Su construcción debía iniciarse el año 2006, para estar listo el 2009: Nuevo aeropuerto de Temuco suma 4 años de atraso por demandas mapuches
(El Mercurio, 19/07/2010)
por Iván Fredes
Contrato se adjudicó en abril, pero grupos indígenas lo tienen paralizado en tribunales, invocando el Convenio 169 de la OIT.
Tras una década de los primeros estudios para emplazar el nuevo aeropuerto de La Araucanía -su construcción debía comenzar el 2006 y las operaciones el 2009-, el permanente rechazo y las exigencias de comunidades mapuches aledañas siguen demorando hasta hoy el inicio de las obras.
El proyecto es considerado clave para el desarrollo regional, por su impacto socioeconómico y por la cuantía de la inversión, unos US$ 100 millones.
El proyecto del nuevo terminal, que se emplazará a 18 kilómetros al sur de Temuco, en la comuna de Freire, consta de una pista de 2.440 m de longitud y un edificio de 5 mil m2.
El último cronograma consideraba el inicio de obras en enero de 2011 -una vez terminados los estudios para la ingeniería de detalles-, para comenzar en operaciones en marzo del 2013.
No obstante, las últimas reclamaciones y exigencias indígenas pueden retrasar el proyecto hasta el 2014, en uno de los escenarios más adversos, advierten en el MOP. El peor sería la paralización definitiva de las obras si los tribunales consideran que vulnera el Convenio 169 de la OIT.
La construcción, mantención y operación del terminal fue adjudicada en abril último a la empresa Belfi, pero su ejecución está detenida luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso de protección interpuesto por 6 de 34 comunidades mapuches del sector.
Dicho tribunal resolvería este miércoles si el MOP consultó o no a los indígenas antes de adjudicar la concesión del proyecto.
Ello porque los recurrentes invocaron el Convenio 169 -vigente desde el 15 de septiembre del 2009-, que obliga al Estado consultar a los pueblos originarios cuando iniciativas legislativas o administrativas los puedan afectar substancialmente.
El fiscal del MOP, Cristián Toloza, sostiene que ese tratado internacional no tiene efectos retroactivos, y que los indígenas ya fueron consultados durante la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental, en el 2006.
Pero ese no es el último inconveniente que ha encontrado el nuevo terminal. Dieciséis comunidades aledañas condicionaron su apoyo a un plan de compensaciones por $9.950 millones, firmado el 2007 y del que se ha ejecutado la mitad.
Ahora otras 10 negocian un convenio similar con el nuevo gobierno, pero un grupo más radical, que agrupa a cuatro comunidades, rechaza cualquier solución que no sea cambiarlo de lugar. Una línea que pretenden seguir otras cuatro comunidades si fracasa el recurso de protección.
