Gobierno frena proyecto que obliga a eléctricas a compensar a comunidades
Considera que el obligar a las eléctricas a pagar por las centrales que instalen, genera muchas expectativas en las localidades.
por Jessica Marticorena
(La Tercera – 23/12/2010)
Luego de meses de análisis, el gobierno decidió echar pie atrás en un proyecto de ley que la ex Presidenta Michelle Bachelet anunció en 2009 para destrabar la oposición a las centrales eléctricas.
Se trata de una iniciativa que iba a obligar a las generadoras a compensar económicamente a las comunidades locales, que fueran afectadas por la instalación de centrales. Ese proyecto había sido aplaudido por los privados y criticado por ecologistas.
Aunque el gobierno de Piñera anunció que este año enviaría la iniciativa legal al Parlamento, hoy no tiene previsto que llegue al Congreso.
¿La razón? El gobierno considera que no es la vía más adecuada para compensar a las comunidades. “Ese proyecto está congelado”, dijo una alta fuente del Ejecutivo.
La iniciativa legal fue anunciada a Bachelet en enero de 2009, frente a los máximos ejecutivos de las empresas eléctricas, en el marco de la primera cena anual del sector. En septiembre de ese año se definió el aporte que las generadoras debían hacer a las comunas donde instalen una planta igual o superior a 200 MW (megawatts). El pago se fijó en 270 UTM (hoy, unos US$ 21.600) por megawatt, que cancelarían en 10 cuotas anuales y era descontable de impuestos. Con ese criterio, una central de 500 MW pagaría cerca de US$ 10,8 millones en compensaciones.
El proyecto buscaba reducir la oposición de los sectores afectados con la instalación de proyectos. Sin embargo, la administración de Piñera tuvo serias dudas respecto del efecto tendría esa compensación económica en las propias comunidades.
La principal inquietud que surgió en las autoridades radica en que al obligar a los privados a un pago, se pueden alimentar nuevas expectativas en las localidades.
“Pensamos que puede ocurrir lo mismo que pasa en una negociación con los sindicatos. Se podría tomar ese pago como un piso a partir del cual exigir nuevas compensaciones”, reconoce una fuente de gobierno. Debido a ese riesgo asociado, dice, “existen dudas sobre la conveniencia del proyecto y en qué medida el remedio resuelve el problema”.
A su vez, el gobierno no quiere generar desigualdades, “ni replicar lo que pasó con los casinos de juego”.
Para La Moneda existe otro elemento que justificaría descartar, por el momento, la iniciativa. El análisis que hace el gobierno es que hoy existen otras vías para compensar los impactos que provocan los proyectos eléctricos, sin necesidad de un pago en dinero.
Las fuentes indican que hay otras herramientas para mitigar esos efectos, como es la nueva norma de emisiones que eleva las exigencias a las centrales termoeléctricas.
La decisión de frenar el proyecto se produjo hace unas semanas, no obstante, la cartera de Energía había avanzado bastante en el texto de la iniciativa. Incluso, en el escritorio de ese ministerio estaba listo el borrador de proyecto, que incorporaba cambios a la iniciativa de Bachelet.
El nuevo proyecto había modificado el monto del pago. Consideraba una cifra menor, definida en base a otro criterio. “Se había definido una cifra fija, pero dependiendo del proyecto, es decir, que variaba en función de la tecnología de la central, porque hay algunas donde la inversión es mayor”, indicaron conocedores del proyecto.
Además, las compensaciones no serían a nivel comunal. A juicio del gobierno, un problema que planteaba la iniciativa original era que en algunos casos serían demasiados los recursos que llegarían hasta las pequeñas localidades. La opción que se evaluó era el beneficio fuera entregado a nivel de provincias y para ello se definiría “un monto tope”.
Otro cambio que se evaluó era que las centrales eléctricas de generación convencional no podían descontar de impuestos los pagos que realizaran para compensar. Sólo los proyectos de energías renovables no convencionales recibirían un crédito con cargo fiscal por esa contribución.
