Uriarte dice que ajustes a norma de termoeléctricas son injustificables
Pide al Consejo de Ministros explicar los datos usados para cambiar el texto.
Jéssica Esturillo O.
(El Mercurio – 06/12/2010)
Continúan las reacciones en torno a la versión definitiva de la norma de emisión para las termoeléctricas, que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la máxima instancia de la nueva institucionalidad ambiental, aprobó a fines de noviembre.
La ex ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, salió en defensa del anteproyecto de esta regulación que fue elaborado durante su gestión, y criticó las modificaciones que el actual gobierno incluyó en algunos puntos de la versión final del documento, que para entrar en vigencia aún requiere de la firma del Presidente de la República y la toma de razón por parte de la Contraloría General.
“El plazo máximo de tres años para la adaptación de las centrales existentes, como los límites para las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOx) propuestos en el anteproyecto respondieron a antecedentes justificados, mientras que los ajustes que se hicieron en el proyecto definitivo no tuvieron ninguna justificación previa”, aseguró.
En comparación con los rangos determinados durante la administración de Bachelet, la regulación recientemente aprobada -que se convertirá en la primera norma que regule las emisiones de esta actividad industrial- establece mayores plazos para la adecuación de las instalaciones térmicas, diferenciando entre aquellas emplazadas en áreas declaradas latentes o saturadas de contaminación y aquellas que no lo han sido.
Comparando también con la versión preliminar, la norma que entrará en vigencia reduce las exigencias de emisión para NOx y SO2, mientras que en el caso del material particulado mantiene los límites y plazos.
Intervención política
A juicio de la ex secretaria de Estado y actual académica del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, básicamente los cambios señalados responden a la intervención del Ministerio de Energía.
“Comparto la impresión que tienen los ambientalistas: esta pelea la ganó Energía, que representa al sector eléctrico. Hacía tiempo que se conocía la opinión de la industria y del ministro de Energía, Ricardo Raineri, quien opinaba que la norma debía flexibilizarse”, señaló.
Uriarte basa esta percepción en que a diferencia de los parámetros fijados en el anteproyecto, que -dijo- fueron determinados a partir de estudios encargados a entidades especializadas, la decisión del Consejo de Ministros no cuenta con este tipo de respaldos.
“Al revisar la información pública del proceso no encontré antecedentes que demuestren que las modificaciones se justificaban. Corresponde que el Consejo de Ministros entregue los antecedentes”, concluyó.
