Ministra Matte denunció el mal uso de subsidios en Maule: Vivienda pide a fiscalía indagar entrega irregular de 1.200 casas Serviu y anuncia revisión global

(El Mercurio, 18/06/2010)

Fredy Aliaga y Rodrigo Cerda

Se detectaron inmuebles sin ocupantes y otros que fueron entregados en arriendo a terceros. Habrían sido asignados a familias que no cumplían con los requisitos de ser vulnerables.

TALCA.- El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) pidió a la fiscalía regional del Maule investigar la entrega irregular de 1.200 departamentos sociales, con subsidios del Fondo Solidario, a personas que no habrían reunido los requisitos para recibir esa ayuda fiscal.

La ministra Magdalena Matte, tras concurrir a entregar los antecedentes al Ministerio Público, anunció una estricta fiscalización nacional en todas las oficinales regionales del Serviu para detectar si hay otras situaciones similares en casos de asignación de subsidio solidario sin deuda.

Varias de estas casas, según lo comprobó el Minvu, se encuentran deshabitadas o han sido entregadas a terceros en arriendo en los últimos tres años. Ello, pese a que estos inmuebles deben ser destinados a familias vulnerables, indigentes, adultos mayores y minusválidos.

“Es inaceptable. Estamos con 50 mil personas viviendo en el suelo en esta región y estas casas están vacías por haber sido recibidas por personas que no les correspondía”, dijo la ministra Matte, quien calificó “de una máxima gravedad” la situación.

Junto a uno de los abogados del Minvu, la secretaria de Estado entregó al fiscal del Maule, Juan Pablo Kinast, los antecedentes reunidos, que incluyen el arriendo de decenas de inmuebles sociales, cuyo valor asciende a 650 UF.

Las asignaciones irregulares de los subsidios fueron detectadas por el Minvu luego del terremoto, cuando se verificaban los daños en las casas. Los casos fueron comprobados en Cauquenes, Pelarco, Río Claro, San Rafael, Talca, Teno, Ralco, Molina y Sagrada Familia.

Magdalena Matte señaló que espera que la fiscalía determine si estos hechos son constitutivos de delito en contra del fisco. Agregó que se indagará la posible adulteración de documentos, ya que los subsidios del Fondo Solidario están destinados a las familias más vulnerables del país. No descartó que haya Empresas de Gestión Inmobiliaria (Egis) involucradas.

También se harán llegar antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría.

Una situación similar a la del Maule, dijo, se detectó en Caldera, donde se recuperaron 26 viviendas que fueron reasignadas a familias que sí cumplían con los requisitos.

El fiscal del Maule, Juan Pablo Kinast, sostuvo que se investigarán con detalle los antecedentes entregados por la ministra para determinar si existen responsabilidades penales.

Venta o arriendo de viviendas sociales está reglamentado

Las viviendas sociales asignadas con ayuda estatal del tipo Fondo Solidario I -que significa un subsidio estatal de 650 UF y un aporte de las familias que postulan de 10 UF-, pueden ser vendidas o arrendadas por sus dueños pasados cinco años desde la fecha en que la compraron.

Sin embargo, si el subsidio de 650 UF tenía incorporado el subsidio de localización de 280 UF, que es el caso de las casas del Maule que desde ayer comenzaron a ser investigadas en Talca, éstas pueden ser vendidas o arrendadas por sus dueños pasados 15 años desde el día en que fueron adquiridas.

Esta información está detallada en el certificado del subsidio que es entregado a las familias que son beneficiadas.

El Fondo Solidario de Vivienda I entrega subsidios para construir o comprar una vivienda nueva o usada, sin crédito complementario, a familias que presentan un Puntaje de Carencia Habitacional de hasta 8.500 puntos, las más vulnerables del país. En proyectos de construcción, el 30% de los integrantes del grupo postulante puede tener hasta 13.484 puntos. Aparte de ese subsidio, existen otros dos que para ser otorgados necesitan un puntaje de carencia habitacional de 11.734 puntos.

Si una familia arrienda su casa antes del tiempo estipulado por la ley significa que realmente no necesitaba dicha ayuda estatal, y por ende se considera que comete el delito de fraude al fisco. La venta antes del tiempo permitido para hacerlo es imposible porque el Conservador de Bienes Raíces se daría cuenta al llegar el nuevo dueño a inscribirla a su nombre.