Cierre de calles y pasajes: ¿Una estrategia efectiva de prevención?
El cierre de calles y pasajes está a un paso de convertirse en ley debido a que la Cámara del Senado aprobó hace algunos días por unanimidad la iniciativa que faculta a las municipalidades a autorizar el cierre de esas vías por un plazo de cinco años. Ahora la propuesta debe ser analizada por la Cámara de Diputados, en tercer trámite, y de ser aprobada en los mismos términos quedaría en condiciones de ser remitida al presidente para su firma y promulgación como ley. La medida responde a la falta de normativa que existe en la actualidad, ya que en la mayoría de los casos eran las propias municipalidades las que autorizaban esta clase de iniciativas de forma espontánea, inorgánica y al margen de cualquier regulación.
El proyecto busca facultar a los municipios para que puedan establecer ordenanzas respecto del cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana. En primera instancia, la iniciativa apunta en lo correcto al señalar la importancia de facultar a los municipios en materias de prevención de la delincuencia y control de los espacios públicos en sus comunas. En la voz de los expertos, los gobiernos locales cuentan con ventajas comparativas en función de promover y coordinar los distintos agentes que participan en las distintas estrategias de prevención, especialmente la sociedad civil.
Pese a ello, la polémica se inserta en los resultados que trae la aplicación de estas prácticas en la comunidad. El hecho de que se cierren pasajes termina muchas veces por tener resultados no deseados en cuanto a que los efectos son sólo de corto plazo y no se aborda la raíz del problema. Los focos de delincuencia son sólo desplazados a sectores aledaños y la percepción de inseguridad aumenta cuando se está fuera de espacios cerrados. La experiencia internacional indica que los casos exitosos deben apelar a la preservación y recuperación de espacios públicos en la medida que logran integrar a las comunidades barriales, por lo que esta clase de medidas más que apuntar en la dirección correcta pueden llegar aumentar la delincuencia y segregación en esas zonas.
En base a este escenario, se hace imperioso establecer criterios claros mediante los cuales el cierre de pasajes y calles puede llegar a ser apropiado. La realización de estudios de impacto, una vez aprobado el cierre por los vecinos, resulta fundamental para que las estrategias de prevención estén cimentadas sobre conocimientos técnicos y adecuados de la realidad local. Resulta imprescindible considerar instrumentos y herramientas que certifiquen y minimicen el efecto en los flujos viales y los costos sociales que podría tener el cierre de una vía para el resto del barrio.
De igual forma, el interés que suscita el hecho de que los vecinos se hayan organizado en función de un bien común, puede significar una posibilidad real para enlazar políticas de prevención profundas que vayan realmente al trasfondo de la problemática. De otro modo, la normativa que se pretende no haría más que reproducir la segregación y marginalidad que tienen muchos de los sectores populares de nuestro país.
En esta medida, resaltan un serie de preguntas ¿Es realmente el cierre de estas vías una estrategia eficaz de prevención? ¿En base a qué criterios se tomaran esta clase de decisiones? ¿Existirán estudios que contemplen estrategias más amplias que el mero cierre de pasajes? ¿Quién se preocupara de la mantención de los bienes de uso público que se ubicarán en su interior (veredas, calles, alumbrado, áreas verdes)?.
Preguntas como estas debieran comenzar a tener respuesta previo a la promulgación de una ley que mal utilizada puede afectar gravemente a la ciudad y a las personas que día a día transitan por ella.
