Gobierno pide a consejo regional que apruebe el nuevo plan regulador para el Gran Santiago: El 30 de junio próximo se votarán las modificaciones, que incorporan 10 mil nuevas hectáreas para uso urbano
(El Mercurio, 3/06/2010)
por Marco Gutiérrez V.
Algunos consejeros temen que inmobiliarios no respeten las condiciones de futuros desarrollos y piden reforzar controles. El intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, dijo que el Presidente Piñera y ministros apoyan el proyecto.
“Llegué a la conclusión de que existe la necesidad de aprobar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), porque hay un problema social, pues nuestros habitantes más débiles no pueden acceder a viviendas sociales”. Ese fue el planteamiento que hizo el intendente metropolitano Fernando Echeverría ante el consejo regional -instancia que él preside-, que en su sesión de ayer escuchó también la exposición de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marisol Rojas, quien de igual forma abogó por las modificaciones al PRMS, que prevé añadir casi 10.000 hectáreas de uso urbano al Gran Santiago.
Echeverría precisó que el próximo 30 de junio el consejo regional deberá votar con un “sí” o un “no” respecto de los cambios al instrumento de planificación de Santiago, con miras a 2030, cuando registrará 1,6 millones de nuevos habitantes. La autoridad recordó que el 6 de julio vence el plazo legal para que el consejo apruebe o rechace el plan regulador, pues luego de ello “opera el silencio administrativo”. Afirmó que el Presidente Sebastián Piñera y varios ministros, entre ellos la de Vivienda, Magdalena Matte, apoyan este plan.
El intendente comentó que hoy se está enviando a la población de menores recursos a la periferia, a lugares que no cuentan con equipamiento suficiente.
En su exposición sobre los cambios al PRMS, la Seremi de Vivienda explicó que los futuros proyectos inmobiliarios que se proponen para el área -Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC), que deben tener una superficie mínima de 60 hectáreas-, deberán garantizar áreas verdes mínimas (10%), incluyendo su mantención por cinco años, y también destinar al menos el 8% del terreno al desarrollo de viviendas sociales.
