El duro revés judicial de la autopista que une Vitacura con Chicureo
Claudia Urquieta
(El Mostrador 18/08/2010)
Promovida a fines de los 90 por las inmobiliarias de Chicureo, la construcción de la radial nororiente, que atraviesa el Cerro San Cristóbal, finalmente fue aprobada en 2003. Pero tuvo que atravesar una serie de conflictos, liderados por vecinos y la municipalidad de Huechuraba, que alegaban daños ambientales al Parque Metropolitano. Una serie de modificaciones al proyecto original, que habrían dañado aún más al emblemático cerro, y que fueron aprobadas por la Corema RM, fue lo que encendió la batalla judicial contra la decisión del organismo estatal.
La apuesta de importantes grupos empresariales en el sector inmobiliario en Chicureo ha rendido sus frutos. Luego de poco más de diez años desde que las familias Rabat, Menéndez Ross y Harseim, o inversionistas como Sergio de Castro, Juan Carlos Latorre y Sergio Reiss impulsaran grandes proyectos inmobiliarios en esa zona, el negocio se ha vendido como pan caliente.
Un factor fundamental para ello fue la construcción de la Autopista Nororiente, que le dio a los proyectos conectividad vial y la posibilidad de seguir expandiéndose. Por ello y desde fines de los 90, las inmobiliarias iniciaron una fuerte ofensiva para poner en la agenda gubernamental su construcción.
El mayor impulsor de la radial fue el ex vicepresidente ejecutivo y socio de Copesa, Juan Carlos Latorre, que junto al ex ministro de Hacienda, Sergio de Castro, y al abogado Sergio Reiss, eran socios de Ecsa, dueña El Chamisero Inmobiliaria, que desarrolló el megaproyecto Valle Norte.
Las conversaciones con el MOP, en ese tiempo liderado por el ministro de Ricardo Lagos, Carlos Cruz, fueron exitosas. En noviembre de 2002 la cartera, cuyo sucesor era Javier Etcheverry, presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a través de la Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A
Varios proyectos, entre ellos Valle Norte, Piedra Roja y La Reserva, ligada a la familia Harseim, aportaron recursos para la construcción de la autopista, que fue adjudicada al grupo español Sacyr.
Carretera en conflicto
El 9 de marzo de 2009 y luego de siete años de haber sido presentada formalmente como proyecto, la Autopista Nororiente, que atraviesa el Parque Metropolitano de Santiago, fue inaugurada por la Presidenta Michelle Bachelet, el ministro de Obras Públicas (MOP), Sergio Bitar y el Presidente del grupo Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero.
Pero la validez de los permisos ambientales de los 21,5 kilómetros que conectan Vitacura con Chicureo, enfrentan un complejo panorama desde que hace poco más de un mes la Novena Corte de Apelaciones de Santiago ratificara un fallo de primera instancia que anuló la aprobación de la radial. Poniendo en entredicho además las decisiones del Estado al respecto.
Entre los conflictos se cuenta el choque de la concesionaria con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, que en 2006 cuestionó los altos costos de los convenios complementarios-obras adicionales a la licitación original- lo que llevó a que se paralizaran las obras, lo que el Secretario de Estado calificó como un “chantaje”.
Desde el principio la construcción de la Nororiente no fue un proceso fácil. Desde su génesis una serie de conflictos marcaron el proyecto, que en 2003 fue adjudicado a Itinere Chile, filial del grupo español Sacyr.
Entre los conflictos se cuenta el choque de la concesionaria con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, que en 2006 cuestionó los altos costos de los convenios complementarios-obras adicionales a la licitación original- lo que llevó a que se paralizaran las obras, lo que el Secretario de Estado calificó como un “chantaje”.
La radial también tuvo la férrea y sostenida oposición de vecinos del acomodado sector La Pirámide, en Huechuraba, que cuestionaron los daños ambientales en el Cerro San Cristóbal, y los perjuicios a su calidad de vida.
Críticas que cobraron más fuerza luego de que en junio de 2005 Sacyr decidiera modificar el proyecto original presentado por el MOP a través de un Estudio de Impacto Ambiental, mediante una Declaración de Calificación Ambiental (DIA), que entre otros puntos eliminaba cuatro túneles y un puente sobre la principal quebrada del Parque Metropolitano, rellenándose su cuenca con el material proveniente del corte de los cerros, lo que terminó dividiéndolo en dos.
Luego de eso ardió Troya.
Golpe al MOP
La municipalidad de Huechuraba, a través del abogado Fernando Dougnac, presentó una demanda de nulidad de derecho público contra la Comisión Regional Metropolitana de Medio Ambiente (Corema R.M.).
Según explica Dougnac, se solicitaba anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) entregada al proyecto, “por haberse excedido en sus facultades: la Corema no debía haber autorizado un cambio tan radical en la autopista sin un nuevo Estudio de Impacto Ambiental”.
La novena Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo de primera instancia, que declaró nula la Resolución de Calificación Ambiental que dio la Corema RM a la Declaración de Impacto Ambiental presentada por Sacyr, porque “queda en evidencia que lo que se ha querido hacer pasar como “rectificaciones administrativas” no es otra cosa que profundas y sustanciales modificaciones al proyecto original de la Autopista Nororiente”.
Además, la Corte rechaza el argumento de la Corema que justifica la expropiación por parte del MOP al Serviu Metropolitano del tramo donde cruza la autopista, porque no se trataría de un bien nacional de uso público.
Para el tribunal, “sin perjuicio de lo extraño que resulta que el Estado, a través del MOP expropie un terreno perteneciente a otra repartición estatal, parece evidente el carácter de bien nacional de uso público del Parque Metropolitano si se tiene presente que su dominio y uso pertenecen a todos los habitantes del país” y que la ley que lo creó estableció expresamente que sus terrenos se destinarían a la formación de “un gran parque de uso público”.
Según un abogado experto en derecho ambiental, “el fallo le pegó un terrible golpe al MOP, ya que dice que el Estado no puede expropiar al Estado”.
En todo caso, explica, “si esto es ratificado por la Corte Suprema el municipio podría alegar daño ambiental y demandar al fisco y a la autopista por ello”.
Este martes, la Corema RM presentó el recurso de casación para que sea visto en la Corte Suprema. Según fuentes de la institución, el argumento de fondo es que “consideramos que el organismo técnico con facultades técnicas para evaluar si un proyecto se tiene que ingresar como EIA o DIA es la CONAMA, por lo que esperamos que se resuelva lo antes posible”.
