Decisión de no entregar 10.000 subsidios habitacionales abre pugna política y complica a entidades privadas que tramitan beneficios: Familias de escasos recursos son las más afectadas con la situación
(El Mercurio, 14/06/2010)
por Victoria Reyes P.
La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, dice que el gobierno anterior debió haber devuelto las carpetas aduciendo falta de recursos, pero funcionarios de la administración pasada aseguran que el dinero sí estaba.
Un creciente conflicto político está surgiendo desde el mundo de los subsidios habitacionales, y que inevitablemente está afectando a miles de personas que buscan adquirir su casa propia.
El conflictó quedó al descubierto cuando la actual ministra de Vivienda, Magdalena Matte, anunciara que su cartera decidió devolver 10.213 carpetas pendientes del subsidio habitacional Fondo Solidario I de Vivienda Usada (ingresadas al Serviu durante 2008 y 2009), aduciendo que recibió una “mochila” del gobierno anterior y que no están los US$ 240 millones que costaría ejecutarlas.
Además, la autoridad asegura que más de 6 mil carpetas tienen antecedentes incompletos y unas 500 familias que postulan no son suficientemente pobres para obtener estos beneficios. Por estas razones, dice Matte, las carpetas debieron haber sido devueltas por el ministerio anterior dentro de los 30 días que contempla la ley, cosa que nunca sucedió.
Pero la polémica no sólo acaba ahí, ya que también se ha extendido a las Entidades de Gestión Inmobiliaria (Egis), entes privados que organizan a quienes postulan a subsidios para que suscriban contratos de compraventa.
Estas firmas ya fueron cuestionadas por la ex ministra del ramo Patricia Poblete, quien las acusó de “inescrupulosas” al incentivar la compra entre familiares allegados que obtienen el subsidio y siguen viviendo juntos. En eso coincide Magdalena Matte, quien dice que algunas han engañado a las familias, efectuándoles cobros y “han hecho de un negocio la compra y venta de propiedades entre parientes”, usando indebidamente los recursos del fisco.
Las Egis rechazan de plano estas acusaciones y reclaman que el ministerio les devuelva los dineros que invirtieron en la tramitación de los subsidios no cursados, pues alegan que ellas no son responsables de esta situación, y cifran en US$ 20 millones los costos no recuperados.
Fuego cruzado
La cartera que dirige Magdalena Matte señala que Andrés Silva, ex Serviu Metropolitano, recibió en 2009 postulaciones a sabiendas de que no contaban con los recursos. “No fueron capaces de decirles a estas familias postulantes que se les acabó la plata”, dice Matte, quien cree que en un escenario preelectoral no hubiese sido conveniente devolver las carpetas.
Silva rechaza por completo la acusación de que no había fondos. De hecho, asegura que existe una resolución de Hacienda, fechada el 3 de marzo de 2010, que aumenta en unos US$ 140 millones los recursos a Vivienda, pero se tomó la decisión de que las nuevas autoridades decidieran cómo administrarlos.
Además, dice que el actual Gobierno ha decidido otorgar mayores recursos a las nuevas viviendas en detrimento de las usadas. “Decir que no se puede atender a las familias por culpa de la administración anterior no corresponde. Deben decir que optaron por cambiar una política habitacional que había sido sostenida”, dice.
La ministra Matte manifiesta que efectivamente llegó ese dinero al ministerio, “pero no venía asignado al Serviu Metropolitano para esas carpetas. No era para esos efectos, porque ya había un desfinanciamiento enorme”. Apoya sus dichos al recordar que este año Silva envió un mail al actual subsecretario de Vivienda para que lo instruyera a devolver el 100% de esas carpetas, pues deberían haber sido devueltas en diciembre de 2009.
La defensa
Francisco Urroz, vicepresidente de la Asociación de Egis, insiste en que todos los expedientes que serán devueltos entraron por la “ventanilla” del gobierno pasado, y que nunca recibieron reparos dentro de los 30 días que contempla la ley. Por tanto, dice, estos subsidios (que junto al ahorro del postulante permiten comprar una vivienda construida gracias al aporte del Estado) deben ejecutarse.
Agrega que la administración Bachelet no llevaba una contabilidad de la entrada de carpetas y que se sobregiraron porque se demoraban en ver los antecedentes.
Sergio Almarza, gerente general de Red Almarza, una de las principales Egis, sale al paso de las acusaciones que caen sobre ellas al culparlas de incentivar la compra entre parientes respondiendo que ésta no es irregular, ya que está permitida en el Decreto 174 del Minvu; por lo mismo, alega, el debilitamiento normativo del control de las operaciones entre familiares es de total responsabilidad de la autoridad.
Pero el gobierno ve culpa en estas entidades y por eso a partir de este año las familias que postulen al subsidio de vivienda usada tendrían que ir directamente al Serviu para hacer el trámite.
El futuro de las Egis
Las Egis reciben del Estado 15 UF por la gestión hacia el comprador y entre 15 y 20 UF por la gestión al vendedor, una vez aprobado el proyecto y cerrada la operación. Hoy exigen que el Gobierno les pague unos US$ 20 millones por el trabajo invertido en tramitar los subsidios que no fueron cursados.
Mientras esperan que les paguen, ven como incierto el futuro de su negocio. Reconocen una pérdida de credibilidad, y si bien el subsidio de vivienda usada es sólo uno de los que gestionaban, saben que no lo seguirán haciendo después del cambio en el reglamento. Lo que quitará potencia a la industria y la pone en riesgo.
Sin embargo, la ministra aclara que lo único que quieren es normarlas y terminar con los abusos de estas empresas, no eliminarlas. Por otra parte, está de acuerdo en que ellas invirtieron en la postulación de las 10 mil carpetas devueltas. “Queremos buscar soluciones, pero como Estado no podemos asumir una deuda mal gestionada”, agrega.
Familias afectadas
En medio de toda polémica, muchas familias no saben a qué atenerse. Manuel Silva postuló al subsidio en 2009, puso $2 millones de pie, se endeudó y hoy está viviendo en la casa a la que postuló, y si no recibe el aporte estatal, deberá abandonarla. “Me dijeron que había fondos. Ahora estoy en el aire. Si no hay solución, tenemos que entregar la casa”.
Es también el caso de Jenny Correa, quien también pagó $2 millones a la vendedora de su futuro departamento, y hoy no recibirá los $12 millones prometidos por el Estado. “El Serviu nos dice que no tiene respuesta, el Estado nos estafó”.
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UNAS 10 MIL familias no recibirán su subsidio y hoy no saben qué hacer.
Conformación del subsidio
El subsidio habitacional de adquisición de vivienda construida se entrega al quintil más pobre en una base de 320 UF hasta 370 UF; 10 UF de ahorro y 200 UF de localización.
La batalla que viene en Contraloría
Sergio Almarza, gerente general de la Egis Red Almarza, dice que la Contraloría General de la República dictaminó en abril que el Serviu (RM) cometió infracción legal al detener el proceso para otorgar el subsidio a estas familias, y “siendo la normativa sectorial aplicable un procedimiento administrativo reglado, procedió a que éste se continúe”, señala.
Sin embargo, en el Minvu indicaron que el fallo sustentaba la intención de devolución de las carpetas. Ante tal confusión, se llegó a la conclusión de que las distintas Egis y el Minvu presentarán a la Contraloría una nueva petición para que este organismo se pronuncie acerca de la forma correcta de proceder.
La idea es saber si el Estado debe pagar o no estos subsidios. El viernes se habrían ingresado los respectivos documentos jurídicos, y por eso Almarza levantó la huelga de hambre que inició el 3 de junio para demostrar su rechazo a la devolución de carpetas. Las familias afectadas y las Egis podrían demandar al Estado. No lo han hecho aún, aseguran, porque están esperando una solución de la autoridad.
