En la Región de Valparaíso: Contraloría indaga traspaso de terrenos del Fonasa para construcción de parque
(El Mercurio, 14/07/2010)
por René Olivares
Autoridad pidió investigar costos de la construcción del parque “Quebrada Verde”, y si se hizo vía licitación o trato directo.
La Contraloría indaga los términos en que se financió la construcción del “Parque Quebrada Verde” en Valparaíso, una obra bicentenario inaugurada por la ex Presidenta Michelle Bachelet en enero pasado.
Así lo afirmó una alta fuente de Salud, quien explicó que la indagatoria se originó por el traspaso, a comienzos de la década, de un paño de terreno del fundo “Quebrada Verde”, de 1.200 hectáreas y propiedad del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
En esa ocasión se transfirieron por medio del Ministerio de Obras Públicas 400 hectáreas para destinarlas al acopio de containers para el puerto de la ciudad.
Según la misma fuente, Fonasa recibió por este concepto una cifra cercana a los $4.000 millones, que luego servirían para la construcción y equipamiento del “Parque Quebrada Verde”, para el que se destinaron otras 100 hectáreas del terreno.
De los dineros recibidos por el Fonasa, aproximadamente $3.000 millones ya fueron gastados en la habilitación de la primera etapa -que contempla 50 hectáreas-, y $2.000 millones se justificaron en su momento en construcciones, lo que aparece como excesivo para la actual administración del Fonasa, que envió los antecedentes a la Contraloría.
Las dos líneas en las que estaría trabajando el ente contralor son la examinación de los términos en los que se realizó la transferencia y los contratos para la construcción, para dilucidar si se hizo por medio de una compra directa cuando correspondía una licitación.
Quien estuvo a cargo de la gestión del proyecto por parte del asegurador público fue Eduardo Bartolomé Bachelet, quien era director regional del Fonasa y luego se desempeñó como jefe de operaciones de la misma repartición. Bartolomé, médico de profesión, es primo de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Pese a las cifras informadas a este diario por la misma fuente de Salud, cuando la ex Presidenta inauguró la primera etapa del parque, en enero de este año, se informó que la inversión alcanzaba los $1.100 millones, y las obras fueron enmarcadas como un proyecto bicentenario.
El proyecto incluye cinco kilómetros de senderos para ser transitados a pie o en bicicleta, además de una zona de picnic, juegos infantiles y máquinas de ejercicios.
Se construyó además un anfiteatro con capacidad para mil personas y tres miradores, uno de ellos con vista hacia el “Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María”.
La decisión de pedir una investigación sobre el tema se gesta en el contexto de que el asegurador público está en proceso de enajenación de todos los activos que posee y que no corresponden directamente a su giro -como el parque, que hasta hoy administra-, como una forma de disminuir sus gastos corrientes.
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1915
en ese año donó Federico Santa María el terreno a la Junta de Auxilio Infantil.
300
millones de pesos anuales cuesta la mantención del recinto al Fonasa.
29
de enero de este año fue inaugurada la primera etapa del proyecto.
Salud llevará a la justicia problemas con sistema informático de Fonasa
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló ayer en Viña del Mar que dada la magnitud de la pérdida patrimonial para el Estado de Chile, las irregularidades cometidas en la adjudicación de un sistema informático para Fonasa -que terminó costando el doble de su precio inicial- no sólo deben ser sancionadas con las medidas administrativas que sugirió la Contraloría General de la República, que investigó el caso, sino con una denuncia ante la justicia.
La empresa que se adjudicó el contrato es Entel, la que informó ayer que “en lo que respecta a la empresa, no existe ninguna situación pendiente con Fonasa en relación al contrato señalado. El finiquito del contrato fue aprobado por Contraloría”. Sin embargo, cuando la Contraloría pidió a Fonasa sancionar los incumplimientos de contrato de la empresa, el entonces director del ente, Hernán Monasterio, no lo hizo. Por esto fue sancionado con el 5% de su sueldo actual en el Compin Centro en Santiago, donde se desempeña como perito.
Monasterio justificó ayer su decisión afirmando que “asesorado por expertos, había preferido el camino de la prudencia para proteger la continuidad operacional de la institución, con miras a no dejar nunca sin atención a los millones de usuarios del sistema”.
