La controversia por el cierre de pasajes en manos de los vecinos
(La Nación, 14/06/2010)
por Carolina Rojas
Los alcaldes de Peñalolén y San Joaquín presentaron indicaciones al proyecto de ley ingresado al Congreso tras la polémica generada por el fallo de la Corte Suprema, que declaró ilegales los cierres de pasajes en todas las comunas del país. Para los vecinos, las rejas en sus calles han sido la única forma de protegerse contra la delincuencia.
Maipú, Peñalolén y La Reina son las tres comunas más enrejadas de Santiago. Los vecinos esgrimen que desde que sus pasajes fueron fortalecidos, no han sufrido ni un asalto más a sus casas. En esa línea, los alcaldes Claudio Orrego, de Peñalolén, y Sergio Echeverría, de San Joaquín, presentaron una serie de indicaciones al proyecto de ley que intenta lidiar con la prohibición del cierre de pasajes y calles. La iniciativa ya fue aprobada por 95 votos y remitida a cumplir su segundo trámite legislativo.
Los alcaldes consideran que promoviendo la co-responsabilidad entre los vecinos es posible mantener los cierres de pasajes y calles sin problemas, a pesar que la Corte Suprema declarara ilegal esta medida, estuviera o no autorizada por el municipio.
Sergio Echeverría, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, explicó que ya es hora de que se empiece a discutir sobre su real posibilidad en el Parlamento. Para el alcalde, en los hechos, desde hace más de diez años que el cierre de los pasajes y calles es una realidad. “La élite llegó tarde a la discusión, muchos de estos pasajes se cerraron de manera ilegal, el permiso municipal se entregaba con la firma del 75% de los vecinos, sólo en pasajes ciegos”, comentó.
En la villa de la calle Sebastopol, en el paradero 16 de Avenida Santa Rosa, los problemas comenzaron con la ampliación de la misma avenida. No se permitía el viraje a la izquierda y automovilistas y colectivos usaban este pasaje para transitar a exceso de velocidad.
“Nos convertimos en una vía alternativa de Santa Rosa, además que mucha gente ocupaba nuestra plaza, y en las noches venía mucha gente a drogarse”, explica Patricia Pérez, vecina de la villa.
Los vecinos organizados postularon a un proyecto del presupuesto participativo de la comuna para cerrar el pasaje y comentan que no les gustaría que el proyecto de ley en trámite terminara prohibiendo el cierre.
“Los adultos mayores están tranquilos y los niños también, pueden jugar sin el temor de ser atropellados, sólo tratamos de vivir mejor”, dice la mujer.
La ciudad convertida en Guantánamo
El alcalde Claudio Orrego comentó que lo que ellos plantean es que se establezca la posibilidad del cierre de pasajes, pero que también se puedan regular a través de ordenanzas municipales y de autorizaciones del consejo municipal. Para el edil, lo contrario es decir que existen ciudadanos de primera y segunda categoría.
“La gente puede vivir en un condominio y nadie alega, la seguridad ciudadana puede ser compatible con el libre tránsito de las personas de una manera razonable. Acá, en la comuna, con las rejas se ha reducido notoriamente el delito”, aseguró la autoridad municipal.
Es el caso del pasaje Ailinco de Peñalolén. Allí las catorce casas fueron asaltadas. El dirigente vecinal Freddy Díaz contó que la Villa Mirador, de Tobalaba, desde hace 17 años ha debido enfrentar estos problemas de delincuencia.
“En nuestro jardín aparecieron hasta autos robados, logramos obtener el cierre del pasaje, tal y cómo disponía la ordenanza municipal. Si bien hay gente de esfuerzo, también existe una fracción que se ha dedicado a delinquir y las villas se sienten presionadas a tomar medidas de seguridad”, explicó Díaz.
Para Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, el debate del cierre de pasajes y calles tiene que ver más con la incompetencia profesional que ha demostrado tener Carabineros y todos los organismos públicos que tienen que resguardar la seguridad de la ciudadanía.
A su juicio, se debería hacer reformas legales para que todas las comunas dispusieran de guardias municipales. “Esta es una solución que han tomado en otros países, nos oponemos a que se enrejen las ciudades, éstas deben ser libres, democráticas, que inviten a la libre circulación y no ser una cárcel de Guantánamo”, dijo.
Herman agregó que esta situación, que siempre ha estado al margen de la ilegalidad, no se puede comparar con los condominios del barrio alto, ya que la legislación de vivienda y urbanismo permite que en algunos casos se ejecuten loteos de condominios privados. “Allí todos lo espacios del condominio son comunitarios, la calle de ese condominio no es un bien nacional de dominio público, sino que le pertenece proporcionalmente a cada uno de los dueños de la vivienda”, sentenció. LN
Indicaciones al proyecto de ley
El Decreto de Ley 1.939, del Ministerio de Bienes Nacionales, confirma que todos los cierres que se han hecho son ilegales. Todos los cierres autorizados por las municipalidades serían de tipo fácticos, ya que no están amparados por normas legales. Sólo se puede cerrar pasajes con un acceso, o “pasajes ciegos”.
En abril, la Corte Suprema declaró ilegales los cierres de pasajes y calles. El proyecto de ley que está en el Congreso -con las indicaciones- podría autorizar a las municipalidades a cerrar algunas calles y pasajes, si es que hay aprobación de la mayoría de los concejales y sin producir corte al paso vehicular.
Los alcaldes hicieron llegar al ministro secretario general de la Presidencia Cristián Larroulet algunas indicaciones que contienen una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esto, con el fin de evitar que se termine regulando sólo por la prohibición del cierre de pasajes y de rejas. Una de las premisas es facultar al concejo municipal para que autorice el cierre de calles y pasajes a solicitud de, al menos, un 75% de los residentes.
Respecto al incumplimiento de las obligaciones dispuestas, Carabineros de Chile y las municipalidades podrán fiscalizar y denunciar al Juzgado de Policía Local respectivo los incumplimientos a la norma.
Asimismo, el juez de policía local podrá multar y ordenar, en último caso, el retiro del cierre. Además, sus beneficiarios deben reconocer obligaciones, como la garantía del tránsito de vehículos de emergencia a toda hora y el cierre parcial de calles y pasajes.
