se plantea una ecuación subsidio decreciente: (650 –1. Esto arroja los siguientes ejemplos:
Valor vivienda/subsidio
660 UF = 650 UF
1000 UF = 530 UF
1200 UF = 450 UF
1.400 UF = 370 UF
1.600 UF = 290 UF
1.800 UF = 210 UF
2.000 UF = 130 UF
Se plantea para el mecanismo una simplificación también en las formas de postular. El propósito de esto es individualizar lo más posible a las familias en un trámite simplificado. Habrá inscripción por Internet, en un registro único, verificación interna de la información, selección computacional mensual de beneficiarios, vigencia de tres años para recibir el subsidio comprando en cualquier lugar del país, selección impersonal de beneficiarios, postulación individual o en grupo, facilidades para la venta de viviendas usadas sin devolución del subsidio, e implementación de un sistema integrado, público privado, de información de beneficiarios, en el área de vivienda subsidiada.
La demolición de los Blocks
El programa señala como prioridad especial “Abordar el problema de los Condominios construidos durante los años 1990 al 2004 con departamentos de mala calidad y superficie insuficientes, carentes de equipamiento y deficitarios en urbanización, no ampliables en situación de deterioro.” Para ello, “inserto dentro del mismo sistema de subsidios, se implementará una modalidad de acción especial, con la designación de un Ministro en Campaña, con dedicación exclusiva para (…) erradicación de Campamentos y atención de familias habitantes de soluciones indignas, de mala calidad y superficie insuficiente (departamentos de 3 pisos y 32 m2 de sup. Construidos entre 1990 y 2004)”.
Se plantea dos características fundamentales en este esfuerzo. La primera es el “trabajo conjunto con las municipalidades y entidades privadas interesadas en colaborar en esta tarea”. La segunda es que “se coordinarán esfuerzos y se buscarán ingeniosas (sic) soluciones con la colaboración de gremios del sector, para la recuperación, remodelación, transformación e incluso demolición en los casos necesarios”.
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La reforma urbana que pretende liberalizar usos de suelo para proyectos subsidiados
Junto con esta nueva política de vivienda, se implementaría una reforma que apunta a generar “mayor disponibilidad de suelo”. En ese sentido, “como una forma de fomentar la construcción de viviendas económicas, se propone flexibilizar las normas de los Planes Reguladores bajo determinadas circunstancias, con el objeto de implementar una Política Habitacional y una Reforma Urbana, que beneficie a los sectores de mayor necesidad, a la vez de incorporar por esta vía nuevos terrenos al mercado de viviendas subsidiadas”.
La forma de hacerlo es a través del “perfeccionamiento del artículo 6.1.8 de la OG para permitir la construcción de viviendas económicas en general, en Conjuntos de hasta 4 pisos, liberando usos de suelo, en cualquier área regulada por un Instrumento de Planificación Territorial”. Esto quiere decir, poder construir este tipo de proyectos prácticamente en cualquier lugar del país, eliminándose cualquier restricción de usos de suelo. Por otro lado, se pretende también autorizar la construcción de vivienda en altura que recibe subsidios, en cualquier terreno dentro de zonas urbanas (a diferencia de lo que operaba hasta ahora, definiendo territorialmente zonas de renovación urbana en las que operan los subsidios).
Los “paquetes de subsidios” estatales que entrarán al sistema financiero
En el ánimo de dinamizar la oferta por parte de constructoras e inmobiliarias, se plantea una modificación en el reglamento de subsidios para maximizar la rentabilidad de la participación de las empresas en proyectos subsidiados. De esta manera “se propone crear un subsidio, endosable más de una vez, para permitir que la inmobiliaria pueda vender su cartera de subsidios al sistema financiero y otros inversionistas, dado que se trata de instrumentos financieros estatales”.
Esto quiere decir que, de manera similar a como ocurre con los dineros de las pensiones que las AFP utilizan en el sistema financiero, ahora los subsidios a los más pobres y a la clase media serán transformados en dinero a circular en el sistema financiero. Estos fondos podrán ser cobrados un año después por quienes los compren. Queda para el análisis la similitud de estos mecanismos de derivados similares a los créditos para vivienda económica (sub-prime) que ocasionaron la última crisis financiera en EEUU.
Algunas conclusiones preliminares: crecimiento económico, liberalización de suelos y expulsión de pobres
Algunos lineamientos programáticos no expuestos en los títulos anteriores son simplificar los Instrumentos de Planificación Territorial, acotar una participación ciudadana “oportuna y encausada”, y un rechazo a los mecanismos de desarrollo urbano condicionado o pago de externalidades por parte de los desarrolladores.
El programa crítica a “intermediarios” y no menciona criterios de habilitación social, que es lógica que justifica la existencia de instituciones como las EGIS. Estas últimas han abierto un espacio de participación a organizaciones de pobladores, municipios y ONGs. Al mismo tiempo, sólo se hace mención de organizaciones colectivas a nivel de postulación a Registro Único, y se valora “eficiencia” de mecanismos simplificados, lo que permite intuir una reticencia a la organización social por parte del futuro gobierno.
Es muy importante señalar que se eliminan criterios “territoriales” en asignación de subsidios, privilegiando situación individual de las familias. Esto implica transformar, mediante esta unificación y simplificación, a los subsidios en bonos que habilitan a las familias a participar del mercado desterritorializadamente. De esta manera se renuncia a incorporar criterios urbanos en los instrumentos para generar vivienda, lo que tendrá grandes consecuencias.
Lo anterior hace esperar contundentes efectos en expulsión de pobres hacia la periferia y una fuerte expansión urbana con proyectos subsidiados. Para los más pobres, está empíricamente comprobado que esto implica la salida de comunas de origen hacia áreas de bajos niveles de urbanización y sin acceso a servicios básicos. Existe la posibilidad de que sean eliminadas instancias intermedias (ie: EGIS), limitando espacios de participación y organización de pobladores, ONGs, y acción particular de los distintos municipios en el problema de la vivienda en su comuna.
Se espera que los pobladores deban plantearse en forma individualizada frente a los beneficios y los mecanismos de asignación, en detrimento de una mirada hacia la organización colectiva y la habilitación social. En lugar de ello, se fomentará la rentabilidad de las inmobiliarias y la activación del sector, a través de operaciones con las menores restricciones posibles. Esto tiene que ver con tal vez el mayor aporte posible, a nivel político, del área de vivienda: contribuir a las ambiciosas metas de generación de 1.000.000 empleos y crecer al 6%.
Todo da para muchos mayores análisis, los que prometo para las próximas semanas, dado que ya hemos excedido bastante la extensión deseable de este artículo.
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- valor viv. – 700) X 0,4 [↩]