Según el informe final de la auditoría constructiva posterremoto de la Contraloría: Funcionarios públicos podrían ser responsables de daños en edificios de Maipú

(El Mercurio, 23/07/2010)

por Nadia Cabello y Fernanda Roco

Dirección de Obras de la comuna no exigió los informes de un revisor independiente de los proyectos de los edificios Don Tristán y Los Jazmines. El municipio alega que la ley no los obligaba a hacerlo.

A casi cinco meses del terremoto el informe final de la Auditoría Constructiva Posterremoto hecho por Contraloría, donde se revisaron más de cincuenta construcciones dañadas, señala que en los emblemáticos edificios colapsados de Maipú, “Don Tristán” y “Los Jazmines”, podría haber responsabilidad del personal de la Dirección de Obras de la comuna por las fallas de ambas construcciones.

El informe advierte que en los expedientes de los dos proyectos inmobiliarios no consta la inclusión del Informe de Revisor Independiente de Cálculo, documentos a través de los cuales se podría haber detectado fallas en el diseño de los edificios, “lo que vulnera la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”, dice el escrito.

En su informe la entidad señala que cuando se le hicieron estas observaciones al municipio, éste no respondió acerca de la omisión de estos informes. Sin embargo, personal de la municipalidad de Maipú aseguró que tal documento nunca ingresó a la oficina de partes de la alcaldía.

Una vez emitido el informe final, el municipio respondió a la fiscalización a través de un certificado firmado por la directora de obras municipales, María Luisa Pérez. Allí señala que, pese a que la recepción de las obras de los edificios se hizo antes de que ella ejerciera el cargo, se revisó la documentación y determinó que ambas construcciones tenían los permisos de edificación correspondientes. Puntualizó que efectivamente no estaban los informes de un revisor independiente “debido a que no eran exigibles”, de acuerdo con la normativa vigente en la fecha en que fueron sometidos los proyectos.

El edificio “Don Tristán” ingresó en marzo de 2004 y “Los Jazmines”, en junio de 2005. De acuerdo con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, el revisor independiente se exige desde julio de 2005.

Y en caso de que se probara alguna responsabilidad del personal de la Dirección de Obras, según la ley la causa estaría prescrita, puesto que pasaron más de cuatro años desde que fueron inscritos los proyectos.

El informe de la Contraloría se suma a la investigación realizada por el Departamento de Estudios del Serviu Metropolitano, donde se estableció que en el edificio “Don Tristán” no se cumplió con la norma sísmica de construcción.

Según la vocera de los vecinos del edificio, Paulina Maureira, este tipo de negligencias “era una hipótesis que teníamos clara dentro de nuestras posibilidades porque estamos amparados por la ley antigua y era la dirección de obras la que tenía que regular la construcción. Si están tales fallas, lo único que pediría es que la municipalidad asuma su responsabilidad”.

Las esperanzas de los vecinos descansan en que la investigación que lleva el Ministerio Público establezca responsabilidades para que puedan entablar las demandas correspondientes.

Este sábado los vecinos realizarán ceremonia de “sanidad” a la que están invitados un sacerdote y el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga.

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36

departamentos tenía cada uno de los edificios fiscalizados en Maipú.

1.900

UF costaba un departamento en “Don Tristán”, construido en 2005.

1.750

UF era el valor promedio de un departamento en “Los Jazmines”.

Las otras obras investigadas

La fiscalización de la Contraloría abarcó más de 50 construcciones entre las regiones Metropolitana y del Biobío, en las cuales se constató el nivel de daño que dejó el terremoto.

Entre las obras estudiadas se cuentan 28 grandes construcciones, como el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, los puertos de San Antonio yValparaíso, el Centro de Justicia de Santiago, los puentes Llacolén y Biobío, el ex edificio del Congreso, la Biblioteca Nacional y los estadios Nacional y municipales de La Florida y de Chillán.

El informe concluye que la mayoría de los responsables de las edificaciones inspeccionadas colaboraron con antecedentes y se han mostrado interesados en mejorar los daños. Pero también deja en claro la falta de informes avalados por profesionales competentes en algunas obras viales colapsadas.