Plan de Concesión de Parques Urbanos ¿Cómo se administrarán las Áreas Verdes?
Por Beatriz Mella
Entender la ciudad como resultado de las acciones de diversos actores que interactúan entre sí es un desafío que, si bien ha sido planteado, todavía no alcanza un punto en que los intereses de todos los sectores se mantengan en un justo equilibrio. En el caso de las áreas verdes, actualmente pareciera existir un consenso en que, ante la carencia de espacios de esparcimiento y áreas verdes, es necesario generar una estrategia que solucione el problema, ya que ni el Estado ni las municipalidades (sobre todo las municipalidades enfrentadas a problemas de vulnerabilidad social) pueden solventar los gastos de la mantención de los parques.
Ante esto, hace algún tiempo el MOP presentó en el marco del reciente Plan de Concesiones, una propuesta para la construcción y administración de parques urbanos, que revisamos hace algunos días.
¿Quiénes y por qué ganan? ¿Cómo opera el sistema? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Quién fiscaliza? ¿Cuáles son los factores que deberían ser considerados en un proyecto de áreas verdes concesionadas?
¿Quién gana?
Una primera lectura del problema, es que el déficit de áreas verdes en territorios de alta vulnerabilidad social puede solucionarse a través de un sistema de concesiones, entendiendo que la solución al problema proporcionará beneficios en la calidad de vida de sus habitantes. De esta lectura se desprenden variables que determinan un tipo de política, donde podría entenderse que existe un interés en las áreas vulnerables (permite que se desarrollen grandes áreas verdes sobre todo en comunas que no tienen los recursos como para la mantención), un interés en el medio ambiente (las empresas mitigan sus emisiones de material particulado a través de la compra de bonos de descontaminación)y un interés en suplir uno de los principales gastos de la gestión pública, la mantención de los parques (de la cual sólo se generan beneficios asociados a la rentabilidad social y medioambiental, lejos de una promoción integral de los intereses económicos de las comunas de bajos ingresos).
¿Cómo opera el sistema? ¿Cuáles son los actores involucrados?
Todo este nuevo sistema de concesiones en parques se enmarca en el Plan de Descontaminación, aprobado en la Región Metropolitana y en Concepción, que obliga a las empresas a compensar más las emisiones atmosféricas de material particulado para aprobar los proyectos que ingresan a la EIA. Por lo tanto, se crea un nuevo mercado ante la necesidad de compensar las emisiones, donde las empresas podrán comprar Bonos de Descontaminación a las concesionarias de las áreas verdes.
Las municipalidades o las empresas privadas que ganen la concesión los terrenos, ganan vendiendo los Bonos de Descontaminación a las empresas y subconcesionando espacios al interior de los paños de áreas verdes, como equipamiento de servicios, comercios, eventos, etc, que en la actualidad pueden destinarse en un 20% dentro de los parques metropolitanos y en un 5% en los parques de administración comunal.
La Conama, Concesiones, el MINVU y el MOP, forman una mesa de trabajo que define qué terrenos debieran ser establecidos como áreas a concesionar, revisando además las equivalencias entre las hectáreas y los niveles de emisión de material particulado.
¿Quién fiscaliza?
Ante la privatización de estos espacios y la eventual generación de plusvalías tanto al interior como al exterior de los parques, debiera generarse una instancia fiscalizadora conformada por la comunidad (al menos hasta este punto no se entiende en qué sentido se hace partícipe a los residentes o a los potenciales usuarios de estos parques) y respaldada por una autoridad metropolitana, que vele no sólo por la mantención, sino también por un acceso real a las áreas verdes y los espacios de servicios de las concesiones, para que deriven en beneficios tanto para la comuna como para los privados.
Sin duda, esta búsqueda de asociaciones parece una buena iniciativa de asociación público-privada. Sin embargo, se hace necesario no perder la vista frente a un necesario seguimiento de la concesión, y a fijar los estándares mínimos que deben cumplir los espacios, ya que deben responder a las dinámicas existentes en esos lugares. La participación de la comunidad adyacente a estos terrenos de uso público debe tener las instancias que demuestren las visiones comunes que se tienen sobre estos espacios.
Tampoco es un tema menor la privatización (y eventual cierre) de los espacios públicos. No debiera legitimarse un sobre-beneficio de los privados ante la necesidad de encontrar los posibles candidatos para regenerar estos espacios, en especial en los que han tenido cierta identidad y usos que se hace necesario respetar, potenciando las funciones residenciales y comerciales de los alrededores, en pro de convertirse en positivos promocionadores de dinámicas dentro de sus espacios territoriales.
